A medida que 2022 llega a su fin, el Tribunal Supremo se ha ido ocupando de muchos casos importantes que abarcan todo el espectro de temas. Uno en particular que se aborda el 7 de diciembre se refiere a los derechos de voto y lo más importante, una teoría que cambiaría por completo la composición de cómo se vota en las elecciones federales y el poder que las legislaturas estatales tendrían en el proceso. 

El miércoles 7 de diciembre, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos sobre si el país debería promulgar una teoría legal conocida como la teoría de la "Legislatura Estatal Independiente", que otorgaría a las legislaturas estatales un vasto y, en gran medida, ilimitado poder sobre muchas de las normas electorales que tenemos, una de las cuales implica la elaboración de mapas del Congreso corrompidos por el gerrymandering partidista. 

La teoría provocaría muchas implicaciones diferentes en lo que respecta al voto, siendo una de ellas que ninguna parte o afiliación de un gobierno estatal puede cambiar la actividad o los movimientos de una legislatura sobre las elecciones federales. 

Los tribunales supremos estatales no podrían exigir que las leyes estatales cumplieran y se plegaran a las constituciones estatales, los gobernadores estatales no podrían utilizar su poder de veto para cerrar proyectos de ley relativos a las elecciones federales, los administradores electorales no podrían emitir fallos que modificaran las promulgaciones legislativas, y que los votantes no podrían construir comisiones independientes de redistribución de distritos para hacer frente al gerrymandering.

De adoptarse, una versión mucho más agresiva de la teoría impediría a los tribunales estatales pronunciarse sobre argumentos relativos a cualquier cosa, desde cambios de última hora en los colegios electorales hasta la identificación de votantes, y pondría en peligro legislaciones aprobadas por los votantes, como las comisiones independientes de redistribución de distritos.

La Teoría de la Legislatura Estatal Independiente se deriva de un fragmento de la Cláusula Electoral de la Constitución que dice: "Los tiempos, lugares y forma de celebrar las elecciones para senadores y representantes, serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo".

También se están planteando cuestiones sobre cómo podría influir la adopción de la teoría en las normas relativas a la selección de los electores presidenciales. Muchos expertos jurídicos han expresado que no creen que este caso concreto tenga consecuencias, si es que las tiene, en futuras elecciones presidenciales, incluida la de dentro de dos años. 

El caso del miércoles -Moore contra Harper, nº 21-1271- examinará el rechazo de un mapa electoral elaborado por la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte debido a su presunta manipulación partidista por parte del Tribunal Supremo del estado. 

El tribunal estatal también rechazó el argumento de que no podían revisar las acciones de la legislatura estatal. Argumentaron que adoptar tal teoría sería "repugnante para la soberanía de los estados, la autoridad de las constituciones estatales y la independencia de los tribunales estatales, y produciría consecuencias absurdas y peligrosas".

Muchos de los republicanos que querían recuperar el mencionado mapa legislativo acudieron al Tribunal Supremo de EE UU, al que pidieron que interviniera. En su solicitud de emergencia del pasado febrero, afirmaron que el tribunal estatal había sido "impotente para actuar".

Los jueces rechazaron esa petición el pasado marzo, y las elecciones de mitad de mandato de 2022 se celebraron el mes pasado con un mapa elaborado por expertos contratados por un tribunal estatal. El resultado fue una delegación del Congreso de 14 miembros, dividida a partes iguales entre republicanos y demócratas, que es casi un reflejo directo de las actuales divisiones partidistas del estado.

Aunque el más alto tribunal de la nación nunca en su historia ha respaldado la mencionada teoría, cuatro de sus jueces conservadores han emitido sus opiniones que, por lo que parece, la están considerando. Tres magistrados dijeron que habrían concedido la solicitud el pasado mes de marzo. 

"Este caso presenta una cuestión excepcionalmente importante y recurrente de derecho constitucional", escribió el juez Samuel A. Alito Jr. junto con los jueces Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch. 

"A saber, el alcance de la autoridad de un tribunal estatal para rechazar normas adoptadas por una legislatura estatal para su uso en la realización de elecciones federales", agregaron. 

El juez Brett M. Kavanaugh también intervino y pensó que era importante. 

"Es casi seguro que la cuestión seguirá planteándose hasta que el tribunal la resuelva definitivamente", escribió.

Esas selectas palabras de los jueces están en la misma línea que otras pronunciadas hace casi dos años, en octubre de 2020, por el juez Alito, con los jueces Gorsuch y Thomas, en las que respondían a una situación en la que el tribunal se negó a revisar si el Tribunal Supremo de Pensilvania podía cambiar los plazos para los votos por correo establecidos por la legislatura estatal.

"Las disposiciones de la Constitución federal que confieren a las legislaturas estatales, y no a los tribunales estatales, la autoridad para dictar normas que rijan las elecciones federales carecerían de sentido si un tribunal estatal pudiera anular las normas adoptadas por la legislatura simplemente alegando que una disposición constitucional estatal otorga a los tribunales la autoridad para dictar las normas que considere apropiadas para la celebración de unas elecciones justas", dijeron entonces los magistrados. 

El juez Gorsuch y el juez Kavanaugh también escribieron algo similar en opinión de que "la Constitución establece que las legislaturas estatales -no los jueces federales, ni los jueces estatales, ni los gobernadores estatales, ni otros funcionarios estatales- tienen la responsabilidad principal de establecer las reglas electorales."

Los argumentos orales de los legisladores del GOP de Carolina del Norte comenzaron hoy y duraron más de tres horas. 

El Tribunal Supremo escuchó los argumentos de los legisladores del GOP, que afirmaron que, cuando se trata de elecciones federales, los tribunales estatales tienen un papel limitado en la revisión de las normas electorales creadas por las legislaturas estatales. 

Según algunas de las informaciones que circulan sobre el desarrollo de la sesión, los jueces conservadores se mostraron abiertos a los argumentos expuestos pero, en última instancia, fue difícil determinar cuál acabaría siendo la decisión final del tribunal.