Miles de migrantes que aceptaron esperar en México por sus citas ante la corte en Estados Unidos se hallan ahora en un vacío legal creado por las repentinas políticas migratorias de la Administración Trump.

La seguidilla de decisiones administrativas – esperar del otro lado de la frontera seguido por el veto al asilo a inmigrantes provenientes de México – dejó a miles de personas preocupadas por sus opciones a la espera de la cita para compadecer ante el juez.

Según explicó ProPública, a pesar de las promesas de la Administración Trump de que los solicitantes de asilo con cita judicial que esperaban en México no estarían sujetos a la nueva prohibición, funcionarios de inmigración “no han recibido instrucciones de eximir” a estas personas.

Tres abogados que representan a solicitantes de asilo le dijeron a ProPública que “el juez de inmigración Nathan Herbert en El Paso, Texas, les ordenó presentar informes explicando por qué sus clientes deberían ser elegibles para el asilo a pesar de la regulación”.

Al parecer, ICE “todavía está tratando de interpretar la regulación en sí”.

De manera similar, varios solicitantes de asilo que no cuentan con representación legal y que están a la espera de la resolución de sus audiencias se encuentran recluidos en centros de detención de Aduanas y Protección Fronteriza mientras los fiscales “debaten su elegibilidad para el asilo”.

Estos inmigrantes detenidos se suman a las altas cifras de detenidos por parte de la agencia de inmigración de aduanas, que actualmente representan el pico más alto en doce años.

Hace tan sólo, la nueva estrategia anti-inmigrante de la Administración, llamada “Migrant Protection Protocols”, se vio acompaña de la instauración de cortes judiciales improvisadas en tiendas de campaña en la frontera, donde cientos de miles de inmigrantes asisten a “audiencias” judiciales a través de vídeo llamada y, frecuentemente, sin la compañía de asistentes legales.

Una vez interpelados por el juez, los inmigrantes son enviados de vuelta al lado mexicano de la frontera para esperar la resolución de su audiencia.

El problema ahora es que este tránsito es considerado por los agentes de inmigración como “reentrada al país”, lo que no está explicitado en el texto del reglamento y sugiere que, aún cuando los inmigrantes puedan o no tener una respuesta favorable, no tienen autorización para volver a Estados Unidos.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una declaración diciendo que la regulación no aplicaría a quienes esperan su resolución, la realidad es muy distinta.

“Estamos considerando la entrada inicial como la fecha operativa para los fines de la regulación”, dijo un funcionario del DHS a periodistas. “Las entradas posteriores para las audiencias en los tribunales de inmigración no son consideradas entradas”.

Sin embargo, y hasta el momento, no existe un consenso entre las oficinas gubernamentales y los funcionarios, lo que deja nuevamente en el limbo a miles de inmigrantes del otro lado de la frontera.