Durante el mes de marzo del año pasado, el Departamento de Comercio anunció la reincorporación de la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, lo que fue percibido como una estrategia de alienación contra comunidades específicas en el país – como la indocumentada e hispana, específicamente – que se podrían ver igualmente excluidas del proceso del voto.

Considerando que el censo es un protocolo de conteo poblacional que determina el destino de los fondos del estado, un conteo poco transparente pondría en severa desventaja a las comunidades que no sean tomadas en cuenta.

En un principio, el Secretario de Comercio Wilbur Ross argumentó la medida asegurando que se trataba de un esfuerzo por “ayudar a aplicar la Ley de los Derechos al Voto” y de “obtener información completa y precisa para cumplir con este propósito legítimo del gobierno”, pero el rechazo se hizo sentir de inmediato.

Organizaciones como la National Association of Latino Elected Officials (NALEO) iniciaron una campaña de denuncia y concientización con respecto a los efectos de un conteo irregular, así como de rechazo a las “motivaciones políticas” detrás de la estrategia gubernamental, que concluyeron en varias demandas simultáneas contra la medida.

Sin embargo, la decisión del juez federal Jesse M. Furman este lunes ha puesto un freno a los intentos del gobierno, por lo menos por ahora.

Furman “ordenó a la administración a detener sus planes de agregar la pregunta de ciudadanía a la encuesta” mientras no corrigiera los “defectos legales” que describió en su sentencia.

Para el juez, “agregar una pregunta de ciudadanía al censo resultará en una reducción significativa en las tasas de auto-respuesta entre los hogares no ciudadanos y los hispanos”, haciendo eco de las demandas legales introducidas por el estado de Nueva York junto a otros 16 estados y organizaciones como ACLU.

A pesar de los intentos del Secretario Ross por argumentar la reincorporación de la pregunta, documentos hechos públicos el año pasado demostraron que su testimonio ante el Congreso no había sido del todo exacto cuando aseguró que “la pregunta había sido incorporada por solicitud del Departamento de Justicia”, dando más peso a las demandas en su contra.

En respuesta a ello, Furman dictaminó que la decisión de Ross de incorporar la pregunta “violó la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946 que prohíbe a las agencias federales actuar de manera arbitraria y caprichosa”, según reportó Mother Jones.

Furman agregó que Ross “alternativamente ignoró, seleccionó de manera clandestina o malinterpretó la evidencia en el expediente que tenía ante él”, así como también “actuó de manera irracional” y “no justificó desviaciones significativas de políticas y prácticas pasadas”.

Es decir, Ross estaría actuando bajo prejuicio político y personal a la hora de intentar suprimir la participación de comunidades sensibles a la pregunta de ciudadanía, algo que ha caracterizado a la Administración Trump desde el día uno.