Un nuevo informe detalla las acusaciones de represalias a nivel nacional por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y ahora los grupos de defensa de los inmigrantes y los organizadores están pidiendo a la administración de Biden que actúe.

El informe, preparado por la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, y los organizadores a nivel nacional encontró que los funcionarios federales participan regularmente en una "campaña sostenida de vigilancia y represión de ICE contra grupos de defensa y activistas".

Citó una recopilación de entrevistas, presentaciones judiciales y documentos obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y documenta una gran cantidad de denuncias de casos de represalias y vigilancia en todo el país, donde activistas de derechos de los inmigrantes dicen haber experimentado intimidación, ataques y en algunos casos, deportación por su predominio en los círculos de defensa.

En estos casos, los agentes de ICE siguieron, fotografiaron y monitorearon la actividad en las redes sociales de activistas que participaron en protestas u otra defensa pública, a veces en violación de la ley estatal.

Los agentes de ICE lanzaron redadas de inmigración, dirigidas explícitamente a estas personas. Los agentes sometieron a las personas a un proceso de deportación y, en un caso, arrestaron a 20 miembros de una organización de derechos de los inmigrantes tras los intentos de la organización de romper los lazos entre la policía local y el ICE.

Los hallazgos del informe son preocupantes, no solo para los grupos de derechos de los inmigrantes, sino también para las personas por las que defienden. Las acciones de ICE sugieren que el gobierno federal está usando abiertamente su poder para tomar represalias contra estas comunidades.

Genera serias preocupaciones de que ICE esté castigando a las personas por actividades protegidas por la Primera Enmienda.

El informe documenta las represalias cometidas contra personas asociadas con cinco grupos de derechos de los inmigrantes: Liderazgo de base, Comunidades organizadas contra las deportaciones, Comunidad Colectiva, La Resistencia y Justicia migratoria.

"Este patrón de represalias no implica a unos pocos agentes de ICE diseminados por todo el país", dijo a AL DÍA Jacinta González, organizadora principal de campaña en Mijente. “Es una burla de nuestra Primera Enmienda si los activistas pueden ser vigilados, encarcelados y deportados por nada más que protestar por los abusos cometidos por el gobierno”.

Agregó que la administración de Biden debería prohibir este tipo de represalias en su próximo memorando de cumplimiento para ICE.

“Es imperativo que el Secretario de Seguridad Nacional lo haga y emita directrices que prohíban este acoso selectivo de activistas”.

A pesar del peligro de organizarse contra el ICE, especialmente para aquellos que son indocumentados, los grupos de defensa han dejado en claro que no se detendrán.

“Nuestro trabajo es hacer pública toda la brutalidad del sistema de detención migratoria”, dijo Maru Mora Villalpando, de La Resistencia, en un comunicado. "Las represalias de ICE solo nos hicieron más fuertes y más comprometidos a continuar nuestro trabajo para poner fin a todas las detenciones y deportaciones".

Si bien el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, ha dicho que las represalias por parte de ICE son "inaceptables" en el pasado, los activistas dicen que todavía hay motivos sustanciales para preocuparse por las represalias y la vigilancia.

Es por eso que están pidiendo a la administración de Biden que intervenga.

"Estos casos muestran que las represalias son sistémicas, por lo que la administración debe tomar medidas inmediatas para detenerlas. Seguir a las personas a las reuniones, registrar sus cuentas de redes sociales, arrestar a sus amigos y familiares: esto es acoso y abuso, acciones totalmente inaceptables para una agencia gubernamental. ”, dijo González.

Con el próximo memorando de aplicación de ICE, la administración tiene la oportunidad de instituir y abogar por una variedad de intervenciones de política para proteger a los defensores y abordar los efectos dañinos de las tácticas de ICE. ¿Pero lo hará? Esas tácticas incluyen el ejercicio de la "discreción fiscal a favor de los organizadores y activistas civiles, laborales y de derechos humanos".

Los autores del informe también ofrecen varias recomendaciones de política para que la administración las considere, desde llevar a casa a activistas y organizadores inmigrantes que han sido atacados y deportados debido a su afiliación con el trabajo de defensa, hasta poner fin

vigilancia masiva de activistas de inmigración, organizadores y protestas en general.

"El DHS ha utilizado intrusivas herramientas tecnológicas modernas y botas sobre el terreno para participar en una vigilancia generalizada de activistas inmigrantes, organizaciones dirigidas por inmigrantes y protestas en todo el país", se lee en el informe.

La lista completa de recomendaciones enumeradas en el informe se puede encontrar aquí. 

El objetivo, dice el informe, es “re-visualizar” el sistema de inmigración en su forma actual, lejos de tratarlo como una extensión del sistema de justicia criminal.

“Abolir las agencias de control de inmigración”, en otras palabras, ICE, es el objetivo a largo plazo de estos grupos, y sostienen que el patrón de vigilancia y represalias detallado en el informe amerita el llamado a la abolición.