En el tranquilo municipio de Puerto Nariño, en Colombia, cruceros fluviales navegaban todo el tiempo llevando a los turista a ver delfines rosados. Un destino vacacional paradisíaco ubicado en la Triple Frontera amazónica a orillas de cuyo río las alumnas del Internado Indígena de San Francisco de Loretoyaco paseaban a la salida del colegio, mientras los hombres mayores las invitaban a navegar con ellos, prometiendo diversión y regalos. 

Así pescaban antes del inicio de la pandemia las redes de trata, que a menudo eran simplemente hombres de la zona que captaban a las chicas para ser explotadas en los locales de alterne que abundan, lo crean o no, en esta región de selva que limita con Atalaia da Norte, en Brasil, y Caballococha, en Perú.

Moverse libremente entre países en esta zona franca para el tráfico de personas es extremadamente sencillo gracias al río Amazonas. Con la llegada de la pandemia y el cierre de fronteras, se pensó que habría mucha más seguridad, pero las mafias han encontrado una brecha para recrudecer su explotación de la selva y sus habitantes, ociosos ahora que los negocios y las escuelas están cerrados y el turismo vive sus días más bajos, y sobre todo desesperados.

Los "prostibares" panamazónicos son negocios más pujantes incluso durante el confinamiento y están regentados por los traficantes de coca que a menudo cuentan, según la periodista Ana Palacios, cuentan con la ceguera voluntaria de los gobiernos locales.

“Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 km y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edad”, explica la profesora de la Universidad Católica de Costa Rica Ariana Díaz Acuña durante un encuentro digital. Díaz Acuña también apunta que aunque no todas las mujeres de la Panamazonia son indígenas, muchas de ellas son víctimas de la trata de personas, violencia y explotación sexual.  

Mientras que Fany Kuiru Castro, miembro de la comunidad murui y coordinadora de la sección de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana (OPIAC), recalca la importante labor que realizan grupos como el suyo en las comunidades indígenas del Amazonas para empoderar e impedir en lo posible que las mujeres sean víctimas de la explotación sexual. 

“Nuestra labor es dar a conocer a las mujeres indígenas sus derechos, a la soberanía alimentaria, a la alimentación sana y el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales”, asegura Fany. 

Igualmente lo hace Nathalia Forero, coordinadora de la RETP-Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera y antigua alumna del internado de Loretocayo, que detectó no sólo las situaciones de abuso y explotación sexual, sino también de mano de obra esclava. Más que eso, se dio cuenta de que “muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como parte de una economía de subsistencia”, cita la periodista.

“Vimos que es esencial trabajar en red, independientemente pero pensando en la Amazonia como en un todo conectado”, concluye Forero, que trabaja codo con codo con otros activistas para que la Triple Frontera de la Amazonia deje de ser un lugar donde  supervivencia sea sinónimo de violencia y opresión.

Historia original de Ana Palacios para El País.