El jueves 30 de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó ocho proyectos de ley que apoyan la reforma policial, y uno de ellos lleva el nombre del filipino-americano Angelo Quinto, que murió después de que un agente se arrodillara sobre su cuello durante cinco minutos durante una crisis de salud mental.

El 23 de diciembre de 2020, la policía de Antioch recibió una llamada de la hermana de Quinto, que les alertó de su crisis. El veterano de la Armada, de 30 años, había estado experimentando episodios paranoicos tras el traumatismo de una lesión cerebral, y cuando los agentes llegaron, se encontraba en un estado irritable y temeroso. 

Al parecer, Quinto se calmó tras la llegada de los agentes, pero aún así fue sujetado por ellos. Perdió el conocimiento y murió en un hospital tres días después. 

En lugar de prestarle ayuda, la madre y la hermana de Quinto dicen que uno de los agentes lo esposó, mientras que otro se arrodilló sobre su cuello durante al menos cinco minutos, mientras Quinto suplicaba "por favor, no me mate". 

Meses después del incidente, el Departamento de Policía de Antioch dio poca información sobre lo ocurrido, ni siquiera una causa oficial de la muerte. 

Siete meses después de las protestas a nivel nacional provocadas por el asesinato de George Floyd, al que también arrodillaron mientras lo detenían, la familia de Quinto exigió responsabilidades al departamento de policía y justicia para Quinto. 

"Confiamos demasiado en ellos en un momento de miedo, vulnerabilidad y pánico. No les llamaría si esto volviera a ocurrir", declaró la hermana de Quinto al San Francisco Chronicle. 

En agosto, la familia de Quinto presentó una demanda contra la policía de Antioch en la que acusaba al jefe de encubrimiento después de que los agentes afirmaran que Quinto estaba drogado con metanfetamina. 

John Burris, el abogado de la familia, señaló que una autopsia independiente del cuerpo de Quinto mostró que no había drogas en su organismo en ese momento y que había hemorragias petequiales en sus ojos, lo que es un signo de asfixia. 

Después de meses de movilización en favor de la justicia para Quinto y otras víctimas de la fuerza policial excesiva y las llaves de estrangulamiento, la Ley de Angelo o Proyecto de Ley de la Asamblea 490, patrocinado por el asambleísta Mike Gipson, prohíbe las tácticas de contención y las llaves boca abajo que puedan causar asfixia.

Prohíbe a la policía utilizar técnicas que creen un riesgo sustancial de lo que se conoce como "asfixia posicional". 

Define la sujeción como la colocación de una persona de forma que comprima sus vías respiratorias y reduzca su capacidad de respirar. Esto incluye poner a los sospechosos boca abajo, y luego presionar su espalda con las manos, los codos o las rodillas para obtener el control. 

La legislación de Gipson ganó atención después de que Mario González, de 26 años, muriera en abril de 2021. Fue inmovilizado por cuatro policías de Alameda durante más de cinco minutos antes de morir. 

Casi al mismo tiempo, un jurado del sur de California concedió más de 2 millones de dólares a la familia de un indigente que murió en 2018 después de que los agentes de Anaheim utilizaran una técnica similar para inmovilizarlo.

El gobernador Newsom estuvo acompañado por la familia de Quinto en la firma de la ley.  

Los otros siete proyectos de ley firmados se refieren a la denuncia del uso excesivo de la fuerza, la prohibición del uso de balas de goma y gases lacrimógenos, la regulación de la financiación de equipos militares, la revocación de los certificados policiales si un agente es declarado culpable de agresión o prejuicio, y otras cuestiones. 

"Se han perdido demasiadas vidas debido a los perfiles raciales y al uso excesivo de la fuerza. No podemos cambiar lo que está en el pasado, pero podemos fomentar la responsabilidad, erradicar la injusticia racial y luchar contra el racismo sistémico. Todos estamos en deuda con las familias que han perseverado en su dolor para continuar esta lucha y trabajar por un futuro más justo", dijo Newsom.