Desde el 20 de marzo de 2020, los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos en busca de una vida mejor han sido enviados de regreso a México o sus países de origen. Esto se lleva a cabo bajo una sección de la ley de salud de los EE. UU., conocida como Título 42, que la administración anterior implementó para conseguir el cierre de la frontera a los solicitantes de asilo.

Después de que se emitiera la orden, la policía fronteriza empezó a rechazar a los migrantes que llegaban a la frontera, obedeciendo al acuerdo conjunto alcanzado con el gobierno mexicano en marzo de 2020 para comenzar a expulsar a la mayoría de las familias y adultos solteros mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, y devolverlos a México.

Uno de los principales problemas que genera esta ley es la enorme cantidad de personas no-mexicanas que son enviadas allí, incluidos los solicitantes de asilo haitianos, quedándose atrapados en una nación extranjera.

Aquellos que no son enviados a México son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y regresan a sus países de origen sin opción de asilo. Durante meses, miles de haitianos que buscaban asilo fueron devueltos por la fuerza a Haití sin la opción de asilo hasta que la indignación pública obligó a la administración Biden a detener esta práctica.

Las expulsiones constantes han cobrado su precio en las comunidades fronterizas y, a menudo, se habla de cómo las afectan las expulsiones del Título 42, desde la transformación de pueblos en zonas militarizadas a la presencia constante de CBP.

Durante años, los residentes fronterizos se han opuesto abiertamente a la militarización de sus comunidades.

"El presidente Biden tiene finalmente la oportunidad de atender esas llamadas, retirando a todo el personal y equipo militar de la frontera de inmediato", escribió el representante de Arizona Raúl Grijalva en un comunicado en marzo.

Dijo que la falta de desmilitarización de estas zonas politizará aún más a los militares. En cambio, escribió Grijalva, la nación debería invertir en las propias comunidades fronterizas, pero no mediante el despliegue de miles de soldados, a lo que los residentes se han opuesto.

Estas son preocupaciones válidas y constantes, pero en este lado de la frontera se habla poco de las condiciones en las que viven las comunidades fronterizas en el otro lado. 

El pasado 22 de junio salió a la luz un nuevo estudio realizado por Global Response Management, miembro de la campaña #WelcomeWithDignity y proveedor de atención médica a migrantes y solicitantes de asilo en México desde 2019, que analiza este tema. 

El informe documenta el impacto que ha tenido el Título 42 en el estado fronterizo mexicano de Tamaulipas. La investigación examinó las circunstancias que enfrentan los migrantes a diario en los pueblos fronterizos de Matamoros y Reynosa.

El informe plantea la pregunta crítica de si algo ha cambiado realmente desde que Biden asumió el cargo.

“La administración Biden-Harris ha tomado medidas para poner fin a las dañinas políticas migratorias actuales, sin embargo, las medidas contextuales del COVID-19, como el cierre de la frontera y las expulsiones bajo el Título 42, continúan poniendo en peligro a la población migrante, que crece constantemente en estos pueblos ”, se lee en el estudio.

Según el informe, había 25,000 casos activos de MPP cuando la administración Biden anunció la suspensión de la política “Remain in Mexico” (“Permanezca en México”) en febrero de 2021. Desde entonces, el estudio encontró que más de 11,700 personas han sido procesadas y aceptadas en los Estados Unidos, más de 2,300 de las cuales eran de Matamoros e incluían a centenares que habían pasado muchos meses viviendo en tiendas de campaña a orillas del Río Grande.

El estudio se centró en gran medida en disipar los mitos.

“La administración de Estados Unidos se refirió con orgullo a 'cerrar la cara más peligrosa del MPP: el campo de migrantes de Matamoros' [2]. Sin embargo, lejos de acabar con las precarias condiciones de los migrantes, la tramitación de casos activos de MPP es solo la punta del iceberg ”, se lee.

Esto se debe a que decenas de miles de migrantes que no tienen casos activos de MPP, permanecen estancados en México.

El estudio también disipa los siguientes mitos:

1. Los migrantes están llegando a la frontera en cantidades récord
2. La frontera está abierta
3. Las normativas se aplican de manera justa
4. Se permite la entrada a personas vulnerables
5. Todos quieren ir a EE. UU.

El informe completo puede consultarse aquí.

Para los abogados, este es solo el comienzo de la implementación del cambio. Si bien eliminar el MPP es una forma de reducir el daño en estas comunidades fronterizas mexicanas, el hecho de que se mantenga el Título 42 mantiene en riesgo a las personas que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria.