Joe Biden se comprometió a buscar una solución integral al problema migratorio y así obtuvo la simpatía de muchos votantes. Pero en los hechos no ha sido suficiente. 

El Gobierno no pudo demostrarle a la Corte Suprema que el programa “Quédate en México” era un atentado contra uno de los principios básicos de los derechos humanos, pues la figura del asilo no es un privilegio, es un derecho legal.

La Corte decidió revivir el programa –oficialmente conocido como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP)- creado durante la administración Trump para hacerle una zancadilla a la migración. Con eso, el programa, suspendido días después de la posesión de Joe Biden, debe volver a escena de manera inmediata. Triunfo para Trump, cortesía de una Corte consolidada por él. La idea principal de ‘Quédate en México’ es enviarlos de regreso a ese país y no permitir el ingreso a solicitantes de asilo hasta que los casos se resuelvan.

Los pueblos nómadas ya acogían a los “extranjeros” que huían por distintas razones. Y en Grecia, asylos significaba “templo inviolable” o  “sitio donde nadie puede ser molestado”.

Los pueblos nómadas ya acogían a los “extranjeros” que huían por distintas razones. Y en Grecia, asylos significaba “templo inviolable” o  “sitio donde nadie puede ser molestado”.

Hasta en la Edad Media, un periodo tan privativo de las libertades, se practicaba el asilo religioso en los monasterios. Ya desde la Revolución Francesa tuvo un carácter más político. 

Tampoco es que los países estén haciendo “un favor” aceptando a personas que los solicitan. Esta figura está consagrada en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención de Ginebra. 

Sí, es cierto que vivimos en tiempos de crisis migratorias masivas, pero hasta los estados más cuestionados en temas de derechos humanos tienen que aceptar estas disposiciones básicas: los solicitantes deben recibir un trato justo, elegir libremente el lugar y, sobre todo, se prohíbe la expulsión o deportación de refugiados a zonas donde su vida corre peligro.

Los afectados no son solo mexicanos. Hay miles de familias de Venezuela, Honduras, México, Guatemala y El Salvador, que han sido devueltas o han quedado estancadas en zonas peligrosas, donde han sufrido secuestros, asaltos, separaciones familiares, según el National Immigrant Justice Center.

Desde 2019, el gobierno de Trump, amparado en este programa, envió de regreso a unas 68,000 personas a México. Esto sin contar con otras medidas contra los inmigrantes, como el desmonte del DACA o las prisiones para migrantes que Biden tampoco ha podido reversar.