Lo que ha sido un procedimiento gubernamental tradicional desde1790, es ahora una presunta y peligrosa herramienta política.

El pasado lunes, el Departamento de Comercio anunció que reincorporaría la pregunta de la ciudadanía en el censo del año 2020 por primera vez en décadas, lo que se percibe como “una movida que podría conllevar a un conteo inferior de las minorías que viven en Estados Unidos”, según reportó USA Today.

El Censo Estadounidense es un protocolo de conteo poblacional indicado en el Artículo I, sección 2 de la Constitución de Estados Unidos, y que establece que “los representantes y los impuestos directos deberán ser repartidos entre los varios estados, de acuerdo a sus respectivos números.”

Según continúa el medio, “el conteo del Censo se utiliza para redibujar los distritos del Congreso, de manera que puede afectar la constitución del mismo, y determinar dónde serán utilizados los fondos federales, estatales y locales para construir escuelas, vías, instalaciones sanitarias, etc.”

El formato habitual del documento, conocido como Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), contenía tradicionalmente preguntas relativas a la edad, la superficie de la residencia, distancia al trabajo, formación profesional, etc. , y desde 1950 – y antes de la aprobación de la Ley de los Derechos al Voto de 1965 – esta encuesta ciudadana ha desestimado incurrir en el cuestionamiento del estatus migratorio de las personas censadas.

Pero en un país conducido por una Administración con abiertas posturas anti-inmigrantes – y con una escalada importante en la persecución y detención de ciudadanos indocumentados – la incorporación de la pregunta sobre la ciudadanía es interpretada por muchos como un “arma de supresión de votos”.

Si bien el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, argumentó en su comunicado que la medida pretendía “ayudar a aplicar la Ley de los Derechos al Voto” y que “obtener información completa y precisa para cumplir con este propósito legítimo del gobierno prevaleció sobre los impactos adversos potenciales limitados”, para Todd Schulte - presidente de la organización de activismo pro-inmigrante FWD.us - “esto está diseñado para dejar de contar intencionalmente a los inmigrantes y a las comunidades de color. Y es indignante que digan que es para fortalecer la Ley de los Derechos al Voto que, de hecho, están intentando desmantelar”.

Y es que, en vista de los nuevos mecanismos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ubicar y detener a inmigrantes, la incorporación de esta pregunta en este preciso momento político deja muy poco espacio para el beneficio de la duda.

Según escribió Jay Michaelson en su columna para The Daily Beast, “la administración Trump ha perseguido despiadadamente a las poblaciones latina y musulmana, deportando ‘ilegales’ sin el proceso debido incluso si dejan familias atrás (…) Inmigración y Aduanas ha usado cualquier información disponible para ello, incluso información que se supone era confidencial”.

De igual manera, hay quienes también adjudican la movida al inminente peligro que corre el partido de la Casa Blanca de perder el control gubernamental.

Después de su victoria en las elecciones presidenciales, Donald Trump había ya denunciado una supuesta “votación ilegal” a favor de Hillary Clinton: “Además de ganar el voto de los Colegios Electorales de manera aplastante, gané el voto popular si restamos los millones de personas que votaron ilegalmente”, escribió en Twitter el 27 de noviembre del 2016.

Hoy en día, y según reportó CNN, su campaña para la reelección aclaró el asunto cuando escribió en un mail que “el Presidente quiere que el Censo estadounidense del 2020 le pregunte a las personas si son ciudadanos. En otro momento, esto sería SENTIDO COMÚN, pero 19 fiscales dicen que pelearan si el Presidente se atreve a preguntarle a las personas si son ciudadanos. El Presidente quiere saber si estás de su lado”.

De acuerdo al Washington Post, por lo menos dos fiscales generales (Eric T. Schneiderman de Nueva York y Xavier Becerra de California) han iniciado procedimientos legales contra la estrategia.

Para Tina Nguyen de Vanity Fair, esta medida sería “el equivalente político de un arma de destrucción masiva: un cambio en las reglas que podría tener implicaciones radicales para la división del poder en Estados Unidos y podría fortificar las ganancias del GOP por una década”.

Entre la manipulación distrital (“Gerrymandering”) y la retaliación contra la comunidad inmigrante, “la transformación del Censo en un arma demuestra cómo el procedimiento más técnico, burocrático y fundamentalmente democrático ha sido retorcido por una guerra partidista,” concluye Nguyen.