Los demócratas y los republicanos afirman que el Estado Dorado ofrece “santuario” a inmigrantes ilegales por medio de la creación de espacios seguros que, de alguna forma, escapan al alcance de los agentes de inmigración federales. Los políticos también promueven la idea de que los departamentos del sheriff y de la policía a menudo niegan a esos agentes acceso a las cárceles locales o no advierten a funcionarios de inmigración cuando un sospechoso de ser inmigrante ilegal queda libre y vuelve a la comunidad--incluso si les piden que lo hagan. 

Todo eso es una mezcla de mentiras y de verdades a medias. Dejando de lado el simbolismo y la histeria política, no hay ciudad, pueblo ni condado en Estados Unidos, en que la ley de inmigración federal no se aplique y donde los agentes no puedan entrar abruptamente para imponer esas leyes. 

Además, aparte del estado de Texas--que recientemente aprobó una ley para obligar la cooperación entre jurisdicciones--los oficiales de seguridad locales y estatales no tienen obligación alguna de ayudar a sus hermanos federales a realizar sus tareas, especialmente si eso destruye la confianza de la comunidad que ellos necesitan para llevar a cabo las tareas propias. 

Además, si los funcionarios de inmigración desean aprehender a una persona que está en una cárcel local, pueden obtener a esa persona por medio de una orden de arresto. A menudo, no quieren tomarse el trabajo, lo que indica a los oficiales locales que no necesitan a ese detenido tan urgentemente. 

Aun así, la mentira del santuario se promueve porque ayuda a sostener narrativas políticas. Los liberales desafían al gobierno de Trump mientras engañan a los latinos y a otros defensores de los inmigrantes, haciéndoles pensar que están de su lado. Y los conservadores pueden señalar esos santuarios como prueba de que la izquierda está a favor de los que quiebran la ley y de que sólo se puede confiar en ellos para mantener la seguridad del país. 

En California, los legisladores demócratas están preparados para aumentar el engaño aprobando una ley que declararía todo el estado como santuario. La propuesta de ley 54, del Senado, prohibiría específicamente la cooperación con los funcionarios de inmigración federales. También prohibiría que las fuerzas de seguridad estatales y locales utilizaran sus recursos para ayudar a los agentes federales a detectar, detener y deportar a los indocumentados. 

El Departamento de Justicia tiene un problema con ese abierto acto de desafío y por tanto, amenaza con retener 18 millones de dólares en fondos para las fuerzas del orden, que de otra forma irían al estado de mayor población de la nación. 

Una jugada extraña del gobierno. El Fiscal General Jeff Sessions ya demostró ser incoherente en el asunto del control local; anuncia a gritos la autonomía de los departamentos de policía locales cuando los libera de la supervisión federal de derechos civiles, pero pisotea esa misma autonomía cuando condena las ciudades santuario. Ahora Sessions muestra también su falta de lógica; cree que todo lugar que ofrezca santuario a inmigrantes ilegales pone en riesgo a la sociedad, pero no se da cuenta de que negar a la policía fondos gubernamentales para comprar chalecos anti-bala y otro equipo de seguridad puede tener el mismo efecto. 

El procurador general de California, Javier Becerra--que sirvió en el Congreso durante más de 20 años y a quien sin duda le gustaría ser gobernador o senador de Estados Unidos--anunció que, si Sessions retiene esos fondos, California demandará al gobierno federal. Según Becerra, retener fondos del estado para obligar a que se cumplan las políticas del gobierno viola la Constitución de Estados Unidos. 

Mientras tanto, todo el asunto podría ser irrelevante. Durante una reciente aparición en el programa de NBC, “Meet the Press”, el gobernador demócrata, Jerry Brown, indicó que, después de todo, quizás no firme la propuesta de ley de santuario debido a inquietudes con respecto a la manera en que está redactada. 

No lo crean. El motivo real tiene que ver más con la política, que ha sido la principal actividad de Brown desde 1969, cuando fue electo para ocupar un escaño en la Junta de Fideicomisarios del Colegio Comunitario de Los Angeles. Brown, que tiene 79 años, vivió épocas en que su partido fue pintado como blando con el comunismo, en defensa y delincuencia. 

Probablemente no tiene deseo alguno de agregar inmigración ilegal a esa lista. Por eso es comprensible que se muestre receloso con respecto a SB 54, cuyo principal objetivo parece ser pinchar al gobierno. 

Sin embargo, Brown parece querer mantener la fe en el liberalismo. Ha dicho que quiere ayudar a los inmigrantes indocumentados quienes--con llanto, sudor y lágrimas--han brindado mucho al Estado Dorado. 

Brown probablemente intentará alcanzar un equilibrio. Pero mi sensación es que el gobernador vetará la propuesta de ley para obligar a que se produzcan los cambios que él quiere ver. 

Aquí en California, cuando hablamos de las llamadas ciudades-santuario, la protección quizás sea falsa, pero la política es real.