El miércoles 21 de julio, los tribunales federales de Arkansas y West Virginia  se pronunciaron en contra de los proyectos de ley anti-trans.

En Arkansas, los jueces federales bloquearon temporalmente una ley que prohíbe los tratamientos médicos de confirmación de género para jóvenes transgénero, y en West Virginia, un proyecto de ley que prohíbe a las mujeres y niñas trans participar en equipos deportivos que coincidan con su identidad de género.

El fallo de Arkansas impide que el estado haga cumplir la ley que lo convirtió en el primer estado en prohibir a los médicos ofrecer tratamiento hormonal, bloqueadores de la pubertad o cirugía de afirmación de género a menores.

La ley, que entraría en vigor el 28 de julio, también prohibió a los médicos derivar a los pacientes a otros proveedores.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en mayo solicitando que el juez de distrito de los Estados Unidos, Jay Moody, derogue la ley.

La ACLU presentó la demanda en nombre de cuatro niños transgénero y sus familias, junto con dos médicos que brindan este tipo de tratamientos. La demanda argumenta que esta prohibición dañaría gravemente a los jóvenes trans en Arkansas y violaría sus derechos constitucionales.

Moody estuvo de acuerdo con esta declaración y bloqueó la ley, marcando una gran victoria para toda la comunidad LGBTQ.

Oleadas de leyes anti-trans similares se han extendido por todo el país en 2021. Hasta el 6 de junio, las legislaturas estatales de todo el país han presentado más de 100 proyectos de ley que restringen los derechos de las personas trans.

"Retirar esta atención a mitad de camino de estos pacientes, o menores, causaría un daño irreparable", dijo Moody.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, había vetado la propia prohibición de deportes de Arkansas tras el rechazo de los trabajadores sociales, los padres de niños trans y los pediatras, quienes afirmaron que dañaría a una comunidad que ya corría un gran riesgo de depresión y suicidio.

Aún y así, la legislatura de Arkansas, controlada por los republicanos, anuló ese veto. 

Después del fallo, Hutchinson declaró que la ley será derogada por la misma razón por la que la vetó.

"El acto fue demasiado extremo y no brindó ningún alivio a los jóvenes que actualmente se someten a un tratamiento hormonal con el consentimiento de sus padres y bajo el cuidado de un médico", dijo Hutchinson en un comunicado.

Moody emitió el fallo poco después de escuchar los argumentos del estado y de los opositores a la ley durante más de una hora.

Expresó su escepticismo sobre el argumento del estado de que la ley solo tenía como objetivo los procedimientos en sí mismos y no atacaba directamente a las personas transgénero.

Preguntó por qué un menor nacido como varón debería poder recibir testosterona, pero no uno que nació mujer.

"¿Cómo justifica darle eso a un sexo, pero no al otro, y no llamar a eso discriminación sexual?", preguntó Moody.

Holly Dickson, directora ejecutiva de la ACLU en Arkansas, dijo en un comunicado que el fallo envía un mensaje importante de que este tipo de tratamientos salvan vidas y que su equipo planea seguir adelante con esta lucha para anular la ley para siempre. .

"No permitiremos que los políticos en Arkansas, o en cualquier otro lugar, se lo quiten", dijo Dickson.

Sin embargo, la decisión no se considera una victoria para todos y ya está siendo cuestionada. La procuradora general de Arkansas, Leslie Rutledge, dijo el miércoles que planea apelar la decisión.

En un comunicado, Rutledge prometió "defender agresivamente" la ley, y agregó que la ACLU está "utilizando a nuestros hijos como peones de su propia agenda social".

Si bien Rutledge está firmemente a favor de la ley, afirmó que la ley era problemática para los jóvenes que ya estaban en tratamiento.

Ésta es un área en la que Rutledge y la ACLU están de acuerdo.

En la demanda, la organización declaró que, según la ley, los jóvenes trans en el estado que ya están recibiendo atención se verán obligados a que se detenga abruptamente su atención, lo que "podría tener consecuencias graves y potencialmente mortales".

Según los CDC, los jóvenes trans ya se enfrentan a un mayor riesgo de intentar suicidarse, y los defensores LGBTQ y médicos argumentaron que la ley podría empeorar el problema.

El fallo del juez Moody se produjo el mismo día en que un juez federal emitió una orden judicial que impedía que Virginia Occidental hiciera cumplir su prohibición de que las niñas trans participen en equipos deportivos que coincidan con su identidad de género.

La ACLU se unió a Lambda Legal y demandó al estado en nombre de la entusiasta de las carreras de 11 años, Becky Pepper-Jackson.

Pepper-Jackson proviene de una familia de corredoras y simplemente quiere seguir compitiendo con sus compañeras de clase probando para el equipo femenino de cross-country.

Becky Pepper-Jackson dijo que proviene de una familia de corredores y simplemente quiere competir con sus compañeros de clase.

La ley, firmada por el gobernador republicano Jim Justice en abril, prohíbe a los atletas trans jugar en equipos deportivos femeninos en los niveles de secundaria, preparatoria y universidad.

En otra pequeña victoria, el juez de distrito de EE. UU. Joseph Goodwin falló a favor de Pepper-Jackson y su familia, indicando en su orden que era de interés público defender los derechos constitucionales de este niño.

"Cualquier daño a (sus) derechos personales es un daño a la parte de los derechos estadounidenses que todos tenemos colectivamente", dijo Goodwin.

Pepper-Jackson dijo en un comunicado de Lambda Legal que está encantada ahora que tiene la oportunidad de seguir los pasos de su familia y probarse para el equipo, pero le dolió que su propio estado intentara impedirle perseguir sus sueños.

“Solo quiero competir”, dijo.