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(Izq) Una vista general de los inmigrantes en la isla de Ellis, Nueva York alrededor de 1880. (Foto por Fotosearch/Getty Images). (Der) MCALLEN, TX - 11 DE JUNIO: el centro de procesamiento centralizado de la Estación McAllen de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. El 11 de junio de 2019 en McAllen, Texas. (Foto por la Oficina del Inspector General/Departamento de Seguridad Nacional a través de Getty Images)
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¿Es acaso el bipartidismo la verdadera causa de la crisis humanitaria en los centros de detención?

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Desestimar la caótica implementación de políticas anti-inmigrantes de la Administración Trump es nada menos que una ilusión; pero negar que esto es producto de un problema histórico más profundo sería una irresponsabilidad.

Un reporte del Departamento de Seguridad Nacional ha finalmente cedido ante la verdad diseminada a gritos por los medios de comunicación, abogados de derechos humanos y legisladores: hay una crisis humanitaria en los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos.

El organismo de control interno del departamento aseguró que desde el mes de mayo las condiciones en un centro de detención de inmigrantes indocumentados en El Paso (Texas) eran tan malas que parecía ya “una bomba de tiempo”, desmintiendo el negacionismo de la Administración.

El secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, declaró a los medios el pasado viernes que “las historias de los medios sobre las malas condiciones de los niños en la estación fronteriza de El Paso eran infundadas”, según explicó NBC News.

Sin embargo, el detallado informe del propio departamento contradice radicalmente lo que el gobierno pretende hacer creer a la ciudadanía.

La desesperación de los detenidos sometidos a largos períodos de confinamiento en grupos que sobrepasaban “hasta cinco veces la capacidad de las celdas” ha aumentado la presión interna, por lo cual los agentes “han debido armarse por miedo a posibles revueltas”, explica el documento.

El reporte confirma lo denunciado por miembros demócratas del Congreso a principios de semana después de visitar dos centros más en la región, donde descubrieron que los funcionarios les decían a las mujeres que “bebieran agua de los retretes”.

Los detenidos tienen poco o ningún acceso a duchas, servicios de higiene, atención médica o suministros básicos, y están confinados a dormir en el suelo desnudo.

Más de un año después de la aplicación de la política de tolerancia cero del gobierno, y después de las constantes intentonas de quitarle los derechos a los solicitantes de asilo en suelo estadounidense, la situación pareciera empezar a salirse de las manos.

¿Pero es esto acaso una novedad?

Estados Unidos llevará para siempre la marca histórica de lo que sucedía en Ellis Island a finales del siglo XIX y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.

A pesar de que durante la Depresión la tasa de inmigración llegó a estar “por debajo de cero”, según recuerda el Center for Immigration Studies, la recuperación económica del país se debió en gran parte a los programas de desarrollo agrícola impulsados por el Programa Bracero durante la década de los 50 y Ellis Island dejó de existir como centro de detención para inmigrantes.

La persecución del presidente Ronald Reagan contra los inmigrantes haitianos indocumentados y la búsqueda de una solución para impedir su llegada al país por parte del presidente George H.W. Bush dio como resultado el uso de la base de Guantánamo como centro de acopio.

La creación de la Comisión Jordan – llamado así por la representante responsable Barbra Jordan - dio paso al reforzamiento de los estatutos.

La Antiterrorism and Effective Death Penalty Act de 1996 transformó la detención en la primera estrategia del gobierno estadounidense contra la inmigración indocumentada, sin importar el partido político que controle la Casa Blanca.

Para el 2008, habían 230.000 detenidos en el país, tres veces el número de detenidos en 1999.

Si bien esta cantidad ha crecido exponencialmente, las violaciones a los derechos humanos, y en especial a la Sexta Enmienda de la Constitución, siempre han estado allí.

Un informe del Human Rights Watch del 2009 denunciaba que el sistema de atención médica en la detención de inmigrantes en los Estados Unidos era ya entonces “peligrosamente inadecuado”.

“Las mujeres detenidas describieron violaciones, como encadenar a detenidas embarazadas o no hacer un seguimiento de los signos de cáncer de mama y cervical, así como afrentas a su dignidad”, decía Meghan Road, entonces investigadora de la división de derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Debido a que la detención de inmigrantes es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligrosos. Permanecen ocultos en gran parte del escrutinio público o la supervisión efectiva”.

Es decir que esta es una bomba de tiempo que lleva sonando muchos años.

Si bien es cierto que la situación desde la inauguración de Donald Trump es radicalmente distinta – su distanciamiento de la corrección política y su instigación a la violencia han desenmascarado el alcance de estas prácticas – la responsabilidad recae en manos de un sistema cuya podredumbre lleva años hibernando.

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