Dejemos algo en claro: bajo la ley internacional, creada tras la Segunda Guera Mundial, los estados miembros de la comunidad global tienen la obligación de ayudar a las personas que huyen de la persecución al no mandarles de vuelta a sus países.

La devastación de uno de los episodios más sangrientos en la historia de la humanidad dejó en claro la necesidad de “un sistema de acuerdos” que asegurara la colaboración internacional a la hora de proteger las vidas humanas y su dignidad, como bien explica Amnistía Internacional.

Si bien es cierto que a nivel mundial existen regímenes y políticas que retan estos acuerdos – con refugiados estancados en barcos intentando llegar a Europa o cientos de miles de musulmanes Rohingya huyendo de Myanmar – la situación en Centroamérica es cada vez más intensa.

La mediatización de una manifestación en forma de caravana por parte del gobierno de Donald Trump ha demostrado la profunda crisis humanitaria que vive gran parte del continente, y que ha obligado a miles de personas a recoger algunas pertenencias y emprender un viaje de semanas hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Violencia desproporcionada, corrupción e incluso la inestabilidad climática en la región, son algunos de los factores que obligan a estas personas a buscar una oportunidad en otros países.

Muchos de ellos han optado por quedarse en el camino, principalmente en México, pero muchos otros están decididos a ejercer su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, algo que el presidente Trump ha decidido impedir a través de estrategias que pasan por alto el proceso legislativo en el Congreso.

Durante el fin de semana, la tensión entre los viajeros y agentes de la Patrulla Fronteriza llegó al límite, y el gobierno recurrió al control de la situación a través de gases lacrimógenos, haciendo eco de las advertencias del Departamento de Seguridad Nacional, quien ha advertido que “no entrarán ilegalmente a nuestro país”.

La realidad es que la mayoría de estos inmigrantes no pretende ingresar de manera ilegal. De hecho, gran parte de ellos está preparado y dispuesto a solicitar asilo y ejercer su derecho.

Según la Convención de 1951 sobre el Estatus de Refugiado de las Naciones Unidas, los inmigrantes no están obligados pero tienen el derecho a solicitar la protección de un país basándose en cinco categorías: raza, nacionalidad, religión, opinión política o membresía a un grupo social particular.

Es por ello que medidas como la del ex Fiscal General Jeff Sessions de retirar el abuso doméstico o la violencia pandillera de las categorías en Estados Unidos pudo proceder.

Una vez en territorio estadounidense, el procedimiento no es sencillo.

Según explicó Abigail Stepnitz, investigadora en la Universidad de California, cuando una persona busca asilo “debe demostrar que no puede vivir de manera segura en su país de origen”.

Stepnitz agrega que el éxito de la solicitud depende de la “capacidad para demostrar credibilidad”. “En otras palabras, tienen que compartir sus experiencias de tal manera que se crea que su afirmación es verdadera y que su temor a la persecución es genuino”.

Pero ante un gobierno como el de Donald Trump, la credibilidad es lo primero que se derrumba.

Desde inicios del 2018, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ha restringido los procedimientos de solicitud de residencia, a través de la evaluación exacerbada de cada uno de los casos, argumentando el uso de “identidades falsas”, el abuso del sistema judicial o cualquier otro tipo de fraude.

Asimismo, la agencia ha cambiado su política en cuanto a las entrevistas de asilo, poniendo como prioridad los casos más recientes bajo la sospecha de declaraciones falsas.

Sin embargo, los miles de personas que intentan ingresar al país (no sólo a través de la frontera, sino en vuelos comerciales u otras vías) buscan la oportunidad de presentar su caso, incluso sin la asistencia de representantes legales.

Pero un derecho no es una garantía.

En el 2017, “casi el 90% de las solicitudes de mexicanos fueron negadas”, comparadas con sólo 20% de las solicitudes de ciudadanos chinos, según continúa Stepnitz.

“Los tres países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) se encuentran entre los cinco principales rechazados con más frecuencia, con más del 75% de las solicitudes rechazadas”, agregó. “De manera similar, es más probable que se conceda un caso en Nueva York o San Francisco que en los tribunales más cercanos a la frontera en Texas o Arizona”.

En resumen, aún cuando el asilo sea un derecho y se trate de la seguridad de miles de seres humanos, las políticas fronterizas de cada país son precisamente eso: políticas.