El pasado miércoles, el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, y la directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, Miriam Enríquez, denunciaron la propuesta en política de inmigración bautizada como ‘public charge’ de la administración Trump.

La medida, propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), descalificaría a aquellos inmigrantes que quieran solicitar una tarjeta de residencia u otros beneficios relacionados con su estatus migratorio si hubieran recibido previamente servicios públicos como Medicaid, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o asistencia de vivienda, entre otros.

Además, las autoridades de inmigración serían las encargadas de determinar si es probable que los solicitantes dependan de dicha ayuda en un futuro, por lo que esencialmente estarían implementando una prueba de ingresos para inmigrantes.

"No se equivoquen al respecto, el principal objetivo de la administración para lograr este cambio es desalentar a los inmigrantes, desestabilizar a las familias negando la green card a los padres de niños ciudadanos de los EE.UU., y crear temor y confusión, lo que podría causar que las familias inmigrantes trabajadoras decidan no solicitar este sistema. "Asistencia de salud, vivienda y alimentación, poniendo en riesgo el bienestar de millones", dijo Kenney en un comunicado de prensa.

"Haría de la inmigración un juego de pago, donde solo los adinerados obtendrían tarjetas de residencia y aquellos que han esperado durante años para reunirse con sus familias serían rechazados", agregó.

Si bien el gobierno actualmente tiene en cuenta las consideraciones de ‘public charge’, la política de Trump ampliaría el alcance de esta evaluación.

De acuerdo con la nueva propuesta, DHS tiene como objetivo garantizar que aquellos que ingresan y buscan un estatus legal permanente en el país sean "autosuficientes".

"Ciertamente habrá un efecto escalofriante ante tal cambio en la normativa“, dijo Enríquez en un comunicado. "Incluso los inmigrantes que no están sujetos a la prueba de ‘public charge’ pueden ser disuadidos de acceder a los programas necesarios que les ayudan a ellos y a sus familias a acceder a atención médica, alimentos y otras necesidades esenciales".

En otras palabras, los inmigrantes pueden verse obligados a decidir entre quedarse en el país o asegurarse de que sus familias no pasen hambre o vivan sin atención médica, en caso de que esta política entre en vigor.

Un estudio publicado por el Instituto de Política Fiscal (un grupo de expertos independiente y no partidista en la ciudad de Nueva York), demuestra que hasta 24 millones de personas podrían verse afectadas por este cambio en la normativa, incluidos nueve millones de niños menores de 18 años.

"No todos se enfrentarán a ‘public charge’, pero es probable que todos estén nerviosos por la solicitud de beneficios y, de hecho, alguna parte se dará de baja de los programas de beneficios", explica el informe.

La administración de Trump dio a conocer su propuesta el miércoles. Ahora hay un período de 60 días para que el público envíe comentarios a favor o en contra de los cambios de la política.