Un informe del inspector general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), obtenido y divulgado por primera vez por el Washington Post, revela las barreras que la administración del ex presidente Donald Trump puso para que Puerto Rico no recibiera -o al menos, obstaculizara seriamente- 20.000 millones de dólares en ayuda tras los catastróficos huracanes María e Irma. 

El Post informa que pinta una "imagen incompleta" de la influencia política de Trump en ese momento, sin embargo, la inspectora general Rae Oliver Davis, nombrada por Trump, encontró varios obstáculos puestos por su administración que resultaron en continuos retrasos. 

El informe confirma el interrogatorio de la representante Nydia Velázquez al exsecretario del HUD, Ben Carson, en 2019, cuando le presionó para que la administración de Trump se desviviera por paralizar la ayuda a Puerto Rico. 

"Pediré que su administración, HUD, envíe al Congreso y a este comité cada comunicación relacionada con Puerto Rico. Y sabe qué señor, vamos a averiguar qué motivó que usted retuviera este dinero para el pueblo de Puerto Rico", le dijo Velázquez a Carson en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en 2019.

El informe del organismo de control dice que el acceso a la información del HUD, como Velázquez sospechaba en ese momento, se retrasó o se negó en varias ocasiones, con varios funcionarios de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) que se negaron a proporcionar la información solicitada, y funcionarios de la administración Trump que retrasaron el acceso a los correos electrónicos y otros documentos. 

En 2019, se informó que el exdirector de la OMB, Mick Mulvaney, fue informado por el expresidente Trump de que no quería que se destinara "un solo dólar" a Puerto Rico por temor a que el gobierno de la isla emitiera el dinero. En cambio, Trump le dijo a Mulvaney que quería que se destinaran más fondos a Texas y Florida.

El informe examinó el efecto que tuvo el cierre del gobierno a finales de 2018 y principios de 2019 en la liberación de fondos, el proceso de HUD para poner a disposición de Puerto Rico el segundo y tercer tramo de fondos, y si la exsubsecretaria de HUD, Pamela Patenaude, dimitió por su participación en la liberación de fondos para desastres a Puerto Rico. 

Según el informe, el ex secretario del HUD, Ben Carson, se negó a ser entrevistado por la oficina del inspector general a menos que estuviera presente un abogado del "consejo de la agencia" del Departamento.

El informe repasa la línea de tiempo. 

En 2018, el Congreso se apropió de fondos para ser liberados a través de los programas de recuperación y mitigación de desastres de HUD, creando cuatro "tramos" de fondos para Puerto Rico. Dos para las necesidades no cubiertas de los esfuerzos de recuperación (1.500 millones de dólares y 8.200 millones de dólares), un tercero para los esfuerzos de mitigación (8.300 millones de dólares) y un cuarto para mejorar la red eléctrica de Puerto Rico (1.900 millones de dólares). 

El informe determinó que el cierre del gobierno a finales de 2018, que continúa en 2019, retrasó la capacidad de los fondos para ser entregados al Departamento de Vivienda de Puerto Rico (PRDOH), el concesionario designado por Puerto Rico. 

Con el primer tramo ya aprobado, el cierre provocó escasez de personal y "falta de comunicación" entre el HUD y el PRDOH, ya que retrasó el acceso hasta varios días después de que terminara el cierre. 

En cuanto al segundo tramo, mucho más sustancial, HUD detuvo el trabajo en todos los planes de acción de recuperación de desastres después de la dirección de la OMB bajo Mick Mulvaney. Concluyó esto porque HUD aún no había ejecutado un acuerdo de subvención para que el segundo tramo de fondos fuera accesible para PRDOH en el momento en que comenzó el cierre.

"Como consecuencia de la decisión de HUD de suspender el trabajo sobre los planes de acción de recuperación de desastres durante el cierre, el Departamento estancó y luego renunció a ciertos plazos en los que debía aprobar o desaprobar el plan de acción enmendado de Puerto Rico para el segundo tramo de financiación", dice el informe. 

La primera ronda de paralizaciones duró hasta el 1 de marzo de 2019, después de que el HUD completara su revisión del plan de acción de Puerto Rico. Este retraso de varias semanas dejó a millones de personas en Puerto Rico tratando de reconstruir con sólo el primer tramo de 1.500 millones de dólares. 

Una gran parte del informe encontró que la notificación de los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) para Puerto Rico se retrasó debido a las deliberaciones que continuaron entre el HUD y la OMB bajo la administración de Trump, lo que hizo que el HUD no cumpliera con varios plazos.

Los retrasos fueron causados por una miríada de solicitudes de la OMB, como un extenso sobregiro, y la solicitud de revisar el Aviso del Registro Federal. El informe deja claro que la OMB nunca había solicitado dicha revisión hasta entonces. Cinco días antes de la fecha prevista por el HUD, la OMB presentó comentarios adicionales al borrador del aviso, que, según el informe, los funcionarios del HUD calificaron de "extensos".

El informe encontró que tales negociaciones, "retrasaron la finalización de las revisiones de los acuerdos de subvención de manera significativa, y finalmente resultaron en la aprobación de la OMB para que el HUD siguiera adelante con los acuerdos de subvención para las jurisdicciones distintas de Puerto Rico el 27 de junio de 2019."

Impactó en gran medida el cronograma para el segundo tramo en la financiación para Puerto Rico, y tomó "considerablemente más tiempo" que el acuerdo del primer tramo debido a las deliberaciones.

Al final, la OIG tampoco encontró pruebas de que el ex subsecretario del HUD dimitiera por el manejo inadecuado de los fondos de subvención destinados a Puerto Rico. 

El informe arroja nueva luz sobre los años de retención de fondos por parte de la administración Trump, y que un vaivén entre sus funcionarios condujo a un prolongado espectáculo en el que, incluso al final de su administración, la totalidad de los fondos aún no había sido liberada. 

Esta semana, la administración Biden eliminó las restricciones a Puerto Rico que limitaban sus esfuerzos de recuperación, y anunció la obligación de entregar los 8.200 millones de dólares en fondos federales de mitigación. 

Antes de eso, el secretario de Educación, Miguel Cardona, otorgó a Puerto Rico más de 900 millones de dólares en fondos educativos retenidos bajo la administración Trump.

"Las medidas adoptadas hoy por el HUD desbloquearán el acceso a los fondos que Puerto Rico necesita para recuperarse de los desastres pasados y crear resiliencia ante futuras tormentas, al tiempo que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas", dijo la secretaria del HUD, Marcia Fudge, en el momento del anuncio de Biden. 

El informe, aunque ofrece cierta claridad, se limita a recomendar a los actuales departamentos -ahora bajo una nueva administración- que "aclaren y agilicen" el proceso de administración de los fondos a los beneficiarios de los programas en cuestión. 

Pero, como ha escrito hoy Velázquez, también es necesario que los anteriores directores rindan cuentas.