GM dijo en un comunicado que "ayer, la planta de General Motors Venezolana (GMV) fue confiscada de forma inesperada por las autoridades públicas, impidiendo las operaciones normales".

La planta de montaje, situada en la ciudad de Valencia, no ha producido vehículos desde 2015 debido a las dificultades de importar componentes para su funcionamiento.

GM añadió que la confiscación ha provocado un "daño irreparable a la compañía, a sus 2.678 empleados, sus 79 concesionarios (la red de servicio mayor del país con más de 3.900 trabajadores) y sus proveedores".

El fabricante se comprometió a pagar a sus empleados prestaciones por la terminación de la relación laboral "hasta donde lo permitan las autoridades".

"GMV rechaza contundentemente las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades y emprenderá vigorosas acciones legales, dentro y fuera de Venezuela, para defender sus derechos", añadió la empresa.

La empresa terminó señalando que seguirá prestando servicio a los propietarios de vehículos de la marca a través de su red de concesionarios.