En momentos de crisis, y bajo un gobierno como el de Donald Trump, es importante enfocarse en lo que hacen y no en lo que dicen.

Después de semanas restándole importancia a la crisis de salud pública más importante en los últimos años, la Administración Trump se tomó su tiempo para adoptar medidas, diseñar una estrategia económica y dar una respuesta que alivie la angustia de la ciudadanía.

Uno de los pocos aspectos en los que Demócratas y Republicanos pudieron ponerse de acuerdo fue en la aprobación de un paquete de estímulo económico que ayude al país a sobrellevar una pandemia que obliga al cierre de empresas y al confinamiento de las personas en sus hogares.

Según explicó Politico, el gobierno aprobó “el mayor estímulo económico en la historia de Estados Unidos”, manteniendo en pie el favoritismo por grandes empresas y la desestimación de las necesidades urgentes del ciudadano común.

“La medida incluye la ampliación de las protecciones a los trabajadores que los demócratas exigieron junto con el fondo de rescate de 500.000 millones de dólares que los republicanos impulsaron para ayudar a las asediadas industrias estadounidenses,” explica el medio, agregando que muchos ciudadanos recibirán cheques de 1.200 dólares.

Si bien las personas desempleadas recibirán un extra de 600 dólares por semana, las grandes industrias recibirán préstamos de 500.000 millones así como un crédito fiscal para mantener empleados; los hospitales recibirán 100.000 millones, las aerolíneas 58.000 millones, y los gobiernos estatales y locales obtuvieron un monto de 150.000 millones, en especial para lidiar con el aumento de solicitudes de desempleo.

Sin embargo, cuando de inmigrantes se trata, tanto el Partido Republicano como el gobierno en Washington dijeron “no”.

“Literalmente, lo que nos dicen los republicanos, lo que me han dicho de las negociaciones con Mitch McConnell, y con Donald Trump y toda esa gente es que ellos dijeron ‘cualquier cosa para los inmigrantes no tiene futuro’ (en las negociaciones),” dijo la representante del Bronx Alexandria Ocasio-Cortez en una entrevista con la futbolista profesional Megan Rapinoe.

"Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos. Los indocumentados pagan unos 14.000 millones de dólares en impuestos. Y eso significa que los indocumentados que están haciendo nuestra comida, cocinando en restaurantes, abasteciendo nuestras tiendas, pagan más en impuestos que Facebook, que Amazon, que muchos grandes bancos y GM", agregó.

Mientras los políticos se comen la cabeza entre las erráticas ruedas de prensa de Trump y cómo lidiar con una tasa de contagio que no hace sino escalar, en las calles se demuestra quiénes son realmente quienes mantienen el país marchando.

Estos son, paradójicamente, los trabajadores “esenciales”, inmigrantes y personas con salarios precarios frecuentemente dados por sentados.

“Esta crisis está revelando la simple e iluminadora verdad que estuvo ahí todo el tiempo: no hay comida en los estantes de las tiendas que ahora nos preocupa tanto ver vacíos sin la gente que los cultiva, los almacena y los cobra,” dice Jordan Pearson en su columna para VICE. “No hay transporte público sin conductores de autobús. Sin trabajadores sanitarios, la basura se amontona en las calles. El mundo simplemente no funciona sin mano de obra.”

“La idea de un trabajador ‘esencial’ tiene un lado pernicioso, sin duda, ya que las empresas se disputan lo que significa el término y siguen explotando a las personas mientras que sólo proporcionan las protecciones mínimas”, agrega. “Existe la sensación de que una pandemia en el capitalismo crea dos tipos de personas: las que pueden permitirse el lujo de aislarse y las que deben trabajar mientras se exponen a un virus.”

Le guste a quien le guste, la gran mayoría de estos empleados esenciales son inmigrantes indocumentados.

En el caso de los agricultores, es difícil saber cómo el paquete de estímulo del gobierno va a ayudar a los miles de empleados y a sus familias, quienes siguen trabajando día a día para alimentar el país.

“Los trabajadores agrícolas indocumentados pagan impuestos, pero quedan fuera del cheque de estímulo que el resto de nosotros tenemos derecho a recibir,” explica la United Farm Workers. “Incluso sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se quedan fuera. Se les dice que son trabajadores esenciales, pero no reciben beneficios esenciales. Se están poniendo en riesgo diariamente al salir a los campos a cosechar nuestros alimentos. Muchos son incapaces de practicar el distanciamiento social ya que no es posible con su trabajo.”

Antes de poner en marcha un plan de distanciamiento social, antes de asumir el riesgo social –y no económico– que implicaba la pandemia del Coronavirus, el gobierno de Trump tomó las primeras medidas en su escala de prioridades: cerrar las fronteras con México y Canadá.

La Agencia de Inmigración y Aduanas redoblaba simultáneamente sus esfuerzos en redadas y detenciones, en especial en ciudades que habían puesto en marcha el distanciamiento social, y los centros de detención no se inmutaban en poner protocolos de cuidado.

Quince días después de que la crisis empezara a tomar forma en el país, otras agencias como la Patrulla Fronteriza ha aprovechado la pandemia para “implementar el tipo de sistema de deportación de fuego rápido que el presidente Donald Trump ha alabado durante mucho tiempo”, explicó el Texas Tribune.

“Según las nuevas normas, los agentes estadounidenses están procesando a los migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras "sobre el terreno" antes de que puedan poner un pie dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. A continuación, los migrantes son llevados de vuelta a la frontera y enviados a México,” agregó el medio.

El argumento del gobierno es el de “minimizar la exposición del inmigrante (al virus), del agente y de nuestro país,” dijo un agente al medio.

Pero este tipo de persecución no se reduce a la frontera.

Trabajadores indocumentados y jóvenes indocumentados llegados al país cuando niños –mejor conocidos como Dreamers– se sienten vulnerables por igual.

Aún cuando las protecciones del programa de Acción Diferida (DACA) se mantienen en pie, aún se espera la respuesta de la Corte Suprema ante los intentos de la administración Trump por poner fin al programa.

Si la mayoría conservadora de la Corte se pone del lado del gobierno, más de 700.000 jóvenes, profesionales y trabajadores podrían verse en riesgo de deportación, incluidos 27.000 trabajadores de la salud que hoy en día están en hospitales y centros de asistencia protegiendo y salvando vidas.