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Pictured: DHS Secretary Alejandro Mayorkas testifying before the Senate. Photo: Kevin Dietsch/Getty Images.
Las denuncias de discriminación racial y de abusos sistemáticos socavaron la legitimidad y la eficacia de la ley 287(g), lo que provocó la reacción de varias organizaciones. Foto:: Kevin Dietsch/Getty Images.

La ACLU insta a los altos cargos de Biden a poner fin a los acuerdos de control de la inmigración con la policía local

La administración puso fin a un acuerdo con una agencia policial local que tenía registradas prácticas xenófobas de abuso, violencia y discriminación racial.

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En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, actual Secretario de Seguridad Nacional, el grupo de la Unión Americana de Libertades Civiles instó al funcionario a poner fin a los acuerdos 287(g) en todas las agencias policiales locales. 

"La ACLU lleva mucho tiempo instando al gobierno a que abandone por completo el programa 287(g)", decía la carta. 

Dichos acuerdos permiten a las fuerzas del orden locales aplicar las leyes federales de inmigración a través de una serie de memorandos del gobierno federal. Las agencias autorizadas pueden llevar a cabo detenciones y retener a las personas más allá de su fecha de retención hasta que intervengan los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. 

Sin embargo, el programa ha sido objeto de controversia al surgir acusaciones de prácticas relacionadas con la elaboración de perfiles raciales, más que con la aplicación adecuada de las directrices del DHS. 

El Consejo Americano de Inmigración descubrió que, en varias agencias, el programa perjudicaba la relación entre las comunidades y el cuerpo de policía local. 

En abril de 2022, la ACLU publicó un informe titulado "License to Abuse: How ICE's 287(g) Program Empowers Racist Sheriffs and Civil Rights Violations" (Licencia para abusar: cómo el programa 287(g) del ICE da poder a los sheriffs racistas y a las violaciones de los derechos civiles), un informe que ofrece una revisión exhaustiva de los 142 socios del programa 287(g) de la administración Biden", revelando prácticas problemáticas en el 67% de las agencias. 

El informe también destaca las condiciones inhumanas encontradas en muchos de los centros de detención, así como un historial de declaraciones de eco de figuras políticas nacionales. 

La mayoría de los acuerdos no tienen fecha de caducidad, mientras que siguen funcionando con financiación federal, perpetuando las continuas tradiciones antiinmigración. 

Los continuos litigios han impedido que se introduzca o aplique cualquier esfuerzo real de reforma de la inmigración. 

"Con las directrices en el limbo continuo, ahora es un momento crítico para que usted evalúe otras formas significativas de proteger a las comunidades de inmigrantes de las detenciones y deportaciones indiscriminadas". 

Durante las elecciones presidenciales de 2020, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con grupos locales de defensa a puerta cerrada y prometió el fin de los acuerdos 287(g), una táctica utilizada para obtener un respaldo. 

"La plataforma de inmigración de Biden tiene políticas claras para la reforma de la inmigración, las protecciones laborales, el acceso a las pruebas para todas las personas y un verdadero alivio económico para los trabajadores y sus familias que luchan durante esta pandemia", dijo Christine Neumann-Ortiz, Directora Ejecutiva de Voces De La Frontera, un grupo de defensa de la inmigración, después de la reunión privada.

Dos años después, el mismo grupo se reunió pacíficamente frente a la residencia de Mayorkas, exigiendo el fin de los acuerdos 287(g), una medida a la que se había comprometido la administración. 

"Nos vemos obligados a hacerlo porque Biden y Mayorkas no han cumplido su promesa de poner fin a este programa racista y xenófobo", dijo Neimann-Ortiz en un comunicado.

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