Es probable que se avecine una reforma y revisión completas del instituto electoral de México después de que el Senado del país votara y aprobara una polémica medida, el "Plan B", el miércoles 23 de febrero. 

En una votación de 72-50, es una medida que muchos críticos dicen que socavará y debilitará la democracia, a pesar de que uno de los principales partidarios de la medida, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que ahorrará dinero -más de 150 millones de dólares- y reducirá los privilegios políticos.

México tiene elecciones presidenciales el año que viene.

Tras conocerse la votación, los críticos afirmaron que impugnarán los cambios ante el Tribunal Supremo, y ya hay previstas protestas en varias ciudades del tercer país más grande de Norteamérica. 

La medida reducirá significativamente los salarios de los funcionarios, la financiación de las oficinas electorales locales, así como la formación de los ciudadanos mexicanos encargados de las mesas electorales. También reducirá las sanciones a los candidatos que no informen sobre los gastos de campaña.

AMLO dijo en diciembre pasado que quiere adelgazar la burocracia. 

"Se va a mejorar el sistema electoral", dijo AMLO. "Se van a achicar algunas áreas para que se pueda hacer más con menos".

López Obrador dijo que espera impugnaciones judiciales al proyecto de ley, como las que se han presentado anteriormente contra muchas de las reformas de su administración.

"Todo esto es parte de la política normal en una democracia", dijo López Obrador, añadiendo que creía que la medida debería sobrevivir a las impugnaciones constitucionales porque nada de ello estaba "fuera de la ley".

Sólo falta que AMLO la promulgue oficialmente, lo que no debería ser un gran problema ya que es uno de los principales partidarios de la medida que reducirá el tamaño del instituto y recortará sus capacidades de supervisión y sanción.

Legisladores de oposición fueron vistos sosteniendo carteles que decían: "Morena quiere robarse las elecciones", en referencia al partido de López Obrador. 

Conocida como "Plan B", la medida fue propuesta por AMLO en diciembre pasado tras no obtener suficientes votos en el Congreso para una reforma constitucional que contemplaba cambios electorales aún mayores. 

AMLO ha pasado los últimos meses tratando de convencer a la gente de la medida, diciendo que busca recortar el enorme presupuesto del Instituto Nacional Electoral y acabar con sus privilegios.

El Presidente y sus partidarios no han sido los mayores admiradores del instituto electoral del país desde 2006, cuando estuvo a 0.56% de los votos de ganar la presidencia y calificó su derrota como fraudulenta. 

Incluso cuando el mismo instituto confirmó su aplastante victoria en 2018, AMLO siempre lo ha denostado y se ha quejado específicamente de lo costoso que resulta realizar elecciones en México y ha buscado la manera de disminuir su presupuesto. 

Muchos ciudadanos mexicanos ven al instituto electoral como un aspecto importante de la democracia moderna del país. Sobre todo después de 71 años de régimen de partido único, cuando se produjo un gran avance en 2000.

Lorenzo Córdova, líder del instituto, se ha convertido en blanco de ataques de AMLO por defender al instituto y calificar las reformas como una amenaza a la democracia de México. 

Tras la votación del miércoles, el instituto tuiteó que la reforma "pone en riesgo la equidad y transparencia de las elecciones" al socavar las sanciones que pueden aplicar a los candidatos que incumplan las reglas de financiamiento de campañas.

Los cambios también han alarmado a un ex político que trabajó bajo el mandato de AMLO. 

"Lo que está en juego es si vamos a tener un país con instituciones democráticas y Estado de derecho", dijo Jorge Alcocer Villanueva, que trabajó en la Secretaría de Gobernación con López Obrador. "Lo que está en riesgo es que se respete el voto".

El portavoz del presidente se ha limitado a defender la medida ante la prensa. 

"Buscábamos ahorrar dinero, sin afectar el trabajo del I.N.E.", dijo en una entrevista Jesús Ramírez Cuevas, portavoz del presidente, utilizando el acrónimo del organismo de control. El presidente tiene una política de austeridad de "déficit cero", dijo, y preferiría gastar el dinero público en "inversiones sociales, en salud, educación e infraestructura."

En cuanto a las críticas externas de Córdova al Presidente, algunos en México cuestionan su disposición a hacerlo. 

"No debería responder al Presidente de manera tan visceral y con tanto enojo", dijo Luis Carlos Ugalde, quien dirigió la dependencia de 2003 a 2007. "Genera un deseo más fuerte del otro lado, de Morena, de atacar y destruir al instituto".

Córdova se defendió: "Es muy fácil juzgar desde afuera". 

"He sido yo quien ha tenido que dirigir esta institución en el peor momento", agregó. 

El tiempo de Córdova llegará a su fin en abril, luego de que el Congreso, controlado por el partido Morena, elegirá a cuatro nuevos integrantes del órgano de gobierno del organismo fiscalizador.