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La persecución de activistas durante el pasado verano con cargos más graves ha sentado mal a muchos activistas. Foto: Erik McGregor/Getty Images

Los cargos federales se ciernen sobre los individuos señalados en las revueltas de George Floyd del verano pasado

Según un nuevo informe de The Movement for Black Lives, una "gran mayoría de los cargos presentados fueron por delitos no violentos".

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El 25 de mayo de 2020, George Floyd perdió la vida a causa de la brutalidad policial, y su injusta muerte activó la respuesta de "lucha o huida" de toda una nación, reavivando en última instancia un movimiento global para el cambio social.

El verano de 2020 será recordado para siempre como tres meses de manifestaciones masivas en la lucha por la igualdad racial y la responsabilidad policial.

Según un nuevo informe de The Movement for Black Lives, una coalición de grupos de defensa de los negros, el Departamento de Justicia apuntó a más de 300 civiles acusándolos de delitos federales por su papel durante las manifestaciones.

El informe "Struggle For Power: The Ongoing Persecution of Black Movement by the U.S. Government" (Lucha por el poder: la continua persecución del movimiento negro por parte del gobierno de EE.UU.) fue redactado por la clínica Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility de la Facultad de Derecho de la CUNY.

En él se constata que más del 90% de los casos federales contra manifestantes de Black Lives Matter (BLM) podrían haber sido acusados en un tribunal estatal, y que en el 88% de estos casos, los cargos federales eran más graves que los cargos estatales similares. 

"Esta persecución dio lugar a que cientos de organizadores y activistas se enfrentaran a años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional", decía el informe. 

Los funcionarios federales presentaron una serie de cargos contra los manifestantes por la justicia racial a lo largo de los cinco meses siguientes a la muerte de Floyd, entre ellos 105 por incendio provocado, 49 por desorden civil, 45 por agresión a un agente y 30 casos de posesión de armas.

Según el informe, la "gran mayoría de los cargos presentados eran por delitos no violentos o por delitos potencialmente peligrosos pero que se limitaban a la destrucción de la propiedad, no a la violencia contra las personas". 

El Movimiento por las Vidas Negras recomienda que se conceda una amnistía a las personas acusadas, así como que se supriman las Fuerzas Conjuntas de Terrorismo locales del FBI para "mitigar los daños" de los procesos federales en los que, según afirman, se acusó en exceso a los acusados. 

El análisis señala que en más del 20% de los casos contra manifestantes, los cargos llevan aparejadas penas mínimas obligatorias. 

La organización también sugiere que la gente exija una reparación gubernamental, que incluya una disculpa y un reconocimiento de la "larga historia de ataques a los movimientos en apoyo de la vida y la liberación de los negros". 

Durante los disturbios civiles del pasado verano, el expresidente Donald Trump pidió a los gobernadores que desplegaran a la Guardia Nacional para "dominar" a los manifestantes y el Departamento de Justicia activó la "Operation Legend", un equipo de fuerzas de seguridad federales y locales delegadas para luchar contra los delitos violentos. 

"La Operación Leyenda se extendió más allá de su propósito original y no relacionado con ella para contribuir al esfuerzo federal de desbaratar el movimiento", decía el informe. 

Cuando la operación concluyó, el Departamento de Justicia había detenido a 6.000 personas, y unas 1.500 de ellas fueron acusadas de delitos federales. 

En ciudades como Nueva York, Portland, Oregón y Seattle, los manifestantes de BLM se enfrentaron a menudo con las fuerzas del orden federales, especialmente cuando entraba en vigor el toque de queda obligatorio por la noche. Las manifestaciones a menudo continuaban mucho después de la puesta de sol, lo que violaba estos toques de queda.

Cuando los participantes no se retiraban, la policía a veces desplegaba gas pimienta y utilizaba la fuerza física para dispersar a la multitud. Muchos de estos intensos enfrentamientos entre manifestantes y agentes fueron grabados en vídeo con teléfonos móviles y transmitidos en directo por televisión. 

La mayoría de las veces, los aliados blancos se vieron obligados a crear físicamente una barricada entre sus compañeros negros y las fuerzas del orden para protegerlos de una posible brutalidad policial.

El informe también sostenía que los funcionarios federales tienen un historial documentado de décadas de intentos no tan sutiles de suprimir los movimientos sociales negros. 

Por ejemplo, bajo la dirección del ex director del FBI, J. Edgar Hoover, los funcionarios espiaron e interrogaron a los líderes asociados con el Partido de las Panteras Negras, así como a los revolucionarios Angela Davis, Malcom X y Martin Luther King Jr. 

El 4 de diciembre de 1969, Fred Hampton, presidente de la sección de Illinois del Partido de las Panteras Negras, fue asesinado por la policía.

A primera hora del día, un camión de Peoples Gas se detuvo frente a un edificio de apartamentos en el West Side de Chicago. Catorce policías de paisano bajaron discretamente del camión encubierto, fuertemente armados con pistolas, una ametralladora y un mapa detallado del apartamento. 

La redada causó la muerte tanto de Hampton, como de Mark Clark, y más tarde se descubrió que los asesinatos fueron coordinados por el FBI como parte de un programa secreto para neutralizar y abolir el Partido de las Panteras Negras, que el director J. Edgar Hoover calificó en privado como "la mayor amenaza para la seguridad interna del país." 

"Cada una de estas transgresiones es una respuesta directa del gobierno estadounidense a la amenaza percibida del poder negro, y para cada una de ellas, el gobierno construyó una justificación para utilizar su poder para vigilar, explotar, dominar o castigar a los movimientos de libertad negros", dice el informe.

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