El pasado miércoles, la Corte Suprema rescindió un bloqueo temporal de una corte menor, y dio luz verde al gobierno de Donald Trump para negar el derecho al asilo a inmigrantes que hayan pisado otro país antes de llegar a Estados Unidos.

No hace falta ser especialista en derecho migratorio para entender que la medida de la Administración Trump no sólo va contra los estatutos internacionales, sino que revierte radicalmente la tradición histórica de Estados Unidos de ser la tierra de la libertad.

A pesar de los esfuerzos de tribunales inferiores de California, que argumentaban una posible violación al estatuto federal y a requisitos de ley administrativa, la Corte Suprema sentenció que el gobierno puede seguir prohibiendo a inmigrantes a solicitar protección subsidiaria si no lo han hecho en un país por el que pasaron en el camino, rompiendo con el llamado “acuerdo de tercer país”.

Esto implica, en breves palabras, que ningún inmigrante que no sea mexicano y que intente llegar a Estados unidos a través de la frontera sur podrá solicitar asilo en los puertos de entrada o si es detenido por la Patrulla Fronteriza intentando sortear el muro.

A pesar de que la mayoría de los inmigrantes que recurren a estas vías son oriundos de Centroamérica – principalmente Honduras, Nicaragua y El Salvador – la medida también afectará a muchos inmigrantes provenientes de África y Asia, según explicó la BBC.

De los nueve jueces en la Corte Suprema, sólo las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor estuvieron en desacuerdo.

"Una vez más, el Poder Ejecutivo emitió una regla que busca anular las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan protección de la persecución", escribió Sotomayor en su carta de desacuerdo.

"Aunque esta nación ha mantenido sus puertas abiertas durante mucho tiempo a los refugiados, y aunque los riesgos para los solicitantes de asilo no podrían ser mayores, el Gobierno implementó su regla sin primero dar aviso público e invitar a la opinión pública generalmente requerida por la ley", agregó.

Para la jueza, la decisión de la Corte Suprema no es implícitamente judicial, sino que también marca un precedente en la manera en la que el órgano ejerce como control de la rama ejecutiva.

"Al conceder una suspensión, la Corte da un paso atrás y pasa por encima de los tribunales de abajo", escribió. “Y al hacerlo, deja de lado el proceso judicial ordinario para permitir que el Gobierno implemente una norma que elude el proceso normativo ordinario. Desafortunadamente, parece que el Gobierno ha tratado este mecanismo excepcional como una nueva normalidad.”

Sin embargo, el asunto no quedará allí.

A pesar de la decisión de la Corte Suprema de levantar el bloqueo de cortes menores, organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han llevado a tribunales la política del gobierno, argumentando que viola la ley migratoria del país.

"Este es solo un paso temporal, y esperamos que prevalezcamos al final del día", dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.

El tribunal supremo de Guatemala “levantó una orden judicial” que bloqueaba temporalmente el acuerdo de tercer país con Washington, y Honduras explora “algún tipo de cooperación” con Estados Unidos, según explicó el Financial Times.

Pero México, quien debe lidiar con el mayor influjo de inmigrantes, reiteró el martes que se negará a actuar como un tercer país seguro, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

“Lo que México ha hecho está funcionando”, dijo Ebrard. “Pero la tendencia es irreversible. Es algo que creemos que será permanente.”