“Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente”, decía la canción de Silvio Rodríguez después del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979, que obligó al entonces dictador Anastasio Somoza Debayle a renunciar a la presidencia del gobierno.

Esta frase tiene hoy un nuevo significado.

Desde hace varias semanas, Nicaragua vive una nueva oleada de violencia en sus calles, alimentada por la reforma impulsada por el gobierno actual de Daniel Ortega que incluye un aumento de contribuciones individuales en el sistema de pensiones.

Según reportó la Organización de Derechos Humanos, el saldo de muertos hasta ahora es de más de 60 personas, y a estas alturas, la protesta va mucho más allá de una simple reforma jubilatoria.

Daniel Ortega lidera la nación nicaragüense desde el 10 de enero del 2007, y asumió el poder en el auge de la llamada Revolución Bolivariana impulsada por Hugo Chávez en Venezuela.

Habiendo sido uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue jefe de estado entre 1979 y 1990, cuando el FSLN perdió las elecciones ante la Unión Nacional Opositora que llevó a la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro, lo que ha sido considerado como el primer episodio democrático en la historia contemporánea del país.

Gracias a la llamada “nueva Ley Electoral” del 2000, los candidatos podían ganar con un 40% de los votos, lo que le dio la ventaja de nuevo al líder sandinista, a pesar del fuerte rechazo que había en la población.

Ortega volvió así al poder en el 2007, siendo reelecto en el 2011 y en el 2016, pero su mandato ha estado manchado por la corrupción, la dependencia económica de Venezuela y la fuerte represión.

Desde sus inicios, Ortega se plegó a convenios con Cuba y Venezuela, detonando internamente una crisis política que decantó en la formación del “Bloque contra la Dictadura”, que pretendía “contrarrestar” algunas de sus medidas.

A pesar de ello, Ortega logró cerrar medios de comunicación independientes, y apretar el puño en medidas cada vez más autoritarias, anunciando desde un principio sus intenciones de permanecer en el poder.

A partir del 2010, Nicaragua fue víctima de una importante reducción de exportaciones, congelamiento de la ayuda internacional, rebaja de las remesas y Ortega sería acusado por varios organismos de Derechos Humanos por “financiar turbas de jóvenes de barrios pobres para reprimir las manifestaciones de la oposición”, según explicó el portal de análisis político Latinoamérica Libre.

Denuncias de fraude en las elecciones, el congelamiento de los poderes públicos y la constante soberbia del mandatario, transformaron lo que quedaba de la Revolución Sandinista en una vuelta a una dictadura con rasgos muy parecidos a la de Somoza.

El 16 de abril del 2018, la nueva reforma del sistema de pensiones, administrado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue firmada y publicada dos días después, estallando una oleada de protestas y manifestaciones en la calle. Según explicó el diario El Observador, las medidas eran “sumamente importantes para asegurar la confianza, la estabilidad y el bienestar”, dijo la vicepresidenta/primera dama, Rosario Murillo.

Pero la realidad es que, en un país fuertemente golpeado por la pobreza y por el retraso económico (el déficit del año 2017 cerró en 76 millones de dólares), un aumento del 19% al 21% en el aporte de cada individuo al estado desde su pensión era sencillamente insostenible.

Durante los días siguientes, estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y de la Universidad de Ingeniería (UNI) salieron a protestar, debiendo enfrentar una fuerte represión por parte de la policía.

Ante los primeros fallecidos, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se sumó a las denuncias estudiantiles, pidiéndole al Gobierno “que respete el derecho constitucional a la protesta y que no reprima las manifestaciones”, según reportó el Diario de las Américas.

El Cosep rompió filas con el gobierno por el efecto que tendría sus nuevas medidas en la economía ya golpeada del país, y finalmente Ortega acepta dialogar, revocando la reforma el 22 de abril.

Pero el daño estaba hecho, y el pueblo nicaragüense ya no exigía solo el respeto, sino un nuevo gobierno y la vuelta a la democracia.

Entre saqueos, marchas multitudinarias y los primeros desaparecidos en manos de las fuerzas del gobierno, el país cae en una aguda crisis social y política, que actualmente está intentando solventarse en un diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, cuya primera reunión se llevó a cabo el pasado miércoles en la sede del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua.

Ortega y su esposa fueron abucheados al llegar, y el pueblo pide su renuncia.