El ejemplo más reciente de esa crueldad y la estupidez de Trump, sus secuaces y aduladores es su plan para cambiar las reglas de vivienda pública a fin de intensificar la persecución a las familias indocumentadas, expulsando a miles de ellas de sus hogares. El hecho de que muchas de esas familias queden sin techo y que, lo que es peor, más de 55,000 niños que son residentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos sean víctimas de tal medida no tiene ningún impacto en la decisión de Trump y sus aliados.

Las consecuencias humanas desastrosas de esta norma han sido reconocidas incluso por HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano). No es de sorprender que Stephen Miller, el abiertamente racista asesor de Trump, sea quien impulsa la idea. Ben Carson, el inefable secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, demostrando una vez más su fallida brújula moral, lo ha respaldado con entusiasmo.

A los inmigrantes indocumentados se les excluye de las viviendas federales, pero las familias con estatus de inmigración mixta, es decir, con un hijo nacido en los Estados Unidos o un cónyuge ciudadano actualmente son elegibles. Sin embargo, la nueva regla eliminaría esa disposición, promulgada para mantener unidas a las familias, y requeriría que cada persona en el hogar tenga un “estado de inmigración elegible”.

“Decenas de miles de niños muy pobres, en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos, podrían ser desalojados y quedar sin hogar debido a esta regla, y - por la propia admisión de HUD - no habría ningún beneficio para las familias en la lista de espera”, dijo Diane Yentel, presidenta de la Coalición Nacional de Viviendas para Personas de Bajos Ingresos.

Según lo informado por el Washington Post, y de acuerdo con HUD, cerca de 25,000 hogares tienen al menos un miembro no elegible. Representan a unas 108,000 personas, la mayoría de ellas en California, Texas y Nueva York. Sin embargo, como HUD ha admitido, el 70%, o 76,000 de esas personas, 55,000 de ellos niños, son legalmente elegibles para recibir beneficios.

“Lo que hace que esta propuesta parezca extraordinariamente cruel es que mira hacia atrás a las familias existentes que pagan su renta y hacen lo que se supone que deben hacer”, dijo a The Post Adrianne Todman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Vivienda y Reurbanización. “Ni siquiera estoy segura de cómo lo vería un juez, porque cuando usted desaloja, debe tener algún tipo de causa”.

La nueva medida ya enfrenta una fuerte oposición liderada por la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (House Financial Services Committee), Maxine Waters. Waters y otros 20 congresistas demócratas enviaron el viernes pasado una carta condenatoria a Carson.

“Esta regla es otra propuesta más de HUD bajo su liderazgo que contradice fundamentalmente la misión de la agencia de ‘crear comunidades sólidas, sostenibles e inclusivas y viviendas asequibles y de calidad para todos’”, escribieron los demócratas. “Esta fijación cruel e innecesaria en las esforzadas familias inmigrantes solo contribuye a los patrones históricos de desigualdad, que en última instancia obstaculizan el mercado de la vivienda de los EE. UU. y la economía estadounidense”.