El pasado fin de semana, y en medio de un crítico cierre gubernamental, la Administración Trump anunció el cierre de uno de los centros de detención para inmigrantes más controversiales desde la implementación de la política de tolerancia cero del gobierno.

Conocida como la “ciudad campamento” de Tornillo (Texas), el Centro de Detención para Jóvenes Inmigrantes se transformó en el símbolo de la crueldad del gobierno contra la inmigración indocumentada, avivando protestas, vigilias e impulsando propuestas legislativas por parte de los Demócratas en el Congreso.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos declaró que la prisión juvenil improvisada por el gobierno – y que llegó a albergar hasta 2.800 adolescentes inmigrantes aún cuando su capacidad era de 360 – sería desmantelada, y los albergados serían redistribuidos entre guardianes y otros centros de detención, según reportó Talking Points Memo.

Después de que el gobierno de Donald Trump adoptara la estrategia de separación familiar, miles de niños indocumentados fueron procesados como “menores sin acompañante” y puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien recurrió a contratistas privados para hacinar en pequeños espacios a miles de niños.

Según describe el medio, en Tornillo llegaron a alojarse “más personas que en todas menos una de las 204 prisiones federales de la nación”, y el campamento se estableció cerca de la frontera entre Estados Unidos y México “con filas de tiendas de campaña beige y carritos de golf que transportaban a los empleados”.

Varias investigaciones expusieron las dudosas condiciones en las que se encontraban los jóvenes, incluyendo poca asistencia de salud y la falta de chequeo de récord criminal a la hora de contratar personal.

Gracias a la presión ejercida por la comunidad local y por grupos activistas contra las intenciones del gobierno de Trump de ampliar las capacidades del centro, finalmente obligó a la BCFS (compañía que administra el campo) a finalmente cerrar sus puertas, reportó The Guardian.

“Los niños seguían llegando pero nunca se iban. Nosotros, como organización, tuvimos que poner los límites”, dijo el Director Ejecutivo de BCFS, Kevin Dinnin. “No puedes seguir metiendo niños sin liberarlos”.

Para Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights, Tornillo “fue un símbolo de la profunda inhumanidad de esta administración”, según dijo al medio, asegurando que la “vulnerabilidad y el trauma” eran el día a día en las instalaciones.

“Ellos han pasado por el infierno y puedes verlo en sus ojos, escucharlo en sus voces”, agregó.

Especialistas se manifestaron durante el año pasado para denunciar el maltrato al que eran sometidos los niños durante la separación de su familia y su consecuente detención.

“Es un claro caso de abuso infantil”, dijo Thomas Plante, profesor de psicología de la Universidad de Santa Clara a ABC7. “No hay otra manera de describirlo”.

De igual manera, la American Psychological Association (APA), emitió una carta al gobierno de Trump para “expresar nuestra profunda preocupación y fuerte oposición” a las políticas de separación y detención.

Aún cuando las carpas se desmonten y el centro desaparezca del terreno, la experiencia y el trauma al que fueron sometidos los miles de niños no desaparecerá tan fácilmente.