Este parece ser el momento en el que la investigación Mueller y el impeachment de Donald Trump finalmente se conectan.

Tras meses de debates legales, el Tribunal Federal de Distrito de Columbia determinó que el ex consejero de la Casa Blanca, Donald F. McGahn II, deberá testificar ante los comités de la Cámara de Representantes y dar su recuento de los hechos que llevaron a inferir una presunta obstrucción de la justicia por parte del presidente Donald Trump durante la investigación del abogado especial Robert Mueller.

Para los que hayan perdido el hilo de los hechos en el caos político que vive el país, la investigación especial de casi dos años llevada a cabo por el abogado especial Robert Mueller expuso en 448 páginas el ataque digital y la campaña mediática orquestada por Moscú durante los comicios del 2016 a favor de Donald Trump.

Sin embargo, y después de 199 cargos criminales y 37 acusaciones, el detallado informe de la investigación mencionaba repetidas veces al entonces consejero de la Casa Blanca Don McGahn como testigo primordial en los intentos del presidente Trump por cerrar la investigación.

El obstruccionismo de la administración, auspiciado por el Departamento de Justicia, impidió a McGahn o a cualquier funcionario del gobierno a comparecer ante los Comités de la Cámara argumentando “inmunidad absoluta” dentro del ejecutivo.

El Comité Judiciario de la Cámara llevó el caso a la corte durante el pasado mes de agosto para “hacer cumplir la citación a McGahn”, según explica el New York Times, y la respuesta de la jueza distrital Ketanji Brown Jackson se ha transformado en una lección moral para el gobierno, su partido y para el país entero.

Jackson expuso en más de 100 páginas no sólo los antecedentes legales que desestiman una “autoridad expansiva” del presidente, sino el riesgo que supone para la Constitución y, por ende, para la democracia del país, la perpetuación de tales posturas legales.

“Cuando el Departamento de Justicia insiste en que los presidentes pueden impedir legalmente que sus ayudantes de alto nivel respondan a procesos obligatorios del Congreso y que ni los tribunales federales ni el Congreso tienen el poder de hacer algo al respecto, el Departamento de Justicia promueve una concepción de los principios de separación de poderes que invierte estos mandatos constitucionales”, escribió la jueza.

“En realidad, uno de los principios fundamentales de la creación de esta nación es que los poderes de un monarca deben dividirse entre los poderes del gobierno para prevenir la tiranía”, agregó.

Jackson resalta con preocupación que “lo que está en juego” es el presunto impedimento – digamos, obstrucción – del gobierno a permitir el curso natural y justo de investigaciones que sustentan los mecanismos correctores y que equilibran la repartición de poder entre las ramas del gobierno.

Desmontando la supuesta “inmunidad” de los miembros del gobierno, la jueza también advierte del riesgo de que el Presidente “ponga de rodillas” las investigaciones y obstruya el deber legal de los ciudadanos.

“En pocas palabras”, concluye Jackson, “la principal conclusión de los últimos 250 años de la historia de Estados Unidos es que los presidentes no son reyes”.

La decisión de Jackson marca entonces un precedente legal clave para las investigaciones en el impeachment en curso contra el presidente Trump.

Desde que la presidenta de la Cámara de Representantes declarara el inicio del juicio político contra el presidente, la Casa Blanca ha recurrido nuevamente al argumento ahora desmontado de “inmunidad absoluta”, negando a sus funcionarios a comparecer ante los Comités y reteniendo documentación fundamental para el proceso.

Esta nueva sentencia da a los Demócratas el razonamiento  legal suficiente para obligar al gobierno a rendir cuentas y para dejar en claro que nadie está por encima de la ley.