El 3 de marzo el país entero pudo ver cómo el escenario político nacional tomaba forma a partir de las Primarias Demócratas, donde estados como Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia daban a los candidatos un grueso de los delegados necesarios para acercarse –o alejarse aún más– de la nominación presidencial.

No sólo se trataba de millones de votos, sino de un reto clave para la organización del Comité Demócrata Nacional, quien debía demostrar estar a la altura del riesgo para la democracia.

El resultado dejó mucho que desear.

Entre fallos en el sistema electrónico de votación y la incapacidad de los centros de votación para recibir a la masa de electores, el elefante en la sala seguía siendo la realidad de la supresión de votos, aún vigente en el país.

Parecía entonces una vuelta al Miami de 1997, cuando cientos de votantes se vieron “purgados” de las listas de votación después de que sus nombres resultaran “extrañamente similares” a los de criminales condenados quienes no tenían derecho a votar.

Peor aún, era el síntoma de la persistencia del racismo endógeno en Estados Unidos.

Según reportó CNN, varios votantes en estados como Texas –muchos de ellos curiosamente de color– “esperaron en enormes filas” para votar en las primarias demócratas durante el Súper Martes, “recordando a la nación el alto costo de la decisión del Tribunal Supremo en 2013 en el caso Shelby v. Holder de revocar la aplicación del derecho al voto”.

El medio hace referencia a la decisión de la Corte Suprema de permitir a las jurisdicciones con un historial de supresión de votantes minoritarios de evitar que siguieran cumpliendo los requisitos federales de autorización previa para los cambios en la inscripción de votantes y la emisión de votos.

En el estado de Alabama, con una fuerte población afroamericana, la decisión del Tribunal dio luz verde a que se aplicara una ley estatal aprobada en el 2011 que exigía que los votantes presentaran un tipo específico de identificación con fotografía. La gobernación entonces recurrió a estrategias como el cierre temprano de oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados en ocho de los diez condados con mayor porcentaje de población de color.

De hecho, en el 2016, el Secretario de Estado de Alabama, John Merrill, comenzó el proceso para exigir pruebas de ciudadanía a los votantes.

Este fallo “ha producido un caos total” en elecciones recientes como las Primarias Demócratas donde “las personas hicieron cola durante más de cinco horas para emitir sus votos, mucho después de que las urnas hubieran cerrado oficialmente”.

“Estas largas filas indican hasta cierto punto una inesperada alta participación de votantes - pero también evocan los esfuerzos estatales de supresión de votantes que no han disminuido desde 2013,” agregó CNN. “En Texas, al menos 750 colegios electorales han sido cerrados desde entonces, obligando a muchas personas predominantemente negras y morenas a viajar mayores distancias para ejercer sus derechos de ciudadanía.”

Para Zchary Roth, investigador del Centro Brennan para la Justicia, y autor del libro The Great Suppression: Voting Rights, Corporate Cash, and the Conservative Assault on Democracy, lo sucedido en Texas durante el Super Martes forma parte de las estrategias republicanas “para dificultar el voto de las minorías raciales y los estudiantes”, según dijo a Newsweek.

A medida que estos estados se diversifican –en especial con el crecimiento exponencial de comunidades Latinas y de color– el riesgo para los Republicanos es el de perder el control del sur del país, históricamente “rojo”.

"Los republicanos de Texas aprobaron un proyecto de ley de identificación de votantes muy estricto que fue considerado por un tribunal federal como racialmente discriminatorio", dijo Roth. "Hicieron más difícil el registro de votantes al imponer todas estas reglas a los grupos de registro de votantes para hacer más difícil el salir a registrar nuevos votantes. Sólo ha habido un esfuerzo concertado".

Sin embargo, el liderazgo demócrata no parece querer quedarse de brazos cruzados.

“¡Es hora de contraatacar!” escribieron el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer y la ex candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams, en una pieza de opinión publicada en Black Press USA.

“Es del derecho al voto que derivan todos nuestros otros derechos como americanos,” escribieron los demócratas. “Y hoy, en 2020, ese derecho fundamental de ejercer el sufragio está siendo cuestionado y, en muchos casos, erosionado, en los estados de todo el país.”

Recordando la lucha por los derechos civiles de 1965, la aprobación de la Voting Rights Act, y el retroceso que implicó el caso Shelby County v. Holder, Schumer y Abrams trazan una línea entre los logros democráticos en igualdad de derechos y el esfuerzo republicano por imponer “una ola de nuevas leyes diseñadas para limitar el acceso a las urnas, incluyendo un nuevo requisito de identificación con fotografía, recortes drásticos a la votación anticipada y el fin de la inscripción en el mismo día.”

En resumen, para Schumer y Abrams, el foco de las elecciones del 2020, más allá del acceso a la atención médica, la inmigración y, finalmente, vencer a Donald Trump, es precisamente la lucha por el derecho al voto.

“El derecho de voto no es un tema demócrata ni republicano,” concluyeron. “Pero hasta que llegue ese día, los candidatos de arriba a abajo, los líderes de todos los niveles de gobierno, y sobre todo, el pueblo americano, deben hacer del derecho al voto una prioridad en esta elección.”