Desde el lanzamiento del Iphone X, el reconocimiento facial es algo cotidiano entre muchos ciudadanos a nivel mundial. Sin embargo, todo cambia cuando el verdadero alcance de la tecnología se convierte en una herramienta a favor de ciertas políticas de Estado utilizando los datos personales de los ciudadanos. 

La semana pasada, el Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han sido denunciados por un informe del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law, por utilizar sin consentimiento las bases de datos de las licencias de conducir estatales para escanear millones de fotos de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales o indocumentados.

El informe, difundido por el  Washington Post  y el New York Times, demuestra que "los investigadores federales han convertido las bases de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en una infraestructura para la vigilancia sin precedentes".

Según el documento, este es el primer procedimiento en el que se reporta el uso del reconocimiento facial para analizar bases de datos de licencias de conducir. 

Muchos de esos esfuerzos de investigación se dirigen a inmigrantes indocumentados que han obtenido legalmente licencias de conducir en estados como California, Colorado, Connecticut, Nueva York, Nuevo México, Nevada, Washington, Delawere, Illinois, Hawaii, Maryland, Utah o Vermont.

Si bien el uso de ADN o de huellas dactilares tomadas a sospechosos criminales son una práctica habitual, los registros del DMV contienen fotos de un gran número de residentes e inmigrantes legales que no han sido acusados ​​de ningún delito.

Este debate entre el ICE, las base de datos de licencias y el reconocimiento facial se produce en medio del aumento de redadas para identificar y procesar a inmigrantes indocumentados.

Durante las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha amenazado constantemente con que el ICE lanzaría una serie de redadas, procedimiento que ha sido reafirmado por el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien defendió la operación afirmando que las redadas son parte de un proceso de inmigración equilibrado.

Sin embargo, ni el ICE ni el FBI han obtenido la aprobación del Congreso para utilizar los registros estatales del DMV según afirma el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law.

Los investigadores de la sede alegan que las búsquedas a menudo se realizan sin el conocimiento o la aprobación de los propios residentes.

El reconocimiento facial sigue siendo una tecnología controvertida, plagada de inexactitudes y prejuicios raciales. Desde 2015 ha sido una herramienta para atrapar impostores en los aeropuertos de Estados Unidos. 

Sin embargo, ahora la tecnología pareciera estar en contra de los mismos residentes por la falta de precisión y medidas insuficientes por parte de organismos como el FBI, que ponen en riesgo a población sensible y apuntalada por la administración Trump: desde inmigrantes y abogados, hasta periodistas o activistas.