El miércoles 2 de febrero, la concejala Helen Gym anunció la presentación de la Ley de Salud Comunitaria, una legislación de justicia medioambiental fundamental para proteger mejor a las comunidades contra los efectos perjudiciales para la salud causados por la contaminación. 

El proyecto de ley, que fue redactado con la orientación de defensores legales y ambientales, establece una comprensión más clara de cómo la nueva contaminación está impactando realmente en las comunidades, dada la demografía de la contaminación existente, y las características de la salud. 

En lugar de limitarse a estudiar las propuestas por sí mismas, este proceso considerará el proyecto en su contexto y evitará que las zonas concentradas sufran daños desproporcionados por la contaminación.

El proyecto de ley requeriría que la ciudad construyera un mapa detallado de las zonas en las que los residentes experimentan "una exposición excesiva a las toxinas o factores de estrés ambiental". 

Este análisis incluiría indicadores ambientales, climáticos, sanitarios y demográficos, creando una visión más matizada que el mapa de justicia ambiental del estado, que sólo examina la demografía racial y los índices de pobreza. 

"Filadelfia debe desempeñar un papel más fuerte en la protección de las comunidades que tienen más probabilidades de verse perjudicadas por la contaminación: las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de inmigrantes, las comunidades de color y los jóvenes", dijo Gym en una conferencia de prensa el miércoles 2 de febrero. 

Según el proyecto de ley, cuando las operaciones industriales en las zonas de justicia ambiental definidas por el mapa soliciten licencias o permisos, y los proyectos puedan afectar negativamente a la salud de los residentes cercanos, el Departamento de Salud Pública deberá realizar una evaluación del impacto.

El departamento de salud podría entonces utilizar los resultados de la evaluación para exigir que la operación incluya precauciones de seguridad adicionales, o denegar el permiso en su totalidad. 

Shawmar Pitts, organizador de estrategias del grupo de justicia medioambiental Philly Thrive, ha vivido toda su vida en Grays Ferry, cerca de la refinería de PES, ahora cerrada. Calificó la propuesta de Gym de "monumental".

"En nuestras comunidades, nunca recibimos protección de quienes deberían protegernos. En cada hogar de tu manzana hay alguien que padece cáncer. Alguien sufre una enfermedad relacionada con esta refinería de petróleo, y vas a los funcionarios de tu ciudad y no consigues que vean tu situación", dijo Pitts.

La recién creada Comisión Asesora sobre Justicia Medioambiental, cuyos miembros también se anunciaron el 2 de febrero, desempeñará un papel fundamental a la hora de orientar e informar sobre la aplicación de esta legislación. 

Según Gym, Filadelfia es una de las 25 ciudades más contaminadas del país. Las comunidades de bajos ingresos y las minorías son las más afectadas por los daños y peligros de la contaminación. 

"Esto convertirá a Filadelfia en un líder nacional en el avance de la justicia medioambiental y construirá un futuro habitable, respirable y saludable para nuestra ciudad. Los más afectados por la contaminación tienen derecho a estar informados y deben tener voz en las decisiones que afectan a sus vidas y comunidades", dijo Gym. 

Numerosos defensores de la justicia medioambiental asistieron a la rueda de prensa del miércoles y aplaudieron la propuesta de Gym, entre ellos PennFuture, POWER Climate Justice and Jobs Team y el Clean Air Council.

"La salud pública requiere evaluar TODOS los estratos de cargas tóxicas, no sólo un contaminante a la vez. Apoyamos esta legislación porque promueve la justicia racial y económica en un planeta habitable. Se trata de un paso largamente esperado para que la ciudad proteja adecuadamente la salud pública", dijo Frances Upshaw, cofundadora del equipo POWER Climate Justice and Jobs.