El procurador general Jeff Sessions y el Departamento de Justicia desaprueban el trato preferencial en el ingreso a las universidades, porque parecen creer en el cuento de hadas de la llamada discriminación inversa. Les preocupa que se prive sistemáticamente de sus derechos a los hombres blancos y se les impida el ingreso a instituciones de enseñanza superior de Estados Unidos exclusivamente por el color de su piel. 

Por haber pasado algo de tiempo en Ivy League y por haber dado charlas en muchos campus universitarios desde entonces, me complace informarles que eso no ocurre. De hecho, hay un gran suministro de hombres blancos en los campus de elite, como también en los puestos de trabajo prestigiosos y bien remunerados. Les va de lo más bien. 

El gobierno sin duda propone basarse en el mérito y objeta la idea de actuar afirmativamente para dar una ayuda a los que pueden tener dificultades en la competición directa porque las condiciones son desiguales. 

Pero cuando se pasa al tema de la inmigración, el Equipo Trump revierte su curso. Defiende la acción afirmativa para darle una mano a los estadounidenses de la clase obrera, que piensan que no pueden competir directamente con inmigrantes no especializados porque las condiciones son desiguales. La solución conveniente es impedir el ingreso de los inmigrantes, incluso si siguen las reglas y vienen legalmente. 

A propósito, esos trabajadores de la clase obrera quizás sean sobrepasados por los otros, pero aun conservan su orgullo, que no les permite admitir que el motivo por el que a menudo pierden en esa competencia no es sólo porque los inmigrantes a menudo trabajan por salarios más bajos, sino también porque los trabajadores extranjeros a menudo trabajan más que ellos, pura y simplemente. 

En un intento por mostrar su amor por el atribulado trabajador estadounidense, el presidente Trump expresó su pleno apoyo a una legislación restriccionista medieval del Senado. La Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Mayor Empleo (RAISE por sus siglas en inglés) reduciría a la mitad el número de tarjetas verdes, de 1 millón al año a alrededor de 500.000, en el curso de la próxima década, y crearía un nuevo sistema de puntaje que prioriza la especialización, la educación y la capacidad de hablar inglés--lo que hace que ingresar en Estados Unidos sea casi tan difícil como hacerlo en una universidad de elite. 

¿Recuerdan cuando chequeábamos los resultados de los SAT de inmigrantes alemanes, irlandeses, italianos y judíos antes de permitirles entrar en el país en los dos últimos siglos? Sí, yo tampoco. Porque nunca ocurrió. 

Los co-patrocinadores de la propuesta de ley, Tom Cotton, de Arkansas, y David Perdue, de Georgia, son republicanos pero suenan como demócratas. Parecen haber aceptado la idea de que el mundo le debe a los trabajadores estadounidenses su manutención, y que modificar la inmigración es la manera de hacerlo. 

Cotton, que tiene dos títulos de Harvard pero no es más sabio por eso, afirma que la política migratoria de Estados Unidos tiene dos propósitos: mejorar la vida de los trabajadores estadounidenses y promover el crecimiento económico. Según Cotton, el actual sistema--en que se adjudican tarjetas verdes sobre la base del país de origen, la especialización, la reunificación familiar y otros factores--no logra ninguno de los dos. 

Está totalmente equivocado. Los inmigrantes de la actualidad mejoran a los estadounidenses porque los obligan a trabajar más arduamente y rebuscárselas más, incluso si a los trabajadores nacidos en el país a veces eso les molesta. Y todo el que piense que los inmigrantes no alimentan el crecimiento económico debe pasar sólo un día en el campo, donde yo me crié. Los inmigrantes ganan sus salarios y bombean dinero a las empresas locales, mientras enriquecen a las compañías que obtienen ganancias y pagan impuestos. Todo eso contribuye al crecimiento económico. 

Es extraño que Trump parezca ahora gustar de la idea de mantener a los inmigrantes legales fuera. Solía decir que el muro fronterizo que propuso sería “una gran puerta, muy bella, porque queremos que los legales entren de nuevo al país.” Y en mayo de 2017, Trump expresó a la revista The Economist que no quería reducir la inmigración legal porque “queremos que la gente venga legalmente.” En otras palabras, el presidente estuvo a favor de la inmigración legal antes de oponerse a ella. 

La Ley RAISE es una idea terrible. Es injusta, inoperable, y--peor que todo--profundamente anti-estadounidense. Este país tiene bastantes problemas. La inmigración legal no es uno de ellos.