Después de meses de choques ideológicos e inefectividad política, finalmente ha llegado el 5 de marzo y el Congreso no está ni cerca de tener una solución legal para el estatus de cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados llegados al país cuando niños (mejor conocidos como Dreamers).

Han pasado seis meses desde que el presidente Donald Trump suspendió el programa de Acción Diferida que otorgaba un alivio migratorio a estos jóvenes, y que fue puesto en marcha por la Administración Obama.

En un intento por destruir todo lo que su predecesor había puesto en marcha, y sin conocimiento de causa, Trump argumentó entonces que el asunto migratorio se trataba inequívocamente de “seguridad nacional”, pero su incapacidad argumentativa dejaba a todos con la certeza de que sus intenciones venían viciadas por una radical postura anti-inmigrante.

“Quiero que los niños que crecen en nuestro país también sean Dreamers”, decía el presidente, intentando defender su decisión de suspender “las amnistías ilegales del presidente Obama” que tanto atacó durante su campaña.

Después de firmar su orden ejecutiva, el presidente otorgó al Congreso seis meses “de gracia” para obtener una solución que le satisficiera, ya no tanto a su manada Republicana, sino a sus propias metas políticas (un muro fronterizo con México, la suspensión de la reunificación familiar y la lotería de visados), transformando el destino de casi 800.000 jóvenes criados en Estados Unidos, en una suerte de moneda de cambio para manipular los votos demócratas fundamentales en el Congreso.

Dos cierres gubernamentales después, el Congreso desvió su atención a asuntos más determinantes en la gesta de votos para las elecciones de mitad de período este año (como el terrible tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, Florida), y el destino de los Dreamers se vio congelado y relegado a asuntos de pasillo.

Fue gracias a la sentencia de dos cortes menores en California y Nueva York, que los jóvenes inmigrantes obtuvieron un respiro temporal a su situación, pues ambos jueces permitieron la continuación temporal del programa, permitiendo que se procesen las solicitudes de renovación, aunque por los momentos el Departamento de Justicia haya decidido no aceptar nuevas solicitudes.

Hasta este día, tan sólo el Caucus Hispano en el Congreso (CHC) ha mantenido la presión en el asunto a través de sus redes sociales, de sus organizaciones partidarias e incluso de una carta enviada al gobierno, donde culpaban directamente al presidente Trump por haber “frustrado cada acuerdo estrecho y bipartidista que buscaba proporcionar alivio a los Dreamers y, en su lugar, ha intentado forzar una agenda profundamente impopular y antiinmigrante a través del Congreso”.

Este inmovilismo, que se siente más como apatía, tiene todos los ojos sobre un Capitolio sepulcralmente mudo.

Según explicó CNN, el Congreso aún tendría algunas opciones para resolver el asunto, en especial considerando que el 23 de marzo es la próxima fecha límite para llegar a un acuerdo para el financiamiento del gobierno, pero fuentes cercanas al proceso han asegurado que “el liderazgo Republicano en la Cámara se ha opuesto a adjuntar cualquier asunto inmigrante a un acuerdo de financiamiento”.

Como es de esperarse, la única propuesta que ha hecho mover algunos asientos ha sido la propuesta por el presidente republicano del Comité Judiciario, Bob Goodlatte de Virginia, que ha sido apoyada por el presidente gracias a su radical postura conservadora que no incluiría una vía para la ciudadanía para los Dreamers, y que ha sido denunciada por la presidenta del CHC, Michelle Lujan Grisham, como una propuesta “para la deportación masiva”.

En este momento, los jóvenes Dreamers deben aprovechar las circunstancias legales y llenar y enviar sus solicitudes de reinscripción lo antes posible, considerando que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “tiene pendientes de resolver unas 102.704 solicitudes de renovación”, según ha explicado el medio latino Univisión.