La política migratoria de Washington no solo busca golpear a los inmigrantes indocumentados; como toda política de corte nacionalista, para la Casa Blanca cualquier trabajador extranjero es una amenaza para el pueblo estadounidense.

Es desde ahí que se entiende el último comunicado de prensa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en el que el organismo adscrito al Departamento de Seguridad Nacional informa su decisión de hacer un cambio aparentemente de forma en el procedimiento de otorgar extensiones de visados especiales a profesionales de otros países. 

Por medio del memorando PM-602-0151, el USCIS solicita a su personal “aplicar el mismo nivel de escrutinio (léase rigurosidad) en solicitudes, tanto nuevas como de extensión, que utilicen el formulario I-129”. 

En otras palabras, la orden es acabar con el trato preferencial que desde 2004 y 2015 recibían los trabajadores extranjeros en el país cuando sus empleadores buscaban una extensión de sus visas de trabajo.

En concreto, el memorando anula las disposiciones que otro, bajo el título “The Significance of a Prior Approval of a Nonimmigrant Petition in the Context of a Subsequent Determination Regarding Eligibility for Extension of Petition Validity” –y publicado el 23 de abril de 2004– y del programa L-1B –del 17 de agosto de 2015–, contenían para facilitar y agilizar la renovación de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros con historial de prestación de servicios a empresas nacionales.

“En cuanto a una solicitud de extensión de un permiso de trabajo para un extranjero que involucre a las mismas partes (el solicitante y el beneficiario), y bajo los mismos hechos sobresalientes, la determinación sobre la elegibilidad de este tomada anteriormente por un adjudicador deberá ser tenida en cuenta”, decía el memorando del 2004.

Y aunque eso no significaba una renovación o extensión automática, en tanto que la política imponía el cumplimiento de ciertas condiciones (básicamente que no hubiese cambios de circunstancias entre la primera y la segunda petición), la nueva orden asume que antes se limitaba las competencias de los agentes de USCIS a la hora de comprobar que la información aportada estuviera en orden.

“Al adjudicar solicitudes de beneficios migratorios, incluidas las solicitudes de extensión para extranjeros, los adjudicadores (oficiales de USCIS) deben, en todos los casos, revisar la solicitud y evidencia aportada antes de determinar la aplicabilidad del beneficio buscado. La carga probatoria para establecer esa elegibilidad será, en todo caso, responsabilidad del solicitante”. Nada nuevo bajo el sol. 

Aunque la cosa parece una mera formalidad, lo cierto es que es de quisquillosos burócratas agregarle más letras a la letra pequeña con el único propósito de darle luz verde los de por sí ya fastidiosos agentes de migración para joder de cualquier manera a los trabajadores extranjeros con el cuento de proteger “los más elevados intereses” de los trabajadores estadounidenses.