En diciembre de 2019, la familia de Alma Castillo celebró el cumpleaños de un ser querido mientras ella trabajaba un turno como trabajadora esencial. 

Horas después de la reunión, su hijo, Javier Castillo, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, sin atención ni advertencia, lo que obligó a Alma a abandonar su turno y buscar desesperadamente ayuda a las 3 de la mañana. 

Alma contó la historia de cómo se reunió con abogados de inmigración privados que supuestamente se aprovecharon de su estado emocional y trataron de cobrarle miles de dólares por proporcionarle asistencia inicial para tratar de localizar a su hijo. 

Catorce meses después, una investigación descubrió que un agente de policía había avisado incorrectamente a Javier al ICE, y los funcionarios descartaron la detención como un "error operativo." 

El testimonio de Alma ante el Ayuntamiento de Nueva York fue uno de los muchos casos de detenciones del ICE de los que no se tiene noticia como consecuencia de chivatazos y colaboraciones entre las fuerzas del orden de la ciudad y los agentes federales, y la ciudad está tramitando una ley para colmar esas lagunas. 

"Sé que hay más personas en nuestra comunidad que tienen historias de inmigrantes", dijo Alma al concluir su testimonio. 

El miércoles 15 de febrero, el Comité de Inmigración, presidido por la concejal Shahana Manif, escuchó testimonios de inmigrantes residentes en Nueva York para presentar tres medidas que reforzarían las leyes de inmigración en vigor, además de imponer limitaciones a la cooperación policial con los federales. 

El proyecto de ley 185, presentado por el concejal Keith Powers, "prohibiría al Departamento Correccional comunicarse con las autoridades federales de inmigración". 

El proyecto de ley 184, también presentado por el concejal Powers, pretende "prohibir que el departamento de policía detenga a una persona" a menos que un juez firme una orden de detención contra ella.  

La ciudad de Nueva York se posiciona como una orgullosa ciudad santuario para los inmigrantes y, tan recientemente como el año pasado, se pudo ver al alcalde Eric Adams dando la bienvenida a autobuses llenos de inmigrantes enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbot. 

En 2017, la ciudad se posicionó en contra de los mensajes del expresidente republicano Donald Trump sobre inmigración y promulgó una ley municipal que restringía el uso de recursos de la ciudad para ayudar a los funcionarios federales de inmigración. 

"Mientras el gobierno federal busca separar a las familias, en la ciudad de Nueva York decimos NO", dijo el concejal Rafael Espinal en una declaración de 2017. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Nueva York no pueden celebrar acuerdos con funcionarios federales a través del programa 287 (g), que "delega" a la policía local para llevar a cabo tareas relacionadas con ICE en nombre del gobierno federal.

La legislación anterior, sin embargo, dejaba lagunas para que los funcionarios trabajaran internamente al procesar a los inmigrantes, a menudo sin su conocimiento, lo que eventualmente conducía a la deportación. El Ayuntamiento intenta ahora colmarlas. 

Daniel López, inmigrante mexicano, fue abordado por el ICE en su residencia en 2020, pero se negó a abrir la puerta por temor a su seguridad. Llamó a la policía, que, al llegar, dijo a López que era seguro salir. 

El ICE detuvo entonces a López y lo deportó a México. López declaró ante el ayuntamiento y dijo que creía que los agentes de policía no cooperaban con el ICE.

Atrapados en el sistema

En otro caso, Aleksy Raspoutny, un ucraniano que reside en Nueva York desde que era adolescente. Raspoutny, a finales de 2022, compareció ante un tribunal para una vista rutinaria relativa a un caso de delito menor, por lo que el juez ordenó que permaneciera en Rikers Island durante una semana hasta que pudiera celebrarse la siguiente vista. 

En lugar de ello, el Departamento de Instituciones Penitenciarias entregó a Raspoutny a funcionarios federales de inmigración, que lo internaron en un centro de detención de Pensilvania sin previo aviso. 

Raspoutny contó a su actual abogada, Meghna Phillip -defensora pública del Neighborhood Defender Service-, que después de que el NYDOC le tomara las huellas dactilares y tramitara su documentación, procedieron a montarlo en una furgoneta sin indicación alguna de adónde lo llevarían. 

Dado el espacio abierto en la legislación vigente, ni Castillo, ni López, ni Raspoutney pueden buscar reparación legal. 

Una tercera medida, el proyecto de ley 158, crearía un derecho de acción privado, que permitiría a las personas retenidas por las autoridades "interponer una demanda alegando una violación de las leyes de retención en cualquier tribunal de jurisdicción competente." 

La concejala Shahana Hanifa es la autora del proyecto de ley. 

"Un derecho sin la posibilidad de hacerlo valer no es un derecho en absoluto", dijo Phillip durante una concentración organizada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes antes de la audiencia en el ayuntamiento. 

Phillip insistió en que se trata de un tema de actualidad, que se está tratando activamente mientras el ayuntamiento estudia nuevas leyes.