Los Mayas profetizaron el fin del mundo para 2012, y también se esperó para 2017. Lo que ninguno de sus mitos sobre el apocalipsis pudo precisar es qué quedará de las ruinas de sus templos y los útiles que dejó esta civilización en un futuro más bien cercano. Porque el mercado negro de piezas precolombinas sigue siendo, a pesar del empeño del depauperado gobierno guatemalteco, un negocio rentable para el contrabando.

Según reportó El Periódico, este mes de febrero la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural recuperó varias piezas de cerámica prehispánica y cuchillos de obsidiana y pedernal de un local de artesanías en Flores, una localidad cercana a las populares ruinas mayas de Tikal y Uaxactun.  

Un hecho aislado, dirían algunos. Pero de acuerdo a una investigación llevada a cabo por Insight Crime, este mercado negro que se inició en los años 60, cuando empezó a crecer el interés por el arte precolombino en todo el mundo, sigue siendo igual de próspero muy a pesar de que el expolio de patrimonio se pene con hasta 15 años de prisión. 

¿El motivo? La falta de presupuesto dedicado a la conservación y restauración de estos lugares por otra parte tan visitados. 

En un país donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema -unos 10 millones de personas-, su exhausto gobierno a duras penas pudo dedicar el pasado año 137 quetzales (el equivalente a 17,8 millones de dólares) a la preservación de un bien histórico que además es su mayor atractivo turístico. Una cifra “irrisoria” si se compara, según Insight Crime, con los 43 millones de dólares destinados a tal fin por el departamento de Cultura mexicano. Y sumándole a todo ello que, de acuerdo a la legislación de Guatemala, los objetos arqueológicos son propiedad del gobierno y su “responsabilidad”.

A los saqueadores de las ruinas arqueológicas se los conoce como “huecheros”. Cuando a principios de los 60’ se desató la Guerra Civil en Guatemala, las excavaciones quedaron abandonadas y las comunidades rurales vieron la oportunidad -tampoco les quedó otra opción- de hacer negocio por su cuenta con los enseres históricos de sus ancestros mayas. 

Así dio comienzo un mercado negro donde las piezas eran extraídas de las excavaciones y enviadas a intermediarios en países como México y Belice, que las vendían al exterior empleando helicópteros o incluso rutas agrícolas y militares ya establecidas. 

Hoy en día, y a pesar de que los controles se han extendido y endurecido la legislación, los contrabandistas han sabido cómo esquivar la seguridad aeroportuaria: Expoliando piezas de menor tamaño -joyas, tabletas, tallas…- que puedan pasar desapercibidas. Pero todavía hay más…

Unos 10 millones de personas viven en situación de pobreza o pobreza extrema en Guatemala.

Los investigadores advierten que el registro de piezas es ‘tramposo’, ya que “los coleccionistas pueden eludir el riesgo legal porque una vez se ingresa una pieza en el registro nacional su tenencia se legaliza”. 

Si en 2013 el que fuera director de patrimonio cultural del país, Carlos Mera, afirmaba que se había robado reliquias mayas en al menos 3.000 emplazamientos arqueológicos guatemaltecos, hace dos años las cosas no fueron mejor: Hasta seis excavaciones habían sido víctimas del expolio de acuerdo a fuentes de la fiscalía consultadas por IC. 

Las precauciones y la concienciación de los museos y coleccionistas privados no es suficiente. También se han encontrado piezas sustraídas ilegalmente en subastas europeas. 

Ahora bien, donde abundan es en las tiendas de artesanía como la de Flores aunque el gobierno pida que se evite su compra, que está penada con multas que asciende a los 1,300 dólares. 

La cuestión es qué puede hacer un país para proteger su patrimonio cuando los problemas sociales que arrostra son tan enormes como en el caso de Guatemala. 

¿No deberíamos implicarnos todos, ya que la historia precolombina es también la historia del mundo?