Los inmigrantes indocumentados residentes en Texas acaban de recibir un salvavidas, pero no por cuenta de las inundaciones tras el paso del huracán Harvey -que tienen con el agua al cuello a medio mundo en el estado sureño- sino por la decisión de un juez federal que bloqueó este miércoles la SB4, una ley anti-inmigrante que, de no ser por la medida judicial, habría inaugurado oficialmente este viernes la temporada de caza de inmigrantes en el estado de la estrella solitaria. 

El héroe de la jornada –al que seguramente algún día le levantarán un monumento– fue Orlando Luis García, un juez latino que desde marzo de 1994 se desempeña como magistrado de la Corte Federal para el Distrito Occidental de Texas.

En la orden judicial SA-17-CV-404-OLG, el juez García ordena la suspensión temporal de la ley anti-inmigrante porque –según se lee en el documento– “existe evidencia abrumadora, presentada por administraciones y cuerpos policiales locales, de que la SB4 erosionará la confianza pública e incrementará la inseguridad en comunidades y barrios (…) También hay amplia evidencia de que [con la SB4] algunas localidades sufrirán consecuencias económicas adversas, que a la vez afectan al Estado de Texas”.

La decisión se da semanas después de que ciudades como San Antonio, El Cenizo, Austin, Dallas, El Paso, Houston, entre otras, denunciaron la inconstitucionalidad de la SB4. Las reacciones no se hicieron esperar, mientras las organizaciones pro-inmigrantes celebraron como una victoria la suspensión temporal de la norma, la bancada republicana en la asamblea estatal presentará un recurso de apelación de la medida.

El recurso de apelación sería decidido por la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, una corte que –de acuerdo con The New York Times– está compuesta mayoritariamente por jueces de tendencia conservadora.

Victoria parcial o no, la decisión judicial que bloquea la entrada en vigencia de la SB4 envía un mensaje a los republicanos: aunque tengan el poder en Washington, en el Congreso y en varios cuerpos legislativos estatales, no será fácil que pasen e implementen leyes que lo único que logran es legalizar el racismo en Estados Unidos.