A tan sólo días de que se cumpla la fecha límite impuesta por el presidente Trump para dar por acabado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido apegarse a las reglas y no evaluará las sentencias de dos cortes menores.

Después de que el juez William Alsup (California) y el juez Nicholas Garaufis (Nueva York) emitieran sentencias bloqueando la rescisión de DACA, la Administración Trump solicitó a la Corte Suprema evaluar las sentencias para dar curso a la decisión presidencial de suspender el programa, si el Congreso no llega a una solución que satisfaga las demandas migratorias del gobierno.

Según reportó el Washington Post, la Corte Suprema ha anunciado este lunes su negativa a “entrar a la controversia nacional”, rechazando la solicitud de la Administración, permitiendo el bloqueo nacional emitido por las dos cortes menores.

“Ninguna corte de apelaciones ha revisado esas decisiones y sería extremadamente raro para la Corte Suprema tomar cartas en el asunto sin este paso provisional”, explica el periodista Robert Barnes del Post. “En el pasado, la corte ha cedido en casos parecidos tan sólo en asuntos de extrema importancia nacional, como la controversia por las grabaciones de la Casa Blanca del presidente Richard Nixon o la solución de la crisis de los rehenes en Irán”.

De esta manera, la litigación seguirá su curso y es probable que el asunto no vuelva a la Corte Suprema sino en el próximo período, continúa el reporte.

En un esfuerzo por conseguir que sus caprichos sean satisfechos, la Administración Trump evadió los procedimientos judiciales requeridos al solicitarle directamente a la Corte Suprema una revisión de los dictámenes de las cortes menores, pero el máximo órgano judicial ha decidido apegarse a las reglas y proceder por las vías correctas, dándole así un respiro a los más de 700.000 jóvenes que siguen esperando una solución por parte del Congreso.

Asimismo, los alegatos de ambas cortes – que argumentaron su decisión asegurando que la decisión del presidente era “arbitraria y caprichosa” – se mantienen en pie, sumándose a otras reacciones como la del Fiscal General de California Xavier Becerra (D), quien rechazó las excusas legales de la administración asegurando que “ignora los descubrimientos previos de que el programa es legal”.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia deberá apegarse a las sentencias de las cortes bajas aceptando las solicitudes de renovación de los jóvenes Dreamers, aunque por los momentos no se le exija aceptar nuevas solicitudes.