Desde que obtuvieron el control de la Legislatura estatal en 2019 los demócratas de Virginia han introducido una secuencia de leyes progresistas sobre el acceso al aborto, el control de armas y la eliminación de los monumentos confederados. 

Ahora están listos para convertirse en el primer estado del sur en abolir la pena de muerte, mostrando el resultado del aumento del poder liberal en un estado que ha ejecutado a más personas desde la década de 1970 que cualquier otro, excepto Texas. 

La medida sigue a una serie de ejecuciones federales en los últimos meses de la administración Trump, como la de Lisa Montgomery y Dustin Higgs, que volvieron a colocar el tema de la pena capital en el centro de atención nacional.

El viernes 5 de febrero, la Cámara de Delegados de Virginia aprobó la prohibición de las ejecuciones, poco después de que el Senado estatal aprobara una medida similar el miércoles 3 de febrero. A través de un rechazo al ex presidente Donald Trump, el estado experimentó una ola azul en las elecciones de noviembre de 2019, lo que llevó a los demócratas a mantener la mayoría en ambas cámaras. 

El gobernador Ralph Northam, que ha sido un entusiasta defensor de las leyes progresistas, se comprometió a firmar el proyecto de ley, afirmando que la medida es muy necesaria. 

"Es importante que cerremos la maquinaria de la muerte aquí en Virginia", dijo Northam en una entrevista el jueves 4 de febrero.

El gobernador Northam hizo hincapié en cómo la pena de muerte afecta de forma desproporcionada a los negros, citando un caso en el que Virginia estuvo a punto de ejecutar a un hombre negro inocente en 1985, que fue absuelto por las pruebas de ADN. 

Diecisiete de los dieciocho republicanos del Senado se opusieron a la prohibición, insistiendo en que ciertos delitos son tan terribles que la ejecución es un castigo perfectamente justificable. 

Varios funcionarios demócratas también se han vuelto más francos en la búsqueda de la abolición de la pena de muerte, incluido el gobernador Northam, que se opuso a la práctica durante un debate de 2017, poco después de que su compañero demócrata, el gobernador Terry McAuliffe, se negara a detener la ejecución de un hombre con enfermedad mental. 

Bob Holsworth, un veterano analista político en el estado, señaló el jueves que estos nuevos debates son simbólicos del cambio de la cultura política de Virginia en los últimos 30 años.

El apresurado ritmo de ejecuciones de la administración Trump contribuyó a la urgencia de tomar medidas para muchos legisladores de Virginia. 

Tras un paréntesis de 17 años, las inyecciones letales se reanudaron a mediados del año pasado, y 13 personas fueron condenadas a muerte, entre ellas un hombre de Virginia. 

"Escuché más a la gente decir que es hora de acabar con la pena de muerte durante esas ejecuciones que antes", dijo Jennifer McClellan, candidata demócrata a gobernadora de Virginia en 2021 y patrocinadora del proyecto de ley que se aprobó en el Senado del Estado. 

"El proyecto de ley se presentó el año pasado pero la racha de ejecuciones acaba de poner el tema en primer plano para algunas personas que no habían pensado en ello antes", continuó. 

La Sra. McClellan es también la vicepresidenta del Caucus Negro Legislativo y dijo que el impulso para poner fin a la práctica era parte de la misión del gobernador Northam para avanzar en la equidad racial para los residentes negros. 

Según McClellan, el impulso fue el resultado de un escándalo de blackface a principios de 2019 que casi obligó al gobernador a renunciar.

"Esta es su última sesión, esta es la última oportunidad de asegurar un legado", explicó McClellan. 

Cuando el gobernador Northam firme el proyecto de ley definitivo, tras la conciliación de las diferencias en los proyectos de ley complementarios aprobados por ambas cámaras, Virginia será el 23º estado en abolir la pena de muerte.