Mientras millones de personas aprenden a vivir la nueva realidad en confinamiento durante la pandemia del Coronavirus, hay algunos que deben sobrellevar dos angustias al mismo tiempo.

800.000 personas, para ser exactos.

Se trata de los jóvenes inmigrantes indocumentados llegados al país cuando niños, mejor conocidos como Dreamers, y cuyo destino depende ahora de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá determinar si la Administración Trump estaba o no en su derecho de suspender el programa que les protege de la deportación.

Llamado el Programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), se trata de una medida instaurada durante la Administración Obama y que permitió a cientos de miles de jóvenes acceder a educación superior y al mercado laboral.

Estas personas son, hoy más que nunca, un elemento fundamental en el motor económico del país. Más aún, durante la pandemia por COVID-19, donde más de 62.000 Dreamers son miembros de la comunidad de trabajadores de la salud.

"El programa DACA les permitió... salir de las sombras sin temor a la deportación, trabajar y, en muchos lugares, ir a la universidad, poniéndolos en el camino del éxito futuro, beneficiando a las economías locales y estatales y a comunidades enteras de personas", dijo a Quartz Hannah Siegel, directora gerente de la New American Economy (NAE), un grupo bipartidista de investigación y defensa de la inmigración sin fines de lucro.

"Sin embargo, la preocupación por la deportación persiste para muchos", añade Siegel, "y el momento no podría ser peor".

No hace falta ser un experto en ciencias políticas para saber que la Administración Trump hizo de los inmigrantes –en especial, de los indocumentados–su chivo expiatorio y su objetivo de campaña favorito.

Cada vez que el presidente siente que su aprobación baja en las encuestas, siempre hay algún mecanismo en la frontera o en estados republicanos contra los inmigrantes, intentando siempre reforzar las bases de sus votantes fieles.

Sin embargo, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que aquellos trabajadores frecuentemente expuestos por la administración como “ilegales”, “indocumentados”, “invasores”, son precisamente quienes mantienen la economía andando.

Desde agricultores, cajeros y transportistas, hasta médicos, enfermeras y especialistas en la primera línea de batalla contra el Coronavirus, los inmigrantes han sido una de las comunidades más afectadas por esta crisis.

En una carta dirigida a la Corte Suprema, la Jerome N. Frank Legal Services Organization explicó cómo la decisión de poner fin a DACA debe ser “anulada”.

“La crisis de salud pública a la que se enfrenta ahora nuestra nación ilumina la profundidad de esos intereses, como los que tienen los empleadores, la sociedad civil, los gobiernos estatales y locales, y las comunidades de todo el país, y especialmente los proveedores de asistencia sanitaria”, escribió el grupo.

“Además, pone de relieve las importantes contribuciones de los receptores de DACA a el país y las importantes consecuencias adversas de la eliminación de su capacidad para vivir y trabajar sin temor a una inminente deportación”.

Después de haber escuchado los argumentos a favor y en contra del fin del programa, la Corte Suprema deberá emitir su sentencia en cualquier momento, según explicó el Washington Post.

Con una nueva mayoría conservadora en el tribunal, muchos anticipan que el órgano fallará a favor del gobierno, poniendo en riesgo de deportación a más de 800.000 personas en todo el país.

"Creemos que sería catastrófico en este momento" terminar con DACA, dijo Karen Tumlin, abogada de los demandantes que demandan la decisión de la administración Trump de terminar el programa. "No tenemos suficientes profesionales de la salud en este momento".

Mientras tanto, y según continúa el Post, la Administración ha mostrado cierta voluntad a llegar a un acuerdo con los Demócratas para garantizar una solución a los Dreamers, siempre y cuando se conceda el reforzamiento de otras medidas migratorias.

Pero a todas estas, los inmigrantes indocumentados se encuentran en las primeras líneas de la pandemia, sin acceso a beneficios aprobados por el Congreso y con la angustia constante de no saber hasta cuándo serán bienvenidos en un país por el que están dispuestos a dar la vida.