De la misma manera en la que no todo lo que brilla es oro, no todas las elucubraciones en Washington terminan siendo verdades.

Durante los dos años de investigación por parte del abogado especial Robert Mueller, la única manera de saber lo que estaba sucediendo era a través de las imputaciones públicas en cortes federales, donde se ha visto desfilar a un puñado de asesores cercanos de Donald Trump durante su campaña presidencial.

Análisis tras análisis han intentado dar con lo que Mueller puede o no haber encontrado, dando esperanzas a quienes quieren ver al presidente en el banquillo y manteniendo a sus partidarios al borde del asiento.

El mismo presidente ha pasado de denunciar una “cacería de brujas”, un “acoso presidencial” a decir, hace tan sólo días, que el informe de Mueller debería “hacerse público”.

Pero la realidad más probable es que el documento final de la investigación se quede engavetado en una oficina del Departamento de Justicia, una posibilidad que está avalada por las potestades del Fiscal General William P. Barr.

Es precisamente por ello que el Comité Judiciario de la Cámara de Representantes, encabezado por el representante demócrata de Nueva York Jerrold Nadler, ha empezado investigaciones paralelas para intentar llegar al fondo del asunto y sortear la censura de Barr.

De igual manera, la Cámara está en su derecho de emitir citaciones para obtener el grueso de la investigación y llegar a sus propias conclusiones.

Sin embargo, y sin irnos muy lejos, quizás el informe no tenga tanto que decir como muchos esperarían.

Según escribió Jonathan Karl en su columna para ABC News, la recomendación es sencilla: “no espere una severa condena del presidente Donald Trump o de cualquiera de sus asociados si no han sido acusados de delitos”.

Karl se remite a una carta emitida por el Vice Fiscal General Rod Rosenstein en junio del año pasado y enviada al presidente del Comité Judiciario del Senado, Chuck Grassley, en la que “dejaba en claro” que el Departamento de Justicia no haría pública información “despectiva o incriminatoria” sobre cualquier persona “que no haya sido acusada de un delito”.

Rosenstein hacía hincapié en la decisión del Departamento de no cometer el mismo error de la fatídica rueda de prensa en la que el entonces director del FBI, James Comey, acusaba directamente a Hillary Clinton del mal uso de su servidor de correo electrónico.

“Castigar a los malhechores a través de procedimientos judiciales es solo una parte de la misión del Departamento”, escribía Rosenstein. “También tenemos el deber de evitar la divulgación de información que perjudicaría injustamente a las personas que no están acusadas de delitos”.

Es decir, que aún cuando el informe Mueller pueda apuntar deductivamente a cualquier “irregularidad” cometida por Trump, si el presidente no es culpado de algo directamente, la información podría no ser hecha pública.

Y aún si fuere el caso de que el presidente se viera públicamente acusado de algo, su instinto de “supervivencia” podría salirle muy costoso al Partido Republicano.

Según explica Politico, de la misma manera en la que durante los años 90 Trump se “ató” con fuerza a banqueros, prestamistas y reguladores para sobrevivir sus fracasos económicos sin arrastrarlos con él, ahora su presidencia está fuertemente atada a una de las fuerzas políticas más importantes en la historia del país.