Con disculpas a “Apocalypse Now”, me encanta el tufillo a reivindicación por la mañana.

El gobierno de Trump planea dirigir su atención y escrutinio a una serie de ciudades, adjudicando más agentes y recursos a esas localidades.

Lo cual no es problema. Aunque me opongo vehementemente a que políticos conservadores hagan uso de fuerzas de seguridad locales y del estado para imponer la ley de inmigración, éste no es el caso. Se trata aquí de agentes federales que impondrán leyes federales. Ése es su trabajo. 

El director en ejercicio de ICE, Thomas Homan—que calificó todo el concepto de las ciudades santuario de “ridículo”—no parece estar interesado en política en absoluto. 

En cambio, Homan se especializa en sentido común. Dejó ese punto en claro durante una entrevista reciente con el Washington Examiner. 

“Lo que quiero lograr es una clara comprensión por parte de todos, desde los legisladores a los políticos, las fuerzas de seguridad y los que entran ilegalmente, de que ICE está abierto y en funcionamiento,” dijo. “Impondremos las leyes que están en los libros sin disculpas. ... Ya no está bien violar las leyes de este país. Tendrán que rendir cuentas.” 

Me sentiría mejor si Homan estuviera igualmente comprometido a pedir cuentas a un grupo de gente que puede defenderse con abogados, contadores y especialistas de relaciones públicas: los empleadores de los inmigrantes ilegales. Esos son los “intocables”. 

Aún así, Homan está en lo correcto cuando propaga el mensaje de que todo el que está en el país ilegalmente debe preocuparse por ser deportado. Entre ellos, los que viven en la llamadas ciudades santuario. 

“En el Estados Unidos en que me crié, las ciudades no protegían a los que violaban la ley,” dijo en una entrevista. 

Homan puede estar tranquilo. A pesar de lo que se oye en los medios conservadores, las ciudades no protegen a la gente contra ICE. E—irónicamente—esta reciente campaña lo demuestra de una vez por todas. 

Lo que me dio ese sentido de reivindicación. 

En los últimos dos años—desde que ocurrió el horrible asesinato de Kate Steinle, de 32 años, en manos de un inmigrante ilegal en San Francisco, en julio de 2015 y provocó indignación nacional sobre las ciudades santuario—discutí con estúpidos republicanos que afirmaban que funcionarios demócratas habían construido una fortaleza impenetrable para proteger a los indocumentados. 

Son tonterías. He dicho todo el tiempo que, aunque el gobierno federal puede indicarles a las ciudades lo que deben hacer, lo opuesto no es cierto. Las autoridades federales pueden ir donde les plazca y no hay ningún lugar en Estados Unidos en que los indocumentados puedan evitar la deportación. También sostuve que toda la idea de las ciudades santuario es un fraude creado por funcionarios demócratas de nivel local, que gustan fingir que son más poderosos de lo que realmente lo son, y que los republicanos fueron suficientemente crédulos y cayeron en esa distracción. 

Ahora, gracias a la decisión del gobierno de Trump de invadir esencialmente las ciudades santuario—Los Angeles, San Francisco, Nueva York, Seattle, Chicago, Philadelphia, etc.—se ha demostrado que yo tenía razón. Y que los republicanos no estaban en lo cierto. La fortaleza es de papel. 

Los demócratas no pueden darse el lujo de la complacencia. La campaña también tuvo el efecto de mostrar que su estratagema es falsa. Tendrán que encontrar otra manera de engañar a los grupos pro-inmigrantes para que piensen que los demócratas están de su lado. 

Mientras tanto, en lugar de admitir su equivocación, los republicanos han producido otra definición de “ciudad santuario”. Ahora aplican el término a toda localidad que “limita la cooperación” con las autoridades de inmigración federales. 

Un segundo. En la mayoría de los lugares, la policía local y del estado no tiene obligación legal de estar a disposición de sus colegas federales. Eso se aplica particularmente en casos en que ayudar al Tío Sam dificulta las tareas específicamente asignadas a ellos: proteger y servir a sus comunidades. 

Texas es la excepción. Es ahora el único estado del país que estableció sanciones penales y civiles para las entidades gubernamentales y de seguridad locales que no cumplan con leyes de inmigración y con los pedidos de detención del gobierno federal. Pero eso sólo reafirma el punto de que—en los otros 49 estados—ese requisito no existe. De lo contrario, el estado de la Estrella Solitaria no habría tenido que aprobar ese tipo de ley. 

Los conservadores siempre alardean del apoyo que brindan a sus fuerzas de seguridad locales. Oponerse a la tonta guerra del gobierno de Trump contra las míticas ciudades santuario, sería un buen comienzo.