No es de extrañar que el presidente estadounidense volviera a buscar culpables afuera de lo que sucede adentro.

Esta vez, y durante un discurso esperado para saber la manera en la que el gobierno abordará una importante crisis sanitaria en la sociedad estadounidense, el presidente volvió a culpar al “sur de la frontera” por la epidemia de opioides que sufre Norteamérica desde el 2010.

“El 90% de las drogas que entran al país lo hacen a través de la frontera”, aseguró el presidente. “Para eso construiremos nuestro muro”.

¿Estaba confundiendo Donald Trump el narcotráfico con la adicción a las drogas de prescripción?

Ese parecía ser el caso.

Para salir de dudas, es mejor que expliquemos exactamente de qué se trata esta epidemia.

La llamada Crisis de los Opioides es un fenómeno social y sanitario caracterizado por el rápido aumento en el consumo de las drogas opioides en Estados Unidos y en Canadá, y se reportó por primera vez en el año 2010, fecha desde la cual las cifras no han disminuido.

Los opioides son una gama de analgésicos moderadamente fuertes, frecuentemente utilizados para el tratamiento de pacientes con cáncer y otros cuadros crónicos. En el mercado estadounidense se conocen por el nombre de OxyContin, Percocet, Vicodin o Fentanyl, siendo este último sintetizado frecuentemente para producir morfina y heroína.

De acuerdo a las cifras de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, en inglés), las muertes por sobredosis de opioides – que disminuyen la frecuencia respiratoria y suelen causar paros respiratorios – han alcanzado “niveles críticos”, que conllevan a la declaración de una epidemia.

Entre 1999 y el 2008, las tasas de muerte, ventas y abuso de las sustancias reportados por los centros de tratamiento, aumentaron de manera importante, y para el 2015 las cifras de muerte por sobredosis tan sólo de heroína sobrepasaron las tasas de muertes por accidentes de tránsito y armas de fuego.

Desde entonces, la muerte por abuso de opioides se ha transformado en la causa más importante en estadounidenses menores a 50 años.

Según un reportaje de Vox en julio de este año, la sobredosis por intoxicación de opioides habría matado más estadounidenses durante el 2016 que las guerras de Vietnam e Irak juntas.

Citando un análisis del New York Times, con datos de los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, el medio calculó que entre 59.000 y 65.000 personas habrían muerto por sobredosis durante el 2016, en comparación con los 58.200 soldados muertos en Vietnam entre 1955 y 1974 y los 4.500 que murieron en la guerra de Irak desde el 2003, lo que suma tan sólo 62.700 personas.

Esto implicaría que cada diez minutos, un estadounidense muere de sobredosis.

La llamada Crisis de los Opioides comenzó con el exceso de prescripciones de analgésicos fuertes durante la década de los 90. Desde entonces, las tasas de enfermedades relacionadas con dolor crónico no han aumentado de manera considerable, lo que lleva a suponer que el consumo no está directamente relacionado con el desarrollo de una enfermedad en la población.

Tan sólo en el 2016, más de 289 millones de prescripciones fueron emitidas para opioides, frecuentemente utilizadas para cuadros de “dolor crónico”, que afectaban a un promedio de 100 millones de ciudadanos estadounidenses.

Esta demanda exagerada permitió a las compañías farmacológicas y al gobierno federal expandir el uso de analgésicos opioides, y aprovechar un mercado que se había transformado en una mina de oro.

Entre el Vicodin, el Oxycontin y el Percocet, la industria farmacológica estadounidense se ha embolsillado alrededor de 11 mil millones de dólares, tan sólo durante el año 2010, según un análisis de Fortune. Calcular el aumento de sus ganancias con el incremento del consumo, es matemática básica.

Gigantes de la industria como Abbott Labs, Novartis, Johnson & Johnson y Pfizer, no sólo han encontrado la manera de sobrellevar el dolor de enfermedades como el cáncer, sino también han desatado una epidemia nacional, que se ve justificada por sus “honorables” contribuciones a la política nacional.

Según un reporte del diario The Guardian el pasado 19 de octubre, los distribuidores de fármacos han contribuido durante años a las plataformas políticas, incluso mucho más que cualquier otra industria. Según el medio, “estas empresas han vaciado cerca de 2.5 mil millones de dólares en cabildeo político y en financiamiento para miembros del Congreso en la última década”.

Y para muestra un botón: el nominado por el presidente Trump para enfrentar la guerra contra las drogas, el congresista Tom Marino, debió retirarse de la nominación por un reportaje del Washington Post en el que se demostraba su participación en la creación de una legislación que obstaculizaba la habilidad de la DEA para atacar la distribución irresponsable de analgésicos opioides por parte de las farmacéuticas.

En un país donde los programas de salud se ven amenazados por la competencia política – y donde las farmacéuticas ponen el precio de los productos más adictivos – no es de extrañar que las cifras de consumo ilegal de drogas opioides también aumente.

Como bien explica un reportaje de The Economist, mientras el precio de los analgésicos aumente y su distribución se obstaculice, la población vulnerable recurre con más frecuencia a la heroína, que “es más económica y más abundante”.

En el 2014, según continúa el reporte, más estadounidenses buscaron tratamiento contra la adicción a la heroína que a cualquier otra droga. En el 2015, las muertes por opioides aumentaron en un 15% mientras que las muertes directamente relacionadas con la heroína aumentaron en un 23%.

Pero esta también es una fuente de ingreso alternativa para la industria farmacológica. El tratamiento más frecuente para la adicción a los opioides es el naloxone, una droga que revierte los efectos de la heroína, y que ha sido desde el 2014 la nueva gallina de los huevos de oro para el gigante farmacológico Kaléo.

Una dosis de prescripción de naloxone puede costar alrededor de 30$, lo que es una fortuna para la mayoría de los adictos, y les hace más difícil la batalla contra su condición.

Según los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, entre los años 2000 y 2015, las muertes por sobredosis de heroína han alcanzado cifras de hasta 400.000 personas, pero los casos de muerte por abuso de analgésicos opioides superan esa cifra por casi el triple. Asimismo, y según continúa el informe, la población más susceptible es la del hombre blanco no hispano.

Estos datos desmienten la estigmatización y la relación directa de las drogas con la frontera o con el inmigrante y el estereotipo del “traficante”, y sugieren que el abordaje a la crisis debe ser desde la fuente misma.

La Administración Trump ha autorizado la declaración de la emergencia de salud pública por 90 días bajo la Public Health Services Act, que implicaría un aumento en el flujo de dinero desde las agencias federales para “evitar los retrasos burocráticos y las ineficiencias en el proceso de contratación”, según explicó CNN.

El presidente aseguró durante su discurso del día jueves que “seremos la generación que ponga fin a la epidemia opioide”.

Pero con los recortes a programas públicos – contemplados en el presupuesto Republicano – y la irresolución del remplazo a Obamacare, un aumento del flujo de dinero sin un objetivo claro con respecto a las estrategias de tratamiento y reinserción social, esta epidemia pareciera haber llegado para quedarse.