El viernes 9 de abril, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, firmó una prohibición parcial de las órdenes de detención sin previo aviso, tras meses de manifestaciones en honor a Breonna Taylor, la joven negra que murió de un disparo en su casa el año pasado durante una redada policial. 

La ley no es la prohibición total que esperaban muchos manifestantes y algunos legisladores demócratas -una propuesta que se había presentado como "Ley de Breonna"-, pero no impide que las ciudades y pueblos individuales prohíban completamente las órdenes de detención. 

La ley sólo permite las órdenes de no llamar en el caso de "pruebas claras y convincentes" de que el delito que se investiga "calificaría a una persona, de ser condenada, como delincuente violento."

Taylor, una técnica de emergencias médicas de Louisville que estudiaba para convertirse en enfermera, recibió múltiples disparos en marzo de 2020 tras ser despertada de su cama por la policía. No se encontraron drogas en la redada, y más tarde se descubrió que la orden judicial era defectuosa. 

En el caso de Taylor, se aprobó una orden de allanamiento como parte de una investigación de narcóticos en el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville. Los agentes afirman que llamaron a la puerta y se hicieron notar, pero algunos testigos han rebatido esa afirmación. 

El gobernador Beshear dijo que esta legislación supone un "cambio significativo".

"Salvará vidas y nos hará avanzar en la dirección correcta. Sé que hay que hacer más. Sé que la lucha no ha terminado", dijo. 

Mientras Beshear firmaba el proyecto de ley en el Centro para la Herencia Afroamericana de Louisville, los miembros de la familia Taylor estaban detrás de él. La madre de Taylor, Tamika Palmer, derramó lágrimas al aceptar el bolígrafo que el gobernador utilizó para firmar la medida. 

La abogada de la familia, Lonita Baker, dejó claro que la legislación no es exactamente lo que se deseaba en un principio, pero están satisfechos de haber conseguido una victoria en la profundamente dividida Asamblea General del estado.

Baker añadió que la familia está deseando trabajar estrechamente con los legisladores en futuras legislaciones para seguir restringiendo las órdenes judiciales y aumentar la responsabilidad de la policía. 

La legislación buscada por la familia Taylor y por los manifestantes, conocida como "Ley de Breonna", habría prohibido todas las órdenes de detención sin previo aviso, esbozado las sanciones para los agentes que hagan un mal uso de las cámaras corporales y ordenado la realización de pruebas de drogas y alcohol a los agentes implicados en "incidentes mortales". 

Pero según la ley aprobada, cualquier orden de detención sin previo aviso debe ejecutarse entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, y los agentes deben tomar medidas adicionales para obtener las órdenes. 

Ahora los jueces deben firmar de forma legible cuando las aprueben y un paramédico debe estar cerca durante la ejecución de la orden. 

El senador estatal Reggie Thomas, que copatrocinó el proyecto de ley, dijo durante la ceremonia de la firma que la legislación era un "paso en la dirección correcta". 

"Nos pidieron repetidamente que dijéramos su nombre; creo que oímos su nombre", dijo Thomas refiriéndose a Taylor. "Espero que con la firma de esta legislación hoy no haya otros nombres, nunca, aquí en Kentucky, que tengamos que decir o escuchar de nuevo".

Beshear dijo que firma el proyecto de ley para ayudar a garantizar que ninguna otra madre conozca el dolor que siente Tamika Palmer por la pérdida de su hija. 

Al menos tres agentes implicados en la redada han sido despedidos del cuerpo de policía, pero ninguno de los agentes que dispararon sus armas se enfrenta a cargos penales relacionados con la muerte de Taylor. 

En septiembre, Louisville concedió a la familia de Taylor un acuerdo de 12 millones de dólares en una demanda por homicidio culposo, que también incluía una serie de reformas policiales locales. 

La Unión Americana de Libertades Civiles de Kentucky declaró el viernes que aplaudía la medida como un "excelente primer paso para reimaginar el papel de la policía en la seguridad de la comunidad", aunque la medida no iba lo suficientemente lejos como para proporcionar realmente justicia a Taylor ni cambio y curación a la comunidad. 

Señalando el apoyo unánime del proyecto de ley en el Senado y su aprobación por 92 votos en la Cámara de Representantes, la ACLU de Kentucky declaró que la necesidad de dicha reforma es evidente, e instó a los defensores y a los responsables políticos a seguir presionando para conseguir mejoras. 

"Es una victoria, pero la lucha no ha terminado", añadió.