¿Por qué Trump quiere ver tus redes sociales al solicitar una visa para Estados Unidos?
Usar las redes sociales de los solicitantes a visa para asegurar el proceso migratorio puede ser un arma de doble filo.
Una amiga venezolana me explicaba que, al no tener los papeles para poder quedarse legalmente en México, tuvo que aplicar por una visa de refugiada. Su único problema, a parte de la espera por el trámite, es que no puede moverse de Ciudad de México hacia otra ciudad del país o salir fuera de él.
Al solicitar una visa de refugiado en México solo es necesario facilitar un correo electrónico. En los Estados Unidos, la administración Trump ha pedido acceder a las redes sociales de cualquier solicitante de visa, no solo las que posean en la actualidad sino las que hayan abierto en los últimos cinco años.
El gobierno norteamericano adjudica esta medida al resguardo de la seguridad nacional, así como lo han hecho en innumerables ocasiones otros gobiernos norteamericanos: Bush, Reagan, etc.
“La seguridad nacional es nuestra principal prioridad a la hora de adjudicar solicitudes de visa”, aseguró el gobierno, haciendo referencia, por su puesto, a un concepto de seguridad que se basa en mantener alejados a los enemigos, ese basto concepto sin rostro llamado terrorismo.
Los solicitantes también tendrán que proporcionar cinco años de direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Estos requisitos, que anteriormente solo afectaban a los solicitantes marcados para la verificación adicional, ahora afectarán anualmente a 15 millones de solicitantes de visas.
Pues sí. Lo que dices en redes sociales puede ser censurado por los sesgos o por los prejuicios de otros, inclusive por los organismos de inmigración en Estados Unidos.
Aunque ISIS usa las redes sociales para incitar al yihad y las agencias logran encarcelarlos usando los mismos medios, en el caso de los civiles dar una opinión política a favor o en contra de la administración Trump mientras se está solicitando una visa, puede generar dudas al momento de expresarse y conseguir desde la presión migratoria la autocensura en redes sociales.
La censura también es una forma de coacción de libertades y en Estados Unidos podría ser una forma directa de censura según la I Enmienda de la constitución.
Otro punto importante en la obtención de estos datos personales es cómo van a ser usados. Si la data pasa a ser confidencial, que sería lo ideal, al ser posteriormente borrada no implicaría mayor amenaza.
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Sin embargo, si los gobiernos lo utilizan para segmentar en campañas de marketing político y utilizar los datos para afianzar discursos de odio en contra del enemigo, más bien acelera la destrucción de los espacios de diálogo y civismo democrático tanto en el espacio público como en el virtual.
Lo peor del caso es que esta medida pareciera no ser realmente efectiva.
Según afirmó Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, "no existe evidencia de que tal monitoreo de redes sociales sea efectivo o justo, especialmente en ausencia de criterios para guiar el uso de la información de las redes sociales en el proceso de adjudicación de visas".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado durante varios años las redes sociales para vigilar tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.
En un informe reciente desarrollado por este departamento en conjunto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos se expresó la preocupación sobre la eficacia de este tipo de monitoreo.
Programas pilotos del Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ya han demostrado que los evaluadores se enfrentan a desafíos al intentar que las personas se ajusten a sus perfiles correctos, debido al análisis y la interpretación del contexto en el que se realizan las publicaciones en redes sociales.
Sin embargo, en la censura siempre hay excepciones.
Solo los solicitantes de ciertos tipos de visas diplomáticas están exentos de los requisitos mientras el gobierno de Trump usa el vago y extenso término “actividades terroristas” para discriminar a los inmigrantes.
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