Voto Latino, un grupo de defensa política de base con sede en D.C., salió en defensa de los residentes transitorios de Arizona, los jubilados y los estudiantes después de anunciar una acción legal esta semana sobre el proyecto de ley del Senado 1260 (SB 1260), una ley que penaliza a los votantes y a los grupos de derecho al voto con duras disposiciones.  

"Esta ley está dirigida directamente a la comunidad latina, y criminaliza los esfuerzos para ayudar a las personas individuales a defender sus derechos", dijo María Teresa Kumar, Presidente y CEO de Voto Latino, en un comunicado.

La Alianza de Arizona para los Americanos Jubilados y Priorities USA también son demandantes en la demanda. 

El gobernador Ducey firmó la ley SB 1260 en 2021, y está previsto que entre en vigor en septiembre de 2022.

Faculta a los registradores de los condados a identificar un subconjunto específico de votantes considerados inelegibles en virtud de disposiciones no definidas o excesivamente amplias y a cancelar su registro sin consentimiento ni notificación. 

También elimina a los votantes legalmente registrados de la votación anticipada o del voto por correo si un registrador del condado recibe "información creíble", pero no define las circunstancias aplicables a esas cancelaciones. 

Según la demanda, Arizona no proporciona un mecanismo viable para que los votantes cancelen un registro anterior de forma preventiva, ni el estado garantiza la cancelación cuando se solicita hacerlo. 

El sitio web de registro de votantes indica que los votantes pueden actualizar su información y recibir una tarjeta de identificación de votante actualizada en 4-6 semanas. Sin embargo, no especifica si el estado cancela un registro anterior. 

Voto Latino argumenta que la ley se dirige a un grupo específico de votantes que residen de forma transitoria debido a circunstancias únicas, como viviendas inestables, poblaciones estudiantiles y personas mayores que se trasladan a Arizona para jubilarse. 

"Los políticos en Arizona han apilado obstáculos frente a la cabina de votación simplemente porque no les gusta el tipo de votantes que quieren participar en nuestras elecciones. Eso no es sólo una afrenta a la democracia; es un ataque a las comunidades que merecen que sus voces sean escuchadas el día de las elecciones y tener políticos que respondan a sus necesidades", dijo Kumar. 

El SB 1260 no se detiene ahí. En el caso de que el estado entregue una papeleta a una dirección equivocada, el residente debe escribir "No en esta dirección" y enviarla de nuevo a la oficina del registrador del condado, donde se iniciaría un nuevo registro si el correo se entrega con éxito y a tiempo. 

Una vez que el registrador del condado reciba esa carta, la persona a la que iba destinada la papeleta sería eliminada de la lista de votación anticipada. 

También hay penalizaciones para las organizaciones que ayuden a los votantes sin confirmar primero si hubo un cambio de dirección, apuntando así a los grupos de defensa que manejan un gran volumen de votantes no necesariamente versados en las nuevas prácticas legales. 

La demanda argumenta que el SB 1260 es un intento manifiesto de socavar a los votantes con el pretexto de atajar el fraude electoral y promover la integridad de las elecciones. Temen que pueda tener el efecto contrario.

"El SB 1260 no tiene ninguna conexión racional con ningún propósito legítimo del gobierno. No mejorará la integridad de las elecciones ni evitará el fraude electoral", se lee en la demanda, abordando las consecuencias que podría tener en la participación diversa y completa de los votantes. "Por el contrario, enfriará gravemente los esfuerzos de registro y participación de los votantes y privará de derechos a los votantes elegibles de Arizona".

Dijeron que ninguna parte de la ley es salvable, y piden al tribunal que la considere inconstitucional en su totalidad.