El representante Raúl Ruiz (D-CA) se une al senador Cory Booker (D-NY) para luchar contra las injusticias ambientales con una nueva ley que exigiría a las agencias federales considerar y mitigar los factores de estrés ambiental que, por su propia cuenta, impactan en la salud y el organismo de los afectados. 

Liderada por Ruiz en el Congreso, la Ley de Justicia Ambiental de 2021 haría que las agencias consideraran los efectos de los impactos acumulativos en las comunidades durante las decisiones clave. Booker lidera el proyecto de ley complementario en el Senado de los Estados Unidos.  

El proyecto de ley de Ruiz también requeriría que las autoridades consideren el historial de violaciones de una instalación cuando decidan emitir o renovar un permiso.

"Nuestro gobierno debe ofrecer una protección equitativa contra los peligros para la salud del medio ambiente y proporcionar un acceso equitativo a la toma de decisiones que afectan a la salud del público", dijo Ruiz en una reciente audiencia celebrada por el Subcomité de Medio Ambiente y Cambio Climático del Comité de Energía y Comercio.

"Las injusticias medioambientales pueden tener un aspecto diferente según la comunidad de que se trate, ya sean viviendas de bajos ingresos junto a una interestatal o comunidades de trabajadores agrícolas que necesitan desesperadamente aire y agua limpios", continuó Ruiz.

En su propio distrito, que abarca el Valle de Coachella, Ruiz se refirió a varios casos en los que el proyecto de ley marcaría la diferencia si se aplicara, desde los vertederos ilegales, donde los incendios de mantillo enfermaron a los niños de la escuela local, y las comunidades de casas móviles, que obtienen su agua potable de pozos contaminados con arsénico. 

"La verdadera justicia medioambiental significa que nuestro gobierno vela por estas comunidades con la misma intensidad que lo haría por las que tienen dinero, acceso y poder", dijo Ruiz.

La Ley de Justicia Ambiental de 2021 amplía un proyecto de ley de 1994 que centró la atención federal en los impactos ambientales y de salud humana de las acciones federales en las comunidades BIPOC y de bajos ingresos. 

Garantiza que el Consejo Consultivo Nacional de Justicia Ambiental (NEJAC) continúe convocando y proporcionando consejo sobre cuestiones ambientales a las agencias federales, y que varios programas importantes de subvención de justicia ambiental, incluyendo las pequeñas subvenciones de justicia ambiental y las subvenciones CARE, seguirán realizándose bajo la ley federal.

Según un comunicado de prensa de Ruiz, el proyecto de ley también establecerá requisitos para que las agencias federales aborden la justicia medioambiental. Se les encomendará la tarea de implementar y actualizar anualmente una estrategia para abordar los factores de estrés negativos de la injusticia ambiental para BIPOC y las comunidades de bajos ingresos.

El proyecto de ley también ayuda a las agencias federales con sus procedimientos de la Ley Nacional de Política Ambiental para abordar las preocupaciones de justicia ambiental. Esto afectará en gran medida a los derechos de los tratados tribales.

El proyecto de ley de Ruiz también establece que las comunidades afectadas por sucesos como la crisis del agua de Flint pueden presentar reclamaciones legales por daños y perjuicios y reclamaciones de derecho común ante los tribunales. El proyecto de ley también restablece el derecho de los ciudadanos individuales a emprender acciones legales en virtud de la Ley de Derechos Civiles.

La Ley de Justicia Medioambiental de 2021 no es la primera vez que Ruiz aborda esta cuestión a nivel nacional. En el 117º Congreso, reintrodujo la Ley de Voces para la Justicia Ambiental con la diputada Nanette Barragán (D-CA) y el diputado Paul Tonko. Esta ley proporcionaría fondos para que las comunidades de primera línea se manifiesten contra los contaminadores que pretenden "instalarse" en sus barrios. También está incluida en la Ley de Futuro Limpio.

Recientemente, Ruiz, Barragán, el representante Raúl Grijalva, el senador Jeff Merkley y la senadora Elizabeth Warren encabezaron a 28 de sus colegas para pedir a Biden que ordene el cierre del oleoducto Dakota Access. 

"Este es un paso fundamental para corregir los errores del pasado y poner a nuestra nación en el camino de la justicia ambiental, climática y social", escribieron.