Perros que ladran no muerden. Esa frase del argot latinoamericano encaja perfectamente a la hora de describir la situación que viven los Republicanos en el Senado. 

Todo porque, tras pasar siete años criticando y amenazando con acabar el Obamacare en la primera oportunidad que se les presentara -y seis meses después de que retomaron las riendas del país- hoy no solo no lo han hecho sino que no tienen un plan para reemplazarlo.

El pasado lunes 17 de julio se dio el último capítulo de la telenovela de un gobierno desdichado que, blandiendo la bandera de la contrareforma, empezó a hundirse momentos después de haber zarpado. 

Y es que las críticas contra el proyecto de ley sanitaria no han parado de crecer, incluso en el seno de la bancada republicana en el Senado; a la voces de los senadores Susan Collins y Rand Paul, se unieron las de sus colegas y copartidarios Mark Lee y Jerry Moran, quienes literalmente “salieron del closet” y se declararon abiertamente opuestos a votarlo tal y como estaba.

Y no era para menos. De acuerdo con estudios de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por su sigla en inglés), entre 22 y 24 millones de estadounidenses quedarían sin cobertura médica en los próximos 10 años si la propuesta republicana es aceptada y firmada por el presidente de la república.

Eso sin contar las demás disposiciones del texto, entre las más destacadas están las que tienen que ver con los fuertes recortes presupuestales al programa de acceso a la salud conocido en inglés como Medicaid, rechazado incluso por legisladores republicanos moderados. 

Tal y como reportó la agencia EFE, la propuesta también incluye una enmienda que, de quedar como está, “permitiría a las aseguradoras ofrecer planes que no cumplan con todas las regulaciones de Obamacare, incluida la obligación relativa a las enfermedades pre-existentes”.

En otras palabras, la propuesta republicana da luz verde para retroceder siete años y volver a las prácticas discriminatorias en las que tener un condición pre-existente era el preludio de un portazo en la cara a la hora de solicitar cita médica en cualquier compañía aseguradora.

La pregunta no es por qué al partido de gobierno le cuesta tanto darle trámite a la agenda legislativa de la Casa Blanca -es claro que no a todos los republicanos están de acuerdo con ella-, sino ¿a quién le cabe en la cabeza crear una ley que dejaría sin seguro médico a millones de personas a costa de reducirle impuestos a los más ricos del país y aumentar el presupuesto para la defensa?

Esa misma pregunta es la que se hace el senador Bob Casey, una de las voces demócratas más críticas del gobierno Trump y, sin duda, la figura política más destacada de Pensilvania en Washington. 

"La razón por la que he sido tan activo e insistente a la hora de defender la protección de Medicaid es porque la amenaza es real. El país no ha sufrido una amenaza tan real sobre Medicaid desde los tiempos de Ronald Reagan, e incluso Reagan, con lo conservador que fue, nunca hubiera propuesto lo que esta nueva ley del Senado quiere hacer con Medicaid", Bob Casey, senador por Pensilvania.

Para Casey, este proyecto de ley merece todos los epítetos que puedan existir en la lengua inglesa, pero se los reserva ante la cámara de AL DÍA; sabe que el debate político se libra con ideas y argumentos, no con vulgaridades ni rabietas presidenciales. 

Se conforma con decir que “es lo peor que le podría suceder al país” y espera que sus colegas republicanos en el Senado demuestren humildad y acepten la oferta demócrata de trabajar conjuntamente para, en vez de derogar el Obamacare, corregir sus defectos para que algún día los estadounidenses puedan acceder a unos servicios de salud coherentes con la primera economía del mundo. 

El mismo día que el proyecto de reforma sanitaria se hundió en el Senado, Casey visitó las instalaciones de AL DÍA para instar a los filadelfianos a que llamen a sus representantes en el Congreso y les exijan abrir el diálogo de cara a lograr un mejor sistema de salud para todos. 

Al cierre de esta edición, la bancada republicana en el Senado se preparaba para intentar rescatar su proyecto de ley tras el regreso de John McCain a la cámara alta y la llamada de atención del presidente Trump que el lunes instó a su partido a derogar como sea el Obamacare, incluso si no había plan para reemplazarlo.

Sobre esta alternativa, la Oficina de Presupuesto del Congreso también publicó su análisis. De llegar a acogerla, los republicanos podrían dejar a 17 millones de estadounidenses sin seguro médico el próximo año, 32 en una década.

Sin importar el escenario que se dé: si Mitch McConnell logra salvar el proyecto de reforma o no, las palabras del senador Casey siguen siendo vigentes en tanto que el debate por la reforma a la salud debe hacerse de cara al público, con amplia participación ciudadana y dejando a un lado el sectarismo.

Se trata de una legislación pésima, perjudicial para casi cualquier persona de este país, excepto quizás para individuos o empresas muy ricos. Todo el mundo saldrá perdiendo: la clase media, niños de hogares con bajos ingresos, ciudades, municipios pequeños y zonas rurales, personas con discapacidades y gente mayor. 

La sección que más me preocupa es a la que concierne a Medicaid y los terribles y devastadores cortes al Medicaid. La nueva ley del Senado, o al menos la última versión, implica por un lado un recorte aproximado de 773 miles de millones de dólares en ayudas al Medicaid, y por otro lado, recortes fiscales de más de medio billón de dólares. La ley no es solo inconsistente, sino que es errónea y obscena.  

En el caso de que se apruebe, especialmente en lo que se refiere al impacto devastador que tendrán los recortes a Medicaid sobre la población más vulnerable, la nueva legislación cambiará Estados Unidos a peor. Seremos un país diferente; veremos aflorar la miseria cómo no lo hemos hecho hace mucho tiempo. 

Esto forma parte del problema: la forma con que se aprobó el Obamacare no permitió que los ciudadanos se acercaran a la ley, la conocerían al detalle. Mucha gente criticó el Affordable Care Act y el proceso con el que se implementó, pero no hay punto de comparación entre el proceso conducido en 2010 y lo que ha pasado hasta hoy. 

Por una parte, el Comité de Fianzas del Senado convocó audiencias a lo largo del año. Yo mismo fui miembro del Comité de Salud, Educación y Pensiones Laborales, elaboramos nuestra ley de Asistencia Sanitaria, y el Comité de Finanzas elaboró la suya; después ambas se juntaron y el Congreso hizo ajustes… fue un proceso largo y buena parte de él, público. Ahora no hay nada que se parezca a ese proceso. 

En términos de producto, reconocemos que hay partes de la legislación (Obamacare) que necesitan mejoras o ajustes. Pero no por ello deberíamos perder de vista el gran logro de esta ley: 20 millones de personas consiguieron asistencia sanitaria. Esta es la razón número uno. 

El logro número dos: la gente mayor, los ciudadanos senior, obtuvieron ayudas en la prescripción de medicamentos que hasta el momento no habían tenido. Es el llamado “agujero del donut” (donut-hole), una forma banal de describir esta terrible situación:  cuando los ciudadanos senior tiene que costearse una parte muy alta del coste de tus medicamentos, el sistema tiene todos los puntos para derrumbarse.

Lo que hizo el Affordable Care Act fue intentar rellenar el agujero en el tiempo. Así que aquí estamos, siete años después y 26.000 millones de dólares invertidos específicamente para ayudar a la gente mayor a costearse la prescripción de sus medicamentos. Más de 10 millones de ciudadanos seniors recibieron alrededor de 27.000 millones de dólares. La reforma de los Republicanos quiere interrumpir esta especie de “seguro” que proporciona la ayuda a la adquisición de medicamentos a los seniors.

"El principal problema en el sistema es la incertidumbre creada por los Republicanos entorno a los Pagos para la Reducción de los Costes Compartidos, al no ponerse de acuerdo en implementar algunos de los factores estabilizadores, ni llegar a un consenso para aumentar la competencia en las zonas rurales mediante la introducción de una opción de seguro médico pública, al estilo de Medicaid": Bob Casey, senador por Pensilvania.

El tercer logro tiene que ver con los trabajadores que obtienen cobertura de sus empleadores. Al estimar el número de estadounidenses que obtienen la cobertura médica de sus empresas, uno tiende a pensar, ah, a mí el Obamacare no me beneficiaba en nada. Pero sí, sí lo hizo, porque obligó a las compañías aseguradoras a garantizar determinadas cláusulas que nunca antes habían garantizado. 

Por ejemplo, en tiempos pasados, era legal que las aseguradoras discriminaran a pacientes basadas en sus condiciones de salud pre-existentes u otros factores que ahora son ilegales. 

Lo que quiero decir es que hay mucho de positivo en la legislación actual, y también algunos problemas que podrían mejorarse si los republicanos no estuvieran obsesionados por revocar la ley y destruir todo lo conseguido hasta ahora. 

Un par de ellas. La primera: en algunas regiones del país, sobre todo en algunas áreas rurales, mucha gente no tiene cerca ningún hospital grande o sistema hospitalario importante, o que debe desplazarse más de 20 o 50 millas para poder llegar a un hospital rural. 

Los residentes de las ciudades, en cambio, viven cerca de instituciones médicas grandes, con mayor capacidad y centros de investigación adjuntos, y tienen acceso una oferta más numerosa y diversa de aseguradoras, por lo que normalmente éstas optan por mantener las primas de seguros estables y no disparar demasiado los precios.  En las zonas rurales, la dinámica es diferente: suele haber solo una compañía de seguros, con una única prima de seguro, generalmente más alta.

Entonces, ¿qué hacer con las primas muy altas, los deducibles y el copago? Una de las alternativas –que podría llevarse a cabo muy rápido, mediante la aprobación de una sola ley– sería introducir una opción pública similar al Medicare, como se intentó en 2010, aunque no logramos reunir los votos suficientes. 

En las zonas zona rurales, donde una única compañía aseguradora se permite imponer primas altas, introducir un seguro público tipo Medicaid aseguraría la existencia de un mínimo de competencia, lo que tendría un impacto inmediato en el precio de las primas. Se puede aprobar una nueva ley que regule específicamente este asunto. 

Alternativa dos. Sometamos a votación sobre este asunto. Se podría aprobar una ley por separado que indique que el gobierno federal, independientemente de que el Congreso y la Administración estén de acuerdo, garantizará los llamados Pagos para Reducir el Coste Compartido (“Cost Sharing Reduction Payments”). De momento, la incertidumbre en torno a este tema está consiguiendo que las compañías aseguradoras eleven aún más las primas, o abandonen los mercados de seguro. 

El principal problema en el sistema es la incertidumbre creada por los Republicanos entorno a los Pagos para la Reducción de los Costes Compartidos, al no ponerse de acuerdo en implementar algunos de los factores estabilizadores, ni llegar a un consenso para aumentar la competencia en las zonas rurales mediante la introducción de una opción de seguro médico pública, al estilo de Medicaid.

Creo que hay varias medidas que podrían llevarse a cabo con el consenso bipartisano, pero lo primero tenemos que hacer es asegurarnos de que no se apruebe esta propuesta de reforma sanitaria, que tiene un poder tan destructor. 

Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo con esta definición. Los periodistas son libres de hacer las valoraciones que quieran, pero yo no creo que haya cambiado mis creencias políticas. Cualquier persona que me conozca sabe que no he abandonado nunca mi lucha por proteger Medicaid y que hubiera hecho lo mismo cinco años atrás en el Senado si esto hubiera ocurrido. Pero no ocurrió, porque entonces teníamos un presidente democrático, que intentaba fortalecer y expandir Medicaid, en lugar de diezmarlo.  

Durante mi etapa en el gobierno estatal, libré muchas batallas similares. Lideré la lucha contra el incremento del copago, una medida con la que la administración estatal pretendía destinar la recaptación obtenida del copago en asistencia sanitaria infantil para madres con bajos ingresos. Luché contra esta medida, y ganamos. Derrotamos a una administración que pretendía colársela a sus ciudadanos por la puerta trasera. 

La razón por la que he sido tan activo e insistente a la hora de defender la protección de Medicaid es porque la amenaza es real. El país no ha sufrido una amenaza tan real sobre Medicaid desde los tiempos de Ronald Reagan, e incluso Reagan, con lo conservador que fue, nunca hubiera propuesto lo que esta nueva ley del Senado quiere hacer con Medicaid. 

En mi opinión, se trata de una cuestión vinculada a los tiempos en que vivimos: son muchas las medidas llevadas a cabo hasta ahora por el presidente las que me han llevado a levantar la voz y luchar en contra, porque nunca antes vivimos amenazas iguales contra programas fundamentales como Medicaid.