La decisión del presidente Biden de prohibir permanentemente nuevas perforaciones de petróleo y gas en gran parte de las costas de nuestro país es un acto audaz y valiente que celebramos. Si realmente queremos detener nuestra crisis climática, debemos ir aún más lejos.

Esta medida protegerá más de 625 millones de acres nuevos de océano de las perforaciones en alta mar y ampliará la zona de prohibición de perforaciones a 200 millas de la costa este, gran parte de la costa del Pacífico y el este del Golfo de México. Sin embargo, los proyectos de perforación masivos que Biden y el Congreso ya habían aprobado en las zonas ricas en petróleo de Alaska y en la zona central del Golfo de México, continuarán.

Valoramos que el presidente Biden haya cumplido sus promesas de frenar la producción de energía sucia, especialmente en tierras y aguas federales y que haya puesto en tela de juicio a la industria de los combustibles fósiles. Por ello, agradecemos al presidente, así como a los valientes activistas climáticos y legisladores que le han exigido cuentas durante los últimos cuatro años. Todos los que viven a lo largo de las aguas costeras se beneficiarán de esta acción.

El presidente electo Trump ya ha anunciado sus intenciones de desmantelar las iniciativas de energía verde donde pueda. Si bien el lema de “drill, baby, drill” (¡perfora, perfora!) puede entusiasmar a los seguidores de MAGA, extraer más petróleo y gas del suelo no hace nada para reducir lo que pagamos cada mes por la energía. Todo lo que hace es llenar los bolsillos de los empresarios que exportarán más combustibles fósiles para poder obtener ganancias a corto plazo.

Y cada día que demoramos la transición a la energía sostenible nos cuesta más: cada niño que nace hoy pagará hasta un millón de dólares a lo largo de su vida para compensar los crecientes costos de la vivienda, la alimentación y los seguros debido a los cambios climáticos. Se estima que los daños causados ​​por el huracán Helene, que azotó los estados del sur el año pasado, ascienden a 250.000 millones de dólares. En Hawái, 102 personas murieron cuando las llamas inducidas por el calor envolvieron repentinamente la ciudad de Lahaina en 2023. Y ahora mismo, en California, más de 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares después de que los incendios forestales envolvieron los barrios costeros en pocas horas.

Lo único que reduce los costos de la energía a largo plazo es invertir plenamente en energía limpia, confiable y renovable, como la eólica y la solar. E incluso si el próximo gobierno no hace nada para promover esta visión, la gente organizada puede insistir en que nuestros gobiernos estatales y locales lo hagan.

El estado de Nueva York acaba de aprobar una ley que obliga a las empresas de combustibles fósiles a pagar 75.000 millones de dólares para ayudar a compensar los costos generados por las condiciones climáticas extremas provocadas por el cambio climático, basándose en el éxito de una legislación similar en Vermont. Ahora, más estados están considerando medidas parecidas.

Los grupos de base liderados por sus miembros que constituyen la red nacional de People’s Action, como Citizen Action of New York y PUSH Buffalo, han estado en primera línea para exigir que los responsables de nuestra crisis climática paguen lo que les corresponde. Y el concepto mismo de “hacer que los contaminadores paguen” fue iniciado por “la madre de Superfund”, Lois Gibbs, en su innovadora defensa de las familias en Love Canal, en el norte del estado de Nueva York, que obligó, por primera vez, a los contaminadores a pagar por la limpieza de desechos tóxicos. La organización fundada por Gibbs, el Centro para la Salud y la Justicia Ambiental (CHEJ) es una de las nueve organizaciones nacionales que se fusionaron para formar People’s Action en 2016.

Los miembros de Pennsylvania Stands Up abogaron con éxito por la creación del programa Whole Home Repairs, que ha utilizado dinero de la IRA para pagar mejoras que respetan el medio ambiente en viviendas familiares en todo el estado. En Texas, el Workers Defense Project se organizó para ganar 249,7 millones de dólares para financiar instalaciones solares residenciales, a raíz de las fallas de la red eléctrica inducidas por el calor. Y grupos como la Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN) y el West Virginia Citizen Action Group (WVCAG) están organizando a los contribuyentes para que se opongan a las empresas de servicios públicos como NV Energy y AEP Energy que buscan cobrar más a las familias trabajadoras para que puedan mantener en funcionamiento las sucias plantas de carbón y construir nuevas plantas de gas, incluso cuando las alternativas renovables son más baratas tanto para los productores como para los consumidores.

Nuestra emergencia climática no va a desaparecer, y nosotros tampoco. Por eso debemos seguir organizándonos a través de iniciativas como estas y presionar a nuestros representantes en todos los niveles de gobierno para que promulguen las medidas que nos avanzarán en el camino hacia una energía más limpia y más barata para todos.