Para diciembre del 2018, alrededor de 7.600 mujeres se encontraban bajo custodia de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Siendo el 2019 el año con mayores aprehensiones en la frontera, es posible que ese número haya crecido exponencialmente.

Cada uno de sus casos – como el de cada inmigrante que busca una mejor vida en el país – es distinto. Mientras el 70% de estas mujeres proviene de países centroamericanos, muchas de ellas también han vivido durante décadas en Estados Unidos, y han sido víctimas de las nuevas políticas anti-inmigrantes de la Administración Trump.

Para Nora Ellmann, asistente de investigación para la salud y los derechos de las mujeres en el Center for American Progress, la agenda del gobierno está basada “en una cosmovisión supremacista y misógina blanca que normaliza la deshumanización de las mujeres inmigrantes de color”.

En su último informe sobre la situación de estas miles de mujeres bajo custodia estadounidense, Ellmann expone cómo la política de separación familiar, el veto al asilo para familias y sobrevivientes de violencia doméstica, e incuso el bloqueo a la Ley de Violencia contra las Mujeres han representado un ataque sistemático contra el derecho a la mujer en el país.

“En su forma actual, los centros de detención de inmigrantes no sólo son incapaces de proporcionar atención médica adecuada a las mujeres, sino que también causan daños a la salud de mujeres y niñas al negar servicios, descuidar las necesidades médicas y crear nuevos traumas”, explica la investigadora.

Para el 2016, el 14.5% de la población detenida por ICE eran mujeres, lo que representó un aumento del 60% desde el 2009. Asimismo, y gracias a políticas como los “Migrant Protection Protocols” instaurados por el gobierno, los tiempos de detención también han aumentado.

Según cifras gubernamentales, la duración promedio de detención para los inmigrantes entre los años fiscales 2015 y 2016 era de 21 días. Para el 2018, el promedio aumentó a casi 40 días.

Estos lapsos suelen aumentar ahora debido a los intrincados mecanismos de solicitud de asilo y el aumento de cruces fronterizos.

Múltiples denuncias a nivel nacional, así como la muerte de varios inmigrantes bajo custodia, han demostrado la falta de atención médica adecuada durante estos períodos.

Y en el caso de las mujeres, los riesgos son mayores.

“Una vez que ingresan a un centro de detención de inmigrantes, las mujeres y las niñas que buscan atención médica, como atención preventiva, maneo del dolor, atención de salud reproductiva y atención de salud mental, deben lidiar con un conjunto de políticas, equipos médicos con poco personal y, a menudo, funcionarios indiferentes o abusivos”, explica el informe.

Durante los últimos años, los centros de detención, tanto de ICE como de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, han fallado en cumplir con estándares como el PBNDS 2011, que incluye: una evaluación de salud inicial, servicios de embarazo y asesoramiento independientemente del resultado deseado del embarazo, acceso a la anticoncepción, pruebas de infecciones de transmisión sexual y servicios de salud mental.

Para la doctora Jaclyn Marie Muñoz, obstetra y ginecóloga del Hospital Universitario de Pennsylvania, las mujeres detenidas inmigrantes necesitan este tipo de atención primaria básica, incluyendo exámenes de rutina para nutrición y ejercicio adecuados, violencia de pareja íntima y visitas de atención primaria anual.

Este tipo de exámenes son aún más complejos.

Según nos explicó la Dra. Muñoz, “las mujeres deben ser atendidas lo antes posible una vez que sepan que están embarazadas para asegurarse de que no tengan un embarazo ectópico (fuera del útero) o signos de un aborto espontáneo”.

“Sin atención primaria, las mujeres pueden tener un diagnóstico tardío de afecciones médicas graves, como cáncer cervical, uterino y de seno”, agrega. “Cualquier retraso en el diagnóstico puede afectar en gran medida las probabilidades de que la mujer pueda sobrevivir a su condición”.

Las recomendaciones establecidas por el informe incluyen poner fin a la excesiva dependencia injustificada de la detención, una inversión sólida en alternativas de detención basadas en la comunidad (ATD) y un mayor acceso al asesoramiento legal.

Para Muñoz, por su parte, este tipo de apoyo, así como el acceso a servicios y protección contra las violaciones de los derechos humanos “son esenciales para todos nuestros semejantes, independientemente de su ciudadanía”.