Nueva medida del Fiscal Distrital para proteger a inmigrantes en la ciudad
Caleb Arnold, nombrada recientemente asesora de inmigración de la Oficina del Fiscal del Distrito, habló con AL DÍA sobre cómo trabajan para garantizar que los…
No es ningún secreto ya que, para muchos inmigrantes en los Estados Unidos, los tiempos que corren son tiempos de incertidumbre.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, han ido brotando por todo el país numerosos casos de detenciones y deportaciones realizados por los Agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) por motivos triviales. Intentar poner freno a la política de mano dura contra la inmigración de esta administración es ahora una responsabilidad de los gobiernos locales, incluyendo el de Filadelfia, una ciudad santuario que ha emergido como defensora ejemplar en la lucha por los derechos de los inmigrantes.
En apoyo a los esfuerzos de Filadelfia por proteger a su comunidad inmigrante, el Fiscal de Distrito, Larry Krasner, nombró el pasado enero a Caleb Arnold para ocupar un puesto público recién creado: el de Consejero de Inmigración de la Fiscalía de Distrito.
Arnold, criada en el suroeste de Colorado, tiene años de experiencia en temas de legislación inmigrante en Filadelfia. Antes de iniciar su carrera en leyes, Arnold fue organizadora de la comunidad y activista implicada en asuntos relacionados con la comunidad gay y las alternativas al encarcelamiento. Además de inglés, habla español, francés y algo del lenguaje de señas.
En su nuevo rol como consejera de inmigración, Arnold trabaja para identificar aquellos casos criminales donde los acusados podrían enfrentar consecuencias migratorias graves, como la deportación, y que puedan ser consideradas claramente desproporcionadas frente al delito cometido.
Este tipo de delitos menores, comentó Arnold, incluyen posesión de marihuana, violencia doméstica de bajo grado (situaciones en las que no se producen daños físicos importantes, como por ejemplo, empujones) e incluso hurtos en comercios.
“Dependiendo del tipo de acusación que le recaiga (sobre el robo en la tienda) o del estatus del demandado, la deportación puede llegar muy rápido”, dijo Arnold.
Encontrar maneras para evitar que este tipo de incidentes destrocen la vida de los acusados y la de sus seres queridos es un proceso complicado. Como explicó Arnold, existen muchas maneras de que una sentencia criminal desencadene en consecuencias migratorias, así que cada caso debe estudiarse individualmente.
En algunos casos, el lenguaje de la sentencia puede desencadenar en consecuencias de inmigración, dice Arnold. En un esfuerzo para prevenir que esto ocurra, la consejera de inmigración puede trabajar para que el acusado sea condenado por un crimen similar, pero que tenga consecuencias neutras para su estado migratorio.
En otros casos, explica la funcionaria, la duración de una sentencia de cárcel o una sentencia suspendida bajo período de prueba puede llamar la atención del ICE. En estas situaciones, la sentencia puede ser reformulada para prevenir consecuencias.
Arnold dio el ejemplo de una sentencia a dos años: “Si la cambiamos por dos sentencias a 364 días consecutivos, acumuladas una detrás de la otra, obtienes la misma sentencia pero evitas que tenga las mismas consecuencias”.
Además de trabajar con los acusados para tener un nuevo acuerdo con impacto migratorio neutro, Arnold también certifica los visados apropiados para proteger a víctimas y testigos de crímenes que teman cooperar con la policía por su estatus migratorio. Arnold cree que este tipo de cooperación, además, puede ayudar a mejorar la seguridad en la ciudad.
Poder alcanzar a toda la comunidad también es un componente crucial en el trabajo de Arnold, especialmente ahora que la administración Trump ha dado alas al ICE para que aplique la ley con más mano dura.
“Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas ante la perspectiva de topar con cualquier autoridad, incluyendo la Fiscalía del Distrito ”, dijo Arnold. “Así que estamos intentando forjar relaciones entre diferentes comunidades para poder atender mejor sus necesidades”.
Al ser preguntada por qué los inmigrantes deberían confiar en ellos, la respuesta de Arnold fue simple: “Porque me preocupan”.
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Arnold, cuya pareja es de origen chileno, lleva trabajando con comunidades inmigrantes por más de una década. Para ella, los inmigrantes no son solo otro grupo de personas en los que “se debería o no invertir”.
“Veo a esta gente como individuos, y veo a sus familias”, dijo Arnowwld. “He visto de primera mano las consecuencias dramáticas que supone la deportación, y las consecuencias dramáticas de la presión del ICE”.
“Incluso cuando no es víctima de una deportación, ese simple miedo diario es algo que he visto de cerca y que me ha afectado a mi también”, añadió. “Ya llevo trabajando con gente en esta situación desde hace mucho tiempo”.
Como Fiscal Distrital, Krasner ha sido un defensor de los derechos de los inmigrantes. Aunque admite que el gobierno federal sigue teniendo la capacidad para aplicar su propia ley de inmigración en Filadelfia, el fiscal ha prometido que su oficina mantendrá su compromiso con la comunidad inmigrante en toda la ciudad.
Para Arnold, este compromiso es el primer paso para construir lazos de confianza.
“Creo que el Fiscal de Distrito ha expresado muy claramente que no tenemos tipo de contacto ni comunicación con el ICE”, dijo. “Nuestro trabajo es centrarnos en Filadelfia y en las comunidades de Filadelfia. Nuestro papel es no ayudar a ese brazo del gobierno federal”.
Después de que Kresner anunciara su designación como consejera de inmigración, algunos de sus críticos protestaron diciendo que era una “activista radical”. En el año 2000, Arnold fue arrestada por organizar una protesta durante la Convención Nacional Republicana que tuvo lugar en Filadelfia.
Durante la entrevista con AL DÍA, Arnold dio detalles sobre lo ocurrido ese día. Ella y otros manifestantes habían planeado llevar a cabo un performance teatral en la calle para bloquear la entrada al Centro de Convenciones con el fin de protestar contra la pena de muerte, pero antes de que pudieran hacer nada, los organizadores fueron identificados y arrestados por la policía. El grupo recurrió el caso y finalmente fueron absueltos.
Arnold destacó que el incidente ocurrió hace casi veinte años, y que si sus críticos quieren seguir llamándole radical, pues adelante.
“Siempre he sido alguien comprometida y dedicada con mi trabajo y con la comunidad”, dijo.
“Creo que si dentro de la definición de “radical” entra el hecho de creer que nosotros, con nuestra visión de la justicia, deberíamos considerar las consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas, si es “radical” tener en cuenta de verdad a las comunidades inmigrantes y reconocer los problemas que sufren en esta ciudad, entonces estoy de acuerdo: soy así”.
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