Sin embargo, en el ámbito domestico se disparó un elemento subestimado de la agenda de Trump, con implicaciones peligrosas para el futuro de Filadelfia y Estados Unidos.

Ese elemento es la apuesta deliberada y retorcida por una justicia federal integrada por fervientes conservadores.

Ese elemento ha llevado a dos respetados expertos legales de Filadelfia a advertir sobre los terribles tiempos que se avecinan para las minorías en lo que atañe a los derechos fundamentales que se les garantizaron durante décadas de luchas, lo cual incluía fallos favorables en las cortes federales que hicieran cumplir y sostuvieran esos derechos.

“Para los jóvenes será nadar río arriba, con muchos obstáculos en el camino”, dijo el ex juez de Filadelfia, Nelson Díaz.

Con miras a un futuro en el que Trump instale jueces federales que dicten fallos sobre asuntos cruciales, Díaz, el primer abogado y el primer juez latino en Pensilvania, dice: “El sistema legal no otorgará las oportunidades que antes tuvimos”.

Las escogencias judiciales de Trump están erosionando la ya limitada diversidad racial y de género de la magistratura federal, donde sólo 70 de los  723 jueces son latinos.

Un análisis, de finales de abril de 2018, de los nominados judiciales confirmados por el Senado de Estados Unidos  encontró que entre ellos no hay latinos, ni afroamericanos ni nativos americanos. Treinta de los 33 juristas confirmados eran blancos y tres tenían ascendencia asiática.

A pesar de la intolerancia de Trump, Berry no cree que Estados Unidos esté retrocediendo a los años 30, cuando el racismo se sancionaba de forma flagrante por la ley.

La profesora de la Universidad de Pensilvania, autora notable y una respetada experta legal, dice que los jueces de Trump, que ascienden de los juzgados distritales federales a la Corte Suprema de EE.UU., dificultarán con seguridad que quienes no son blancos ganen demandas por discriminación laboral y obtengan admisiones en instituciones de educación superior de élite.

“Harán cambios de forma educada y de manera muy sofisticada”, dice Berry, la primera mujer negra en ocupar una silla en la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.

A pesar de la intolerancia de Trump, Berry no cree que Estados Unidos esté retrocediendo a los años 30, cuando el racismo NO se sancionaba abiertamente por la ley.

Despite Trump bigotry, Dr. Berry doesn’t think things in America are “going back to the 1930s” when racism was blatantly sanctioned by law.

Los nominados por el presidente Trump para ocupar cargos de por vida en la judicatura federal, blancos y hombres en una mayoría abrumadora, comparten su actitud hostil hacia el respeto de los derechos de quienes históricamente han tenido bloqueado el acceso igualitario al abovedado Sueño Americano.

Como Trump, sus nominados judiciales (muchos calificados por expertos legales como no aptos) alegremente desechan la evidencia de que la discriminación racial es un realidad que debilita a los no blancos y a los blancos pobres.

Quién ocupe las judicaturas federales no es un tema esotérico.

El abogado conservador del este de Pensilvania a quien Trump nominó para un asiento en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito Federal con sede en Filadelfia, espera por la aprobación de los senadores republicanos.

El currículo de este abogado incluye haber sido co-fundador de una organización que de forma activa se opuso a ascender a Sonia Sotomayor a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde ella, nominada por el presidente Obama, se convirtió en la primera juez de una corte superior en tener ascendencia hispana.

La reciente objeción bipartidista a un nominado por Trump para servir en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito forzó a la Casa Blanca a retirar su candidatura. Este nominado había tratado de ocultar escritos antiguos con contenido racista, misógino y denigrante de las sobrevivientes de abuso sexual.

La juez Sotomayor calificó una vez a la falta de diversidad racial y de género en la magistratura general como “un inmenso peligro para la sociedad estadounidense”.