Colombia lleva décadas tratando de resolver el fuerte impacto del narcotráfico en todos los ámbitos. Lo social, lo político y lo económico han sido atravesados por este multimillonario negocio, con gran incidencia en las regiones más apartadas del país. La corrupción, los miles de muertos y la grave afectación ambiental hacen parte del balance. 

Por supuesto, Estados Unidos hace parte del problema y de la solución. Del problema, porque buena parte del mercado de consumidores están en ese país. Y la solución, porque es ineludible contar con su apoyo para lograr una solución integral.

El gobierno de Biden parece haberse orientado a ese tipo de salida. El cambio en la política antidrogas hacia Colombia, anunciada el pasado 25 de octubre, apunta no solo a llevar ante los jueces a los narcotraficantes y a luchar contra el lavado de dinero, sino que también considera acciones como el desarrollo de zonas campesinas y la protección del medioambiente. 

En este último aspecto, rompe con la decisión del gobierno colombiano de fumigar los cultivos de uso ilícito con glifosato, fuertemente cuestionada por sectores que entienden el daño ambiental y en la salud de quienes viven en las áreas donde se lleva a cabo.

En un comunicado, la Casa Blanca señaló que la estrategia “establece el marco para definir medidas más amplias de éxito para los esfuerzos antinarcóticos en las comunidades rurales para incluir métricas sobre el acceso a los servicios estatales, la presencia institucional, los ingresos para los productores lícitos, así como la erradicación de la coca”.

"El propósito es mejorar las condiciones de vida de los campesinos"

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2019, reveló que el 66,5 % de los cultivos de coca está concentrado en el 5 % de territorios afectados históricamente por problemas estructurales y por la guerra misma.

Lo que más llama la atención del anuncio de Estados Unidos es que se tiene en cuenta el primer punto del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), firmado hace cinco años, el cual señala los aspectos de una reforma rural integral. El propósito es mejorar las condiciones de vida de los campesinos y tener una presencia efectiva del Estado en zonas que están en poder de grupos armados ilegales, la mayoría asociados a carteles de la droga.

Durante el gobierno actual de Iván Duque, perteneciente al partido del expresidente Álvaro Uribe, se ha dado un frenazo a la implementación de ese acuerdo de paz y la situación rural es cada vez más crítica.

La decisión de la administración Biden va en clara contravía de las convicciones del gobierno colombiano, al que le quedan nueve meses de gestión, que no está bien parado con la Casa Blanca y que sigue creyendo en la guerra infinita contra el narcotráfico sin considerar la base social que les sirve a los carteles.

Para varios comentaristas de la situación colombiana, el giro en la política antidrogas abre una puerta esperanzadora para cambiar las condiciones que llevan a miles de campesinos a acudir a los cultivos de uso ilícito y que son los últimos en la fila de prioridades del Gobierno.